Tres meses de Rodrigo Paz: ajuste, endeudamiento y ausencia de rumbo Económico

Por: Martin Moreira

Forma Parte de la Red de Economía Política Boliviana

Al cumplirse los primeros tres meses del gobierno de Rodrigo Paz, el balance general deja una sensación difícil de ignorar: más allá del ruido político y de una narrativa cuidadosamente construida desde el poder, no se observan transformaciones estructurales ni medidas de fondo que hayan modificado de manera sustancial la realidad económica, social o institucional del país. Lejos de inaugurar un nuevo rumbo, la actual administración se ha limitado a administrar la coyuntura, reproduciendo recetas conocidas en un contexto de presión fiscal extrema y tras dos años y medio de ataque sistemático a la gestión económica producto de una prolongada crisis política. En este escenario, el Ejecutivo ha presentado como logros propios fenómenos que responden más a la descompresión política que a una estrategia económica coherente, mientras que las decisiones realmente relevantes —como la eliminación de la subvención a los carburantes, los intentos de legislar por decreto, el perdonazo impositivo a grandes fortunas, la dependencia de créditos internacionales condicionados, el creciente endeudamiento público y las persistentes denuncias de corrupción— han derivado en elevados costos sociales, beneficios concentrados en pocos sectores y profundas dudas éticas, confirmando que este primer trimestre no marca un punto de inflexión, sino la consolidación de un gobierno sin audacia transformadora, volcado al sector privado y con un margen de maniobra cada vez más reducido.

Al cumplirse los primeros tres meses del gobierno de Rodrigo Paz, el balance general deja una sensación difícil de ignorar: más allá del ruido político y de una narrativa cuidadosamente construida desde el poder, no se observan transformaciones estructurales ni medidas de fondo que hayan modificado de manera sustancial la realidad económica, social o institucional del país. Lo poco que se ha hecho, en rigor, responde a acciones que cualquier otro gobierno habría terminado adoptando en un contexto de presión fiscal y tras dos años y medio de ataque sistemático a la gestión económica, producto de una prolongada crisis política. Entretanto, las decisiones verdaderamente relevantes han derivado en elevados costos sociales, beneficios concentrados en pocos sectores y profundas dudas éticas.

Un trimestre sin reformas de fondo

Cuando se revisa con detenimiento la agenda gubernamental de estos tres meses, no aparecen políticas públicas innovadoras ni planes integrales que permitan hablar de un cambio de rumbo. No hay una estrategia clara de reactivación productiva, no se observa una política industrial consistente, ni se han planteado reformas profundas en salud, educación o empleo. El gobierno ha administrado la coyuntura, pero no ha gobernado con visión estratégica.

En ese marco, la medida más significativa —y prácticamente la única de alto impacto— ha sido la eliminación de la subvención a los carburantes. Esta decisión, presentada como inevitable y responsable, fue asumida con sacrificio por el llamado “pueblo valiente”, que nuevamente cargó sobre sus espaldas el costo del ajuste. Sin embargo, este esfuerzo no vino acompañado de políticas compensatorias suficientes ni de un pacto social amplio que distribuya de manera equitativa los costos de la transición.

El Decreto 5503: un intento fallido de imposición

Lejos de limitarse a la eliminación de la subvención, el Ejecutivo intentó avanzar mucho más mediante el Decreto Supremo 5503, que contenía nada menos que 101 artículos. Dicho decreto no solo atentaba contra intereses fundamentales de la población, sino que además vulneraba principios centrales de la Constitución Política del Estado y pretendía pasar por encima de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Este intento del ejecutivo por decreto, concentrando poder y reduciendo los espacios democráticos de deliberación, terminó fracasando. No obstante, dejó en evidencia una peligrosa inclinación autoritaria y una concepción instrumental de la institucionalidad democrática, en la que el fin —imponer una agenda económica— parecía justificar cualquier medio.

