El liberalismo caníbal, como señala Žižek, se disfraza de eficiencia mientras destruye lo común; las mentiras de Lupo solo buscan justificar su verdad
El liberalismo caníbal, como señala Žižek, se disfraza de eficiencia mientras destruye lo común; las mentiras de Lupo solo buscan justificar su verdadera conclusión: venderlo todo, revelando su papel de peón de sus amos, Samuelitio, Mercado y otros, subordinando al país al capital extranjero; privatizar lo público significa entregar la soberanía a intereses privados, y disfrazarlo de “progreso” es la lógica perversa de una acumulación sin límite.
Por: Martin Moreira
Forma parte de la Red de Economía Política Boliviana
Cada proceso electoral en Bolivia trae consigo no solo promesas, sino también fantasmas del pasado que buscan reconfigurarse bajo nuevos discursos. En 2025, uno de esos retornos es el del ideario privatizador, cuidadosamente maquillado con términos como “eficiencia”, “racionalización del gasto” y “cierre de empresas deficitarias”. Detrás de este relato, sectores críticos identifican nuevamente a José Luis Lupo como el operador técnico e ideológico que articula los intereses empresariales en torno a Samuel Doria Medina, el tristemente célebre privatizador, vendepatria y aprovechador de empresas y bancos comunes de los bolivianos que se benefició de la capitalización de los años noventa. La pregunta de fondo para Lupo es si realmente sabe —o finge no saber— distinguir entre capital inicial y despilfarro, cuando es un hecho básico de la economía que casi ninguna empresa nace con recursos propios y que el capital de inversión suele financiarse vía crédito, lo que no implica fracaso sino un mecanismo normal de arranque productivo. Sin embargo, el discurso del “derroche” busca confundir a la población al presentar el capital inicial como deuda impagable, cuando los informes del Banco Central de Bolivia muestran que más del 90% de las empresas públicas no están en mora y ya se encuentran pagando su capital inicial, como ocurre con Envibol, entre otras, desmontando así la narrativa alarmista que pretende justificar una nueva ola de privatizaciones.
Lupo no es un actor menor ni accidental. Su trayectoria lo vincula directamente con los procesos de transferencia de activos estatales al sector privado, primero como funcionario y luego como asesor estratégico. Para amplios sectores sociales y económicos, Lupo representa la continuidad de una lógica maquiavélica del poder, donde el discurso público encubre un objetivo central: abrir el camino para que empresas públicas bolivianas sean compradas a precio de “gallina muerta” por capitales privados y transnacionales.
El mito de las empresas públicas “inservibles”
Uno de los argumentos recurrentes del bloque liberal-empresarial es que las empresas públicas serían ineficientes, deficitarias y una carga para el Estado. Sin embargo, los datos oficiales desmienten de manera contundente ese relato. En la gestión 2024, las 32 empresas estatales de Bolivia generaron más de Bs 2.415 millones en utilidades netas, lo que representa un crecimiento del 34,4 % respecto a 2023, cuando las utilidades alcanzaron Bs 1.797 millones.
Más aún, entre 2005 y 2024, las empresas públicas acumularon Bs 55.014 millones en utilidades, mientras que sus ingresos por ventas se expandieron de Bs 695 millones a Bs 46.677 millones. Estos números no corresponden a estructuras “quebradas” ni a proyectos fallidos, sino a un modelo productivo estatal que se ha consolidado como pilar económico y social.
Empresas públicas y función social: el caso del Bono Juancito Pinto
La función de las empresas estatales no se limita a la generación de utilidades. Su rol redistributivo es clave. Para el año 2025, un total de 27 empresas y entidades públicas financiaron el Bono Juancito Pinto con Bs 474.316.122, según el Decreto Supremo 5454. Este bono de Bs 200 beneficia a más de 2,3 millones de estudiantes en todo el país, convirtiéndose en una de las políticas sociales más importantes de Bolivia.
Entre las principales empresas aportantes —con montos superiores a Bs 5 millones— se encuentran YPFB, ENDE, ENTEL, la Empresa Minera Huanuni, EMAPA, la Empresa Minera Colquiri, Banco Unión, DAB, COFADENA, Boliviana de Aviación (BoA) y la Editorial del Estado. Estos aportes evidencian que las empresas públicas no solo generan riqueza, sino que la redistribuyen directamente en educación, infraestructura y cohesión social.
Producción, empleo y soberanía económica
Los resultados productivos también contradicen la narrativa privatizadora. En 2021, las empresas públicas productivas generaron más de Bs 1.300 millones en ingresos por ventas, destacando EMAPA (Bs 306,9 millones), EBA (Bs 199,1 millones), ECEBOL (Bs 196,5 millones) y ENVIBOL (Bs 54,4 millones). Ese mismo año, estas empresas crearon alrededor de 3.000 empleos directos y más de 20.000 indirectos, dinamizando economías regionales donde el capital privado históricamente no invirtió.
En 2023, durante el primer trimestre, las utilidades agregadas de las empresas públicas (sin incluir YPFB) alcanzaron Bs 1.465,7 millones, superando en 8,9 % al mismo periodo de 2022. Empresas como YLB (Bs 65 millones), ECEBOL (Bs 12,4 millones) y EASBA (Bs 7,4 millones) mostraron resultados positivos, confirmando una tendencia sostenida.
El trasfondo político: Doria Medina, Lupo y la memoria histórica
Samuel Doria Medina está históricamente vinculado al proceso de privatización de 1992, cuando, como Ministro de Planeamiento y Coordinación, impulsó la Ley de Privatización bajo el gobierno de Jaime Paz Zamora. Aproximadamente 45 empresas públicas fueron vendidas o cerradas, y comisiones investigadoras posteriores señalaron que altos funcionarios tuvieron acceso a información privilegiada que benefició a intereses privados, entre ellos empresas vinculadas al propio Doria Medina, como SOBOCE.
En ese entramado aparece José Luis Lupo, identificado por sectores críticos como el “alfil” técnico del modelo neoliberal. Su rol como ministro en distintas carteras económicas lo posicionó como operador clave en la arquitectura institucional que facilitó la transferencia de activos estatales al capital privado. Hoy, su cercanía política con Doria Medina reactiva las alertas sobre una posible segunda ola privatizadora, aunque esta vez disfrazada de pragmatismo fiscal.
El discurso moderado y la intención real
En 2025, Doria Medina afirma que no privatizará empresas estratégicas como YPFB, ENDE o ENTEL, pero sostiene que cerrará aquellas que “generan pérdidas”. Para los analistas críticos, esta distinción es artificial y peligrosa, porque abre la puerta a desmantelamientos selectivos, debilitamiento financiero inducido y posteriores ventas encubiertas. La historia económica boliviana demuestra que la privatización nunca comienza con los activos más grandes, sino con los más vulnerables.
Datos contra el relato
Los números son claros. Las empresas públicas bolivianas generan utilidades, empleo, ingresos fiscales y políticas sociales concretas. Financiaron educación, infraestructura, bonos sociales y sostienen sectores estratégicos de la economía. Frente a estos datos, el discurso que las presenta como ineficientes resulta insostenible y responde más a intereses ideológicos y empresariales que a un análisis económico serio.
En este contexto, figuras como José Luis Lupo reaparecen no como técnicos neutrales, sino como garantes de un proyecto histórico que ya demostró sus consecuencias. La discusión de fondo no es técnica, sino política: si Bolivia debe fortalecer su soberanía económica o repetir un pasado donde lo público fue entregado al mejor postor.
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