Martín Moreira Forma parte de la Red de Economía Política Boliviana Hacer un balance del primer año de gobierno de Rodrigo Paz resulta particularm
Martín Moreira
Forma parte de la Red de Economía Política Boliviana
Hacer un balance del primer año de gobierno de Rodrigo Paz resulta particularmente difícil cuando todas las medidas económicas aplicadas parecen favorecer a un sector que representa aproximadamente el 20% de la población, mientras al 80% restante se le exige resignación y fortaleza para soportar un ajuste que supuestamente es necesario, pero que, en los hechos, no responde a una planificación económica ni a una estrategia de recuperación productiva. Lo que emerge es un Estado cada vez más autoritario y anacrónico, preocupado por ostentar el poder, recurrir sistemáticamente al uso de la fuerza y desacreditar como narcoterroristas a quienes protestan por sus derechos. Una práctica que recuerda a otros gobiernos liberales de la región y que obliga a plantear una pregunta incómoda: ¿por qué el narcotráfico ha ganado terreno bajo estos modelos de gobierno? Los casos de Ecuador y Bolivia merecen una reflexión profunda. ¿Estamos frente a Estados que, bajo el pretexto de recuperar la economía y restablecer el orden, están permitiendo la reconfiguración de las estructuras del narcotráfico y la aparición de nuevos carteles? A doce meses de gestión, el balance del gobierno de Rodrigo Paz muestra una economía sometida al endeudamiento, al encarecimiento de los carburantes, a la pérdida de capacidad adquisitiva y a la reducción de la inversión pública. Mientras determinados sectores exportadores, financieros y mineros encuentran condiciones favorables, la mayoría de los bolivianos soporta el costo de un ajuste que todavía no demuestra resultados productivos ni ofrece un horizonte claro de recuperación económica.
Un año después de asumir el gobierno, Rodrigo Paz deja un balance marcado por tres elementos: escándalos políticos e institucionales, decisiones económicas que trasladaron el costo de la crisis a la población y un creciente endeudamiento externo para sostener obligaciones del Estado. La promesa de recuperar la economía y estabilizar el país contrasta con una realidad en la que los bolivianos pagan más por los combustibles, los alimentos y los servicios, mientras el aparato productivo enfrenta mayores dificultades.
En el ámbito político, la gestión estuvo acompañada por una sucesión de controversias que debilitaron la credibilidad institucional. Los cuestionamientos relacionados con la calidad de los carburantes, la gestión de YPFB y la salida del país de su expresidente Yussef Akly; las responsabilidades atribuidas a exautoridades del sector energético, entre ellas Mauricio Medinaceli; las denuncias que involucran al ministro Gabriel Espinoza; y los episodios relacionados con la Aduana y Fernando Cerimedo configuran un escenario que exige explicaciones públicas y responsabilidades institucionales.
A estos hechos se suman las controversias por el caso del oro, los 185 kilos encontrados en un operativo, cuyo valor fue estimado en aproximadamente 25 millones de dólares, y las investigaciones relacionadas con el narcotráfico, las maletas y el caso Sebastián Marset. La sucesión de procesos que involucran a jueces y fiscales también ha abierto interrogantes sobre la independencia judicial y el funcionamiento de las instituciones. No se trata únicamente de enumerar escándalos, sino de preguntarse por qué, después de un año de gobierno, continúan acumulándose hechos que comprometen la transparencia y la confianza pública.
Sin embargo, el balance más importante está en la economía. Y aquí aparecen tres grandes fracasos: la política de carburantes, la flexibilización cambiaria y el endeudamiento.
El primer golpe: los carburantes y el costo trasladado a los bolivianos
La primera decisión económica de gran impacto fue la eliminación de la subvención a los combustibles. El incremento alcanzó aproximadamente el 100% en el precio de la gasolina y el 152% en el diésel, provocando un encarecimiento inmediato del transporte, la producción y la distribución de mercancías.
Pero el problema no terminó con el incremento de precios. Bolivia también enfrentó la controversia por la calidad de la gasolina comercializada, que derivó en reclamos de transportistas y propietarios de vehículos, daños mecánicos y gastos extraordinarios por mantenimiento y limpieza de motores. Las estimaciones difundidas en el debate público llegaron a señalar que más de un millón de vehículos fueron afectados o ingresaron a talleres.
