El exministro de Gobierno Arturo Murillo volvió a ocupar titulares este martes, luego de que el Tribunal de Sentencia N° 6 de La Paz determinara su cu
El exministro de Gobierno Arturo Murillo volvió a ocupar titulares este martes, luego de que el Tribunal de Sentencia N° 6 de La Paz determinara su cuarta detención preventiva en la cárcel de San Pedro. Esta vez, la medida responde al caso Ganancias Ilícitas, donde se investigan presuntos manejos irregulares de fondos vinculados a la compra de gases lacrimógenos durante su gestión en los años 2019 y 2020.
El Ministerio Público sostiene que Murillo intentó legitimar recursos obtenidos mediante intermediaciones en contrataciones estatales a través de depósitos en cinco bóvedas de un banco y la adquisición de bienes a nombre de familiares y allegados. Según la fiscal María René Delgado, tales acciones evidencian riesgo de fuga y obstaculización, justificando así la detención preventiva, sin plazo establecido.
Un patrón de acumulación de procesos
La situación judicial de Murillo muestra una cadena de procesos que configuran un caso paradigmático en la lucha anticorrupción del país. Tras su deportación de Estados Unidos el pasado 4 de septiembre, el fiscal general Roger Mariaca recordó que el exministro acumula 16 procesos penales: dos con sentencia, uno en juicio oral, diez con acusación formal, dos en etapa preparatoria y tres en fase preliminar.
La nueva detención preventiva se suma a tres anteriores:
-
Caso Gases Brasil, con detención indefinida.
-
Caso Catering, con seis meses de detención preventiva.
-
Caso Gases Ecuador, también con detención preventiva.
Este encadenamiento de procesos refleja tanto la magnitud de los hechos investigados como la capacidad del sistema judicial de sostener múltiples frentes en torno a una figura que, hasta hace pocos años, detentaba uno de los cargos más poderosos del Ejecutivo.
El trasfondo político y simbólico
El caso Murillo trasciende la esfera judicial y se convierte en un espejo de la gestión gubernamental transitoria de 2019-2020. Los señalamientos sobre corrupción y abuso de poder en ese periodo han quedado asociados a su figura, transformando a Murillo en un símbolo del uso irregular de recursos públicos y de la instrumentalización del poder.
La narrativa de “legitimar” recursos ilícitos mediante mecanismos bancarios y bienes inmuebles conecta con un fenómeno más amplio: la sofisticación de las prácticas de corrupción, que ya no se limitan a la recepción de sobornos directos, sino que se articulan en esquemas financieros diseñados para aparentar legalidad.
Desafío para la justicia boliviana
La cuarta detención preventiva marca un nuevo hito en la trayectoria judicial de Murillo, pero también plantea interrogantes sobre el sistema judicial boliviano. Por un lado, se evidencia la firmeza del Ministerio Público al acumular medidas cautelares en casos distintos; por otro, surge la pregunta sobre la eficacia de tales medidas si no avanzan hacia sentencias concluyentes.
La reiteración de detenciones preventivas puede interpretarse como una garantía frente al riesgo de fuga, pero también refleja la lentitud en la resolución definitiva de los procesos. En un contexto donde la justicia es constantemente cuestionada por su politización, el desenlace del caso Murillo será observado como una prueba de credibilidad institucional.
Proyecciones
De mantenerse la línea procesal, el exministro enfrentará múltiples juicios en paralelo, lo que prolongará su permanencia en la cárcel de San Pedro. Para el Estado boliviano, la prioridad será mostrar que la lucha contra la corrupción no se limita a medidas cautelares, sino que culmina en sentencias firmes y reparaciones económicas al erario público.
La figura de Murillo, que alguna vez simbolizó el poder represivo y el control político, hoy se encuentra reducida a un detenido más en la prisión paceña. No obstante, su caso sigue teniendo peso político y mediático, porque condensa la memoria de un periodo convulso y las demandas ciudadanas de transparencia y justicia.
COMMENTS