El perdonazo a los grandes millonarios

Otro de los hechos más cuestionables del primer trimestre fue el llamado “perdonazo impositivo” a las grandes fortunas del país. Un total de 156 grandes contribuyentes fueron beneficiados por esta medida, que significó un costo aproximado de 400 millones de bolivianos para el Estado.

La pregunta es inevitable: ¿a quién beneficia realmente esta política? Con esos recursos se podría haber cubierto, por ejemplo, un mes completo de sueldos y salarios del sistema de salud, de la Policía o de las Fuerzas Armadas, o aproximadamente el 30% de la planilla del magisterio nacional. En un país con profundas desigualdades y carencias estructurales, condonar impuestos a los más ricos no es solo una mala señal política, sino una decisión profundamente injusta desde el punto de vista social.

¿Estabilidad económica o simple efecto de la despolitización?

Desde el discurso oficial se insiste en que el gobierno de Rodrigo Paz ha logrado estabilizar el dólar y reducir la inflación. Sin embargo, un análisis más serio y honesto muestra que estos fenómenos no son resultado directo de una gestión económica brillante, sino más bien de factores coyunturales externos al Ejecutivo.

La reducción de la extrema politización del país, la disminución de la conflictividad y el desbloqueo de créditos que estaban estrangulados en la Asamblea Legislativa han generado una mayor certidumbre en la población. A ello se suma que el gobierno anterior cumplió con el pago de los servicios de la deuda, lo cual contribuyó a calmar los mercados y a desincentivar la especulación cambiaria.

En este contexto, el dólar especulativo tendió a bajar y a estabilizarse, y ello tuvo un efecto indirecto sobre la inflación. Recordemos que la inflación acumulada entre enero y junio de 2025 fue de 15,53%, mientras que de julio a diciembre alcanzó aproximadamente 4,87%, sumando un total cercano al 20,40%. No se trata, por tanto, de una mejora sustancial ni de un logro extraordinario, sino de una corrección parcial tras una crisis política inducida.

Más que una crisis económica estructural, lo que Bolivia vivió fue un ataque político a la gestión económica para generar condiciones de inestabilidad. Una vez reducida la tensión política, las variables macroeconómicas tendieron naturalmente a estabilizarse.

El tema de los créditos: cifras infladas y realidades limitadas

Otro de los pilares del relato gubernamental es la supuesta capacidad del presidente Rodrigo Paz para gestionar importantes créditos internacionales. Se habla de 3.100 millones de dólares provenientes de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y de otros 4.500 millones de dólares vinculados al BID (Banco Interamericano de Desarrollo), lo que permitiría instalar la cifra de 7.600 millones de dólares como un supuesto logro de la actual administración. Sin embargo, estos recursos aún no son efectivos, ya que se trata de créditos directos sujetos a estrictos condicionamientos. En la práctica, ello no significa otra cosa que ajustes que recaen sobre los sectores más pobres, mientras se favorece al sector privado.

No obstante, la realidad es bastante menos optimista. Los recursos realmente disponibles para el gobierno son, en esencia, los 1.600 millones de dólares que estaban bloqueados en la Asamblea Legislativa Plurinacional, los 550 millones de dólares otorgados por la CAF y unos 200 millones de dólares adicionales gestionados por el ministro de Economía, quien aseguró —no sin polémica— que estos fondos se destinarían al pago del bono Pepe, sin afectar al Fondo Solidario de Vejez ni a la Gestora.

En términos reales, estamos hablando de aproximadamente 2.300 millones de dólares, una cifra muy inferior a la que se intenta instalar en el imaginario colectivo. Si bien es cierto que organismos como la BID y la CAF y otros entes financieros están brindando condiciones al país, estos créditos no son neutros: se trata de préstamos de inversión directa y libre, con fuertes condicionamientos en materia de ajuste económico y reformas estructurales que, a la larga, pagarán todos los bolivianos.

