Por Martin Moreira Miembro de la Red Boliviana de Economía Política La firma del acuerdo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana represent
Por Martin Moreira
Miembro de la Red Boliviana de Economía Política
La firma del acuerdo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana representa una importante victoria de los movimientos sociales y de los trabajadores frente a las presiones que buscan imponer en Bolivia recetas económicas que en diversos países de la región han derivado en mayores niveles de pobreza, desigualdad y precarización laboral. La defensa explícita de las empresas públicas, la soberanía económica y el rechazo a condicionamientos externos constituyen un límite político a las propuestas de privatización y subordinación a organismos como el FMI, planteadas por José Luis Lupo. En este escenario, el acuerdo interpela directamente a figuras como Rodrigo Paz, quien deberá demostrar si está dispuesto a respetar estos compromisos y la voluntad popular o si sus planteamientos de apertura al Fondo Monetario Internacional terminarán confirmando las críticas que lo señalan como promotor de un modelo contrario a los intereses de los trabajadores y de la soberanía nacional.
Las movilizaciones recientes también dejaron una señal política difícil de ignorar: amplios sectores del pueblo parecen haber perdido el miedo a la represión y demostraron que las amenazas de medidas excepcionales o estados de sitio ya no tienen el efecto disciplinador que tuvieron en otros momentos de la historia. Al mismo tiempo, el movimiento obrero dejó en claro que no se opone a la inversión privada ni al desarrollo económico, pero sí rechaza cualquier intento de ceder soberanía sobre recursos estratégicos como el litio, los hidrocarburos y otros sectores fundamentales para el futuro del país. La ciudadanía recordó además al poder político que el voto no constituye un cheque en blanco, sino un mandato temporal para administrar el Estado en beneficio del pueblo, mandato que puede ser retirado cuando se percibe una traición a esos intereses. En ese contexto, también emergió un fuerte cuestionamiento a una Asamblea Legislativa que, para amplios sectores sociales, ha dejado de representar las demandas populares y aparece cada vez más alejada de las necesidades de la población, atrapada entre cálculos políticos, intereses corporativos y compromisos con grupos de poder antes que con los ciudadanos a quienes debería servir.
La firma del acuerdo entre el Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana (COB) para la pacificación y recuperación del país marca un punto de inflexión en medio de una de las coyunturas políticas y económicas más complejas de los últimos años. Más allá de los compromisos orientados a reducir la conflictividad social, el documento contiene definiciones estratégicas sobre el modelo económico, el rol del Estado y el futuro de las empresas públicas que permiten vislumbrar el rumbo que pretende seguir Bolivia frente a las presiones de sectores que impulsan ajustes estructurales, privatizaciones y una mayor dependencia de organismos financieros internacionales.
Uno de los elementos más relevantes del acuerdo es la ratificación expresa de que el Estado no impulsará la privatización de empresas públicas estratégicas ni la entrega de recursos naturales a intereses privados nacionales o extranjeros. Esta definición tiene un profundo contenido político, pues surge en un contexto en el que diversas voces han planteado como solución a la crisis fiscal la venta de activos estatales, la reducción del tamaño del Estado y la aplicación de programas de ajuste similares a los implementados en otros países de la región bajo supervisión de organismos multilaterales.
La experiencia histórica de Bolivia demuestra que los procesos de privatización no siempre generaron los beneficios prometidos. Durante las décadas de los años ochenta y noventa, las políticas de liberalización económica redujeron significativamente la participación estatal en sectores estratégicos. Sin embargo, también provocaron una fuerte dependencia de capitales externos, una disminución de la capacidad de planificación económica y una creciente percepción de que los recursos estratégicos del país escapaban al control nacional.
En contraste, el acuerdo entre el Gobierno y la COB reafirma una visión en la que las empresas públicas continúan siendo instrumentos de desarrollo, inversión y redistribución. El documento no sólo garantiza su permanencia, sino que además compromete inversiones y respaldo jurídico para fortalecer sectores productivos considerados estratégicos para la economía nacional.
Otro aspecto fundamental es el referido al financiamiento externo. El acuerdo establece que toda negociación con organismos internacionales deberá realizarse con transparencia, resguardando la soberanía nacional y la sostenibilidad fiscal. Asimismo, se ratifica el principio constitucional contenido en el artículo 320 de la Constitución Política del Estado, que establece que Bolivia es independiente en sus decisiones de política económica y no acepta imposiciones ni condicionamientos externos.
Esta definición adquiere especial relevancia frente a los debates sobre una eventual intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la economía boliviana. Tradicionalmente, los programas de estabilización promovidos por el FMI han estado acompañados por exigencias de ajuste fiscal, reducción del gasto público, reformas laborales, eliminación de subsidios y privatizaciones. Aunque cada acuerdo responde a circunstancias específicas, la experiencia latinoamericana muestra que estos programas suelen implicar elevados costos sociales y políticos.
La historia regional ofrece numerosos ejemplos. En varios países, los procesos de ajuste derivados de acuerdos con organismos multilaterales generaron reducción del poder adquisitivo, incremento de tarifas de servicios básicos, despidos en el sector público y conflictos sociales de gran magnitud. Incluso cuando algunos indicadores macroeconómicos mejoraron, los beneficios no siempre fueron percibidos por la población en el corto plazo.
