Por: Martin Moreira Forma Parte de la Red de Economía Política Boliviana La creciente movilización de la Central Obrera Boliviana (COB),
Por: Martin Moreira
Forma Parte de la Red de Economía Política Boliviana
La creciente movilización de la Central Obrera Boliviana (COB), mineros, organizaciones originarias y sectores populares en las calles de La Paz y El Alto revela mucho más que una demanda salarial: expone el profundo desgaste político y económico del gobierno de Rodrigo Paz, cada vez más cuestionado por amplios sectores que lo acusan de haber traicionado las expectativas populares con una gestión incapaz de contener el deterioro del costo de vida, proteger el poder adquisitivo y responder a la crisis social. Las denuncias de Mario Argollo sobre un intento de “acallar” al pueblo condensan el clima de confrontación que vive el país, donde la protesta ya no solo exige mejores condiciones económicas, sino que comienza a transformarse en un abierto rechazo a un modelo de administración percibido como distante de las mayorías y funcional a decisiones que, según sus críticos, golpean con mayor fuerza a trabajadores y sectores vulnerables.
Bolivia atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión política y social, marcado por una creciente movilización popular que ya no solo expresa malestar económico, sino una profunda ruptura entre el Gobierno de Rodrigo Paz y amplios sectores sociales que hoy cuestionan su capacidad para conducir el país. Las recientes declaraciones del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, no son un hecho aislado ni una consigna coyuntural: reflejan el nivel de desgaste de una administración señalada por amplios sectores como incapaz de responder a la crisis del costo de vida, al deterioro del poder adquisitivo y a la sensación de abandono que sienten miles de trabajadores, campesinos, mineros y organizaciones sociales.
Argollo fue contundente al denunciar que el Gobierno intenta “acallar” y “amordazar” al pueblo que reclama por la defensa de los recursos naturales y por una economía que golpea cada vez con más dureza a las mayorías. La acusación adquiere fuerza en un contexto donde las calles de La Paz y El Alto se han convertido en escenario de presión social permanente, con marchas multitudinarias, bloqueos y concentraciones que no solo exigen incremento salarial, sino que empiezan a condensar una consigna política más profunda: la salida de Rodrigo Paz.
El conflicto no surge de la nada. La COB presentó el 31 de marzo un pliego petitorio nacional demandando un incremento del 20% al haber básico y al salario mínimo, además de ajustes estructurales como la reducción de salarios de altos funcionarios, ministros, gerentes de empresas estatales y del propio Presidente. Esta propuesta tiene una poderosa carga simbólica: mientras la población enfrenta inflación, pérdida de poder adquisitivo y encarecimiento de productos esenciales, los sectores movilizados denuncian que el peso de la crisis sigue recayendo sobre trabajadores y clases populares, mientras la estructura estatal mantiene privilegios.
La protesta, por tanto, no se limita a una discusión salarial; se ha transformado en una impugnación al modelo de gestión económica de Rodrigo Paz. Sus críticos sostienen que el Gobierno ha impulsado decretos y políticas que afectan principalmente a las bases sociales, debilitando la protección económica de las mayorías y generando una sensación de traición entre sectores que esperaban una administración enfocada en estabilidad, producción y protección social. Cuando Argollo afirma que “ha traicionado al pueblo con decretos y leyes que afectan a los sectores populares”, está sintetizando una narrativa que se expande con fuerza en sindicatos, organizaciones campesinas y sectores urbanos empobrecidos.
La incorporación de nuevos actores a las movilizaciones —como mineros cooperativistas, organizaciones de Suyu Ingavi, Jach’a Marka Originario de Viacha y sectores de El Alto— muestra que la protesta dejó de ser exclusivamente sindical para convertirse en un fenómeno de articulación multisectorial. Esto representa un problema político mayor para Rodrigo Paz, porque cuando las demandas económicas se fusionan con la defensa territorial, indígena y popular, la presión deja de ser sectorial y se convierte en crisis de legitimidad.
En este escenario, el Gobierno enfrenta un dilema complejo: responder a las demandas salariales podría tensionar aún más una economía ya golpeada, pero ignorarlas o intentar contenerlas mediante deslegitimación política podría profundizar el conflicto. La narrativa de “amordazamiento” denunciada por la COB es especialmente peligrosa para cualquier administración, porque instala la percepción de un poder distante, más preocupado por controlar el descontento que por resolver sus causas estructurales.
El problema de fondo parece ser la falta de una estrategia económica que genere confianza en las mayorías. La presión inflacionaria, el malestar laboral, la incertidumbre productiva y la percepción de inequidad en la distribución de sacrificios están erosionando rápidamente el capital político del Gobierno. Para muchos sectores, Rodrigo Paz ya no representa una salida a la crisis, sino parte del problema.
La marcha que tomó el centro paceño y las movilizaciones que crecen en El Alto no son únicamente protestas por salarios; son el síntoma de una fractura política entre gobernantes y gobernados. La historia boliviana ha demostrado que cuando el malestar económico se convierte en movilización sostenida, el conflicto puede escalar rápidamente hacia escenarios de mayor inestabilidad institucional.
Hoy, la administración de Rodrigo Paz enfrenta una prueba decisiva: escuchar y corregir el rumbo o persistir en una gestión percibida como distante frente al sufrimiento económico popular. Porque cuando las mayorías sienten que el Estado ya no protege, sino que ajusta, posterga o reprime, la gobernabilidad comienza a resquebrajarse.
Más allá de las consignas, el mensaje de las calles parece claro: la crisis ya no se mide solo en indicadores económicos, sino en legitimidad social. Y cuando trabajadores, campesinos, mineros y organizaciones territoriales convergen bajo una misma demanda, lo que está en juego no es únicamente un pliego petitorio, sino la propia estabilidad política del Gobierno.
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