Pero, más allá del discurso oficial, el país vuelve a transitar por el camino conocido del endeudamiento público. El gobierno de Rodrigo Paz no ha modificado en lo esencial la política económica heredada, sino que la ha profundizado mediante un proceso de refinanciamiento de la deuda que alcanza los 32 mil millones de bolivianos. Este mecanismo confirma que el Banco Central de Bolivia continúa financiando al Estado, sosteniendo el gasto público a costa de un endeudamiento creciente. Lejos de corregir las distorsiones estructurales o de proponer una salida responsable y sostenible, la actual administración opta por postergar el problema, acumulando obligaciones que comprometen la estabilidad fiscal futura. En consecuencia, la deuda pública sigue expandiéndose sin un plan claro de reducción ni una estrategia que garantice que estos recursos se traduzcan en inversión productiva o mejoras concretas para la población, reafirmando que, en lo fundamental, Rodrigo Paz mantiene la misma lógica económica que sus antecesores, pero con un mayor costo social y un margen de maniobra cada vez más reducido.

¿Un gobierno marcado por la corrupción?

Si algo ha caracterizado estos primeros tres meses de gestión, además de la falta de medidas sustanciales, es la sombra persistente de la corrupción. Existen al menos tres hechos graves que comprometen seriamente la credibilidad del gobierno de Rodrigo Paz.

El primero tiene que ver con un presunto encubrimiento relacionado con una exdiputada de Creemos, aliada política del oficialismo y vinculada al entorno de Luis Fernando Camacho. Esta exdiputada habría ingresado al país con 31 maletas que, según diversas denuncias, contenían divisas o incluso armas presuntamente vinculadas al narcotráfico. Hasta la fecha, las explicaciones oficiales han sido insuficientes y poco convincentes.

El segundo hecho, de enorme gravedad, es el ingreso de gasolina de mala calidad al país. En este caso, las responsabilidades apuntan directamente al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli; al presidente de YPFB, Yussef Akly; y a la titular de la ANH, Margot Ayala, encargada de controlar la calidad de los carburantes. La falta de control permitió la importación de un combustible deficiente que ha afectado a más de 5.000 unidades, cuyos costos terminarán siendo asumidos, una vez más, por los contribuyentes bolivianos.

A ello se suma una denuncia de sobreprecio en la compra de petróleo, también bajo responsabilidad de YPFB. El propio Yussef Akly habría firmado contratos de invitación directa por más de 9 millones de dólares con una empresa argentina para supuestamente verificar la calidad de la gasolina y el diésel. El resultado está a la vista: carburantes de pésima calidad y un manejo poco transparente de los recursos públicos.

Un giro explícito hacia el sector privado

En síntesis, el gobierno de Rodrigo Paz ha optado por volcarse abiertamente hacia el sector privado. Esta orientación no ha sido ocultada; por el contrario, ha sido defendida públicamente. Basta recordar las declaraciones del ministro Espinosa en Davos, cuando afirmó de manera textual que “hemos cambiado la mirada del sector público al sector privado para generar infraestructura y condiciones de crecimiento”.

El problema no es, en sí mismo, la participación del sector privado, sino el modo en que se la plantea: a través de créditos vinculados al PIB, de endeudamiento que compromete el futuro del país y de una lógica en la que el Estado asume los riesgos mientras los beneficios se concentran en unos pocos.

Conclusión: un gobierno mediocre al servicio de intereses reducidos

A tres meses de iniciado su mandato, el gobierno de Rodrigo Paz no puede exhibir logros estructurales ni avances significativos para la mayoría de la población. Ha eliminado la subvención a los carburantes, sí, pero sin un proyecto integral de desarrollo. Ha otorgado perdonazos a grandes fortunas mientras exige sacrificios a los sectores populares. Ha capitalizado una estabilización económica que responde más a la descompresión política que a su propia gestión. Y, además, carga con serias denuncias de corrupción que erosionan su legitimidad.

Estamos, en definitiva, frente a un gobierno mediocre, sin audacia transformadora, que administra la coyuntura y vela principalmente por los intereses de unos cuantos. El desafío para la sociedad boliviana será no conformarse con esta mediocridad y exigir un proyecto de país que ponga en el centro al interés colectivo, la transparencia y la justicia social.