Por Martin Moreira Miembro de la Red Boliviana de Economía Política La decisión del Gobierno de remitir a la