El caso PumaKatari se ha convertido en uno de los mayores escándalos de presunta corrupción municipal en La Paz, con acusaciones que apuntan a un daño
El caso PumaKatari se ha convertido en uno de los mayores escándalos de presunta corrupción municipal en La Paz, con acusaciones que apuntan a un daño económico superior a Bs 26 millones a las arcas públicas. En el centro del proceso se encuentra el exalcalde Luis Revilla, señalado por organizaciones vecinales y la Fiscalía de haber participado en un esquema de presunto sobreprecio y contratos lesivos al Estado en la compra de buses municipales, un hecho que es calificado por los denunciantes como un robo a los paceños y que hoy lo mantiene nuevamente frente a la justicia.
El Juzgado Segundo de Instrucción Anticorrupción de La Paz fijó para este martes a las 09:30 la audiencia cautelar del exalcalde paceño Luis Revilla, investigado por la presunta compra irregular de los buses municipales PumaKatari, un caso que habría generado un daño económico superior a Bs 26 millones al municipio de La Paz.
Según informó el ejecutivo de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz, Jesús Vera, en caso de que Revilla no se presente a la audiencia, podría ser declarado en rebeldía. En la misma causa también están procesados Edwin T. y Alejandro M., quienes habrían participado directamente en el presunto hecho de corrupción.
Vera cuestionó duramente al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, al señalar que, pese a estar notificado, estaría más enfocado en defender al exalcalde que en resguardar los intereses de la ciudad. “Lo raro es que, en vez de defender los intereses de los paceños, está defendiéndolo a Luis Revilla. Hay una instrucción del alcalde Iván Arias para que este proceso quede en la impunidad”, afirmó en entrevista con ABI.
El dirigente vecinal sostuvo que la Fejuve solicitará la detención preventiva de los imputados y exigirá que se amplíen las investigaciones contra los concejales de la primera gestión de Revilla, a quienes acusa de incumplir su labor de fiscalización. También denunció que los abogados municipales no colaboran con el proceso e incluso se ausentaron de audiencias anteriores.
“Tenemos memoriales donde se pide retirar a la Fejuve del proceso. No es posible que se proteja a un corrupto y no se esté del lado de la justicia”, señaló Vera, quien calificó el caso como un hecho histórico, al tratarse de la primera vez que una organización social impulsa un proceso penal contra un exalcalde paceño por corrupción.
La posición de Revilla
En contraste, Luis Revilla, actual candidato a la Gobernación de La Paz, aseguró que no fue notificado ni citado para la audiencia cautelar. “No he sido notificado, no tengo ningún tipo de conocimiento, citación ni nada”, declaró.
Sin embargo, afirmó que presentará sus descargos y pruebas documentales para desvirtuar las acusaciones. Según indicó, cuenta con informes de instituciones públicas que demostrarían que no existió sobreprecio ni daño económico al Estado en la compra de los buses PumaKatari.
“Vamos a presentar nuestros descargos. Durante cuatro años no nos dejaron hacerlo. Tenemos informes que prueban que no hubo sobreprecio ni daño económico”, sostuvo, al declararse “plenamente inocente”. Revilla aseguró además que se encuentra en La Paz y dispuesto a asumir su defensa para “acabar con esas patrañas y mentiras”.
Antecedentes del caso
El caso PumaKatari fue develado en 2021, cuando la Fejuve denunció presuntas irregularidades en la adquisición de 61 buses municipales, con un supuesto sobreprecio de más de Bs 26 millones. El 29 de enero de 2022, Revilla se declaró en la “clandestinidad” y no acudió a citaciones judiciales.
Posteriormente, el 17 de octubre de 2022, la Fiscalía lo imputó formalmente por los delitos de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. En febrero de ese año se activó el sello azul de Interpol, priorizando su búsqueda en países vecinos.
Revilla retornó al país en diciembre de 2025, tras casi cuatro años fuera de Bolivia, y aseguró que asumiría su defensa en la justicia. La audiencia cautelar definirá ahora su situación jurídica y la de los otros implicados en uno de los casos de corrupción municipal más emblemáticos de los últimos años en La Paz.
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