Desde esta perspectiva, el acuerdo con la COB puede interpretarse como una señal política destinada a descartar un camino de reformas estructurales orientadas por organismos financieros internacionales. El mensaje es claro: la solución a los problemas económicos del país debe encontrarse dentro del marco constitucional boliviano y mediante mecanismos que preserven la capacidad del Estado para intervenir en la economía.
La importancia de este compromiso también radica en sus implicaciones para la estabilidad social. Los sindicatos, organizaciones campesinas y sectores populares históricamente han considerado que las políticas de ajuste recaen principalmente sobre los trabajadores mediante la reducción de ingresos, la flexibilización laboral o el encarecimiento del costo de vida. Por ello, la decisión de defender las empresas públicas y rechazar condicionamientos externos constituye un elemento de cohesión entre el Gobierno y el movimiento obrero organizado.
Sin embargo, el acuerdo también plantea desafíos. Defender las empresas públicas implica garantizar su eficiencia, sostenibilidad financiera y capacidad de generar valor para la economía nacional. La sola propiedad estatal no asegura resultados positivos. El fortalecimiento de estas empresas requerirá inversiones, modernización tecnológica, transparencia administrativa y mecanismos de evaluación permanentes que permitan mejorar su desempeño.
Del mismo modo, preservar la soberanía económica exige construir alternativas de financiamiento capaces de reducir la dependencia de créditos externos. Esto implica fortalecer la producción nacional, diversificar exportaciones, incrementar la industrialización y ampliar las fuentes internas de generación de divisas.
En el plano político, el acuerdo representa además una apuesta por la gobernabilidad. Tras semanas de tensión y movilizaciones, el reconocimiento de los derechos sindicales, la garantía de no criminalización de la protesta y la creación de mecanismos para revisar procesos judiciales vinculados a los conflictos buscan reconstruir puentes entre el Gobierno y las organizaciones sociales.
n materia de transparencia e investigación, el Gobierno se compromete a respaldar investigaciones sobre los casos denominados “narco maletas” y “narco madera”, mediante instancias legislativas especiales destinadas a identificar responsabilidades, corregir fallas institucionales y fortalecer los mecanismos de control estatal. Asimismo, se ratifica el principio de no injerencia extranjera en asuntos internos, reafirmando que cualquier investigación deberá desarrollarse en el marco de la soberanía nacional y el respeto a las instituciones bolivianas.
En el ámbito energético, el acuerdo también constituye una defensa explícita de la política hidrocarburífera estatal. El Gobierno asume el compromiso de garantizar el abastecimiento de combustibles, preservar la política interna de precios y fortalecer la producción nacional de hidrocarburos. Esta definición resulta especialmente significativa porque descarta propuestas que plantean la liberalización plena del mercado de combustibles, medida que en varios países derivó en incrementos abruptos de precios con fuertes impactos sobre el transporte, la producción y el costo de vida de las familias trabajadoras.
Asimismo, el documento incorpora mecanismos de fiscalización respecto al denominado caso de la “gasolina basura”, estableciendo auditorías técnicas y financieras independientes, además de mesas de trabajo con los sectores afectados para determinar responsabilidades y eventuales compensaciones. Esta decisión busca demostrar que la defensa de las empresas públicas no implica ausencia de control, sino la necesidad de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en la gestión estatal.
Otro aspecto relevante es la decisión de impulsar mecanismos de socialización y consulta para la elaboración de normas, decretos y medidas de alto impacto económico y social. Esta disposición fortalece la democracia participativa prevista por la Constitución Política del Estado y reconoce el papel de las organizaciones sociales como actores fundamentales en la definición de políticas públicas. En lugar de aplicar reformas impuestas verticalmente o condicionadas por organismos externos, el acuerdo plantea la construcción de consensos internos como base para la estabilidad política y económica.
Finalmente, el capítulo referido a la canasta familiar, los derechos laborales y la seguridad social sintetiza el espíritu general del acuerdo. El compromiso de proteger el salario real, preservar el empleo, combatir la especulación y garantizar el abastecimiento de productos esenciales refleja una visión económica centrada en las necesidades de la población trabajadora. Se trata de una orientación que contrasta con las políticas de ajuste que habitualmente priorizan el equilibrio fiscal mediante recortes del gasto público y reducción de la protección social.
De esta manera, el acuerdo Gobierno–COB no sólo constituye una salida política a la coyuntura de conflictividad, sino también una reafirmación programática de un modelo de desarrollo basado en la presencia activa del Estado, la defensa de los recursos estratégicos, la participación social y la preservación de la soberanía económica frente a presiones internas y externas que promueven esquemas de privatización y ajuste estructural.
En definitiva, el acuerdo para la pacificación y recuperación del país trasciende la coyuntura inmediata. Constituye una definición de principios sobre el modelo de desarrollo que Bolivia pretende sostener en los próximos años. Al rechazar la privatización de empresas estratégicas, reafirmar la soberanía económica y descartar condicionamientos externos sobre la política económica nacional, el documento establece una posición que se distancia de las recetas tradicionales de ajuste fiscal promovidas en distintos momentos por organismos financieros internacionales.
La discusión de fondo, por tanto, no es únicamente cómo superar las dificultades económicas actuales, sino qué tipo de Estado y qué modelo de desarrollo quiere construir Bolivia. El acuerdo Gobierno–COB deja en claro que, al menos desde la perspectiva de sus firmantes, la respuesta no pasa por reducir el papel del Estado, sino por fortalecerlo como actor central del desarrollo económico y social.
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