A esto se sumó otro problema: la gasolina almacenada durante aproximadamente seis meses y las obligaciones pendientes con intermediarios internacionales. La deuda con los traders fue estimada en alrededor de 1.000 millones de dólares, una cifra que refleja las dificultades de gestión y abastecimiento de combustibles.
El resultado es contradictorio: los bolivianos pagan combustibles considerablemente más caros, pero no tienen garantizada la calidad del producto ni un abastecimiento eficiente. El ajuste se aplicó de inmediato al consumidor, mientras las responsabilidades administrativas y económicas continúan siendo motivo de cuestionamiento.
La flexibilización del dólar: los dólares no llegaron
El segundo gran fracaso fue la flexibilización del mercado cambiario. La apuesta del Gobierno consistía en permitir que el mercado determinara progresivamente el precio del dólar y generar condiciones para que los exportadores ingresaran sus divisas al sistema financiero nacional.
Pero esa expectativa no se materializó en los términos anunciados.
Hasta julio, las exportaciones bolivianas alcanzaron aproximadamente 8.000 millones de dólares. Sin embargo, según las cifras expuestas en el balance de la gestión, menos del 15% de esas divisas habría ingresado al circuito financiero nacional.
Esto significa que Bolivia continúa enfrentando un problema estructural: genera dólares mediante sus exportaciones, pero una proporción importante de esas divisas no retorna al país. Mientras tanto, la salida de capitales y la demanda de moneda extranjera mantienen la presión sobre el mercado cambiario.
La flexibilización, por sí sola, no resolvió la escasez. Tampoco consiguió modificar el comportamiento de los exportadores ni garantizar un flujo suficiente de divisas.
El problema es que el Gobierno parece haber confundido la liberalización del mercado con una política cambiaria. Un país que necesita dólares no puede limitarse a esperar que los exportadores decidan traerlos. Necesita instrumentos de regulación, incentivos, planificación productiva y mecanismos que aseguren que las divisas generadas por la economía contribuyan a sostener su funcionamiento interno.
El endeudamiento: préstamos para pagar bonos y obligaciones
El tercer elemento es el endeudamiento. En lugar de mostrar una estrategia que permita recuperar la capacidad productiva y generar ingresos propios, el Gobierno ha recurrido a nuevos créditos para cubrir obligaciones corrientes.
Bolivia colocó alrededor de 1.000 millones de dólares en bonos soberanos. La operación habría podido concretarse a una tasa cercana al 7%, considerando las referencias del riesgo país, pero terminó pagando aproximadamente un 10%, lo que representa un mayor costo financiero para el Estado y para las futuras generaciones.
A esto se suman más de 1.000 millones de dólares en financiamiento de organismos multilaterales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF y el Banco Mundial, destinados, según el balance presentado, a sostener obligaciones relacionadas con el pago de bonos sociales, entre ellos el Juancito Pinto y la Renta Dignidad.
También se incorporan 211 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, en un contexto en el que el organismo destacó las medidas de ajuste adoptadas por el Gobierno.
La pregunta económica es inevitable: ¿por qué Bolivia está recurriendo a préstamos internacionales para financiar transferencias sociales y obligaciones corrientes, en lugar de fortalecer la inversión pública, la infraestructura, la salud y la educación?
Endeudarse para construir hospitales, carreteras, sistemas de riego, infraestructura energética o proyectos industriales puede generar capacidades productivas y retornos económicos. Pero endeudarse para pagar obligaciones recurrentes sin modificar la estructura de ingresos del Estado significa trasladar el problema hacia adelante.
Un presupuesto que reduce la capacidad de desarrollo
El Presupuesto General del Estado se convierte en otra evidencia de la orientación económica del Gobierno. La inversión pública prevista ronda los 17.000 millones de bolivianos, un monto insuficiente frente a las necesidades de infraestructura, industrialización, conectividad y desarrollo productivo que tiene Bolivia.
La reducción de la inversión pública tiene consecuencias directas: menos obras, menor generación de empleo, debilitamiento de las empresas constructoras, reducción de la demanda interna y menores oportunidades para las economías regionales.
La situación también preocupa en educación y salud. Las cifras presentadas en el balance presupuestario sitúan el presupuesto educativo alrededor del 6,2%, mientras que salud permanece por debajo del 5%. Estos niveles plantean interrogantes sobre las prioridades del gasto público, especialmente cuando se discuten mayores beneficios y recursos para los aparatos de seguridad y defensa.
No es una discusión meramente contable. La inversión en educación y salud determina las condiciones de desarrollo de una sociedad. Reducir su capacidad presupuestaria mientras se incrementa la dependencia del endeudamiento significa comprometer el futuro económico del país.
El ajuste, por tanto, no solamente se refleja en los precios de los combustibles o en el mercado cambiario. También aparece en el presupuesto, en la reducción de la inversión estatal y en la menor capacidad del Estado para garantizar servicios públicos.
¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron con el modelo?
Después de un año, la pregunta central es quiénes se beneficiaron con las decisiones económicas del Gobierno.
Las condiciones parecen haber favorecido a determinados sectores financieros, exportadores, cooperativas mineras y grupos empresariales con capacidad de operar en mercados externos y aprovechar la flexibilización económica. Mientras tanto, los trabajadores, comerciantes, transportistas, pequeños productores y familias de ingresos medios y bajos enfrentan una pérdida de capacidad adquisitiva.
El incremento de los combustibles repercute sobre toda la cadena de precios. El transporte se encarece, los alimentos pierden accesibilidad y los ingresos familiares resultan insuficientes para sostener el consumo cotidiano.
En otras palabras, el ajuste no se distribuye de manera equitativa. Quienes tienen mayores recursos y capacidad de proteger su patrimonio pueden adaptarse mejor a los cambios económicos. Quienes viven de un salario, del comercio diario o de pequeños emprendimientos terminan absorbiendo el impacto.
Esta es la contradicción del modelo: se habla de recuperar la estabilidad macroeconómica, pero se deterioran las condiciones materiales de vida de una parte importante de la población.
Un año de viajes, conflictos y decisiones políticas
En el plano institucional, también quedan interrogantes sobre la utilización del poder estatal. La salida de autoridades, las controversias judiciales, las denuncias de corrupción y los conflictos relacionados con el narcotráfico han colocado al Gobierno frente a una crisis de credibilidad.
El caso Marset, las investigaciones sobre las maletas y los cuestionamientos al sistema judicial son asuntos que requieren investigaciones independientes y transparencia. La sucesión de procesos y desplazamientos de autoridades judiciales alimenta la preocupación sobre una posible instrumentalización de la justicia.
A esto se agrega el cuestionamiento por la exposición pública de la familia presidencial y el uso de espacios y recursos institucionales para proyectar una imagen política. En un país que atraviesa dificultades económicas, la prioridad debería ser demostrar resultados concretos y no convertir la gestión estatal en un escenario de promoción personal.
El segundo estado de sitio, los intentos de imponer decisiones presupuestarias en medio de conflictos y las propuestas de descentralización educativa y nuevos ajustes configuran un escenario de creciente tensión política y social.
El balance: un modelo sin horizonte productivo
El primer año de Rodrigo Paz deja una pregunta fundamental: ¿cuál es el modelo económico que está construyendo su Gobierno?
Hasta ahora, las principales decisiones se concentran en eliminar subvenciones, flexibilizar el mercado cambiario, incrementar el endeudamiento, reducir la inversión pública y trasladar los costos del ajuste a la población.
No aparece con suficiente claridad una estrategia de industrialización, sustitución de importaciones, fortalecimiento del mercado interno, generación de empleo o diversificación productiva. La economía parece depender cada vez más de las exportaciones tradicionales, del financiamiento externo y de las decisiones de los organismos internacionales.
Bolivia no necesita únicamente conseguir préstamos ni modificar el precio del dólar. Necesita producir más, generar empleo, garantizar alimentos accesibles, recuperar su capacidad energética y fortalecer su mercado interno.
El problema de fondo es que el Gobierno parece haber convertido el ajuste en su principal política económica. Y cuando un modelo necesita reducir la inversión, encarecer los combustibles, endeudar al Estado y debilitar el consumo para sostenerse, la pregunta ya no es cuánto tiempo podrá mantenerse, sino quién seguirá pagando sus consecuencias.
Un año después, Rodrigo Paz no puede presentar como recuperación económica un país que sigue endeudándose para pagar sus obligaciones, que importa combustibles más caros, que no consigue recuperar las divisas de sus exportaciones y que reduce su capacidad de inversión. El balance es el de un Gobierno que ha privilegiado el ajuste sobre la producción, los compromisos financieros sobre el desarrollo y los intereses de determinados sectores económicos sobre el bienestar de la mayoría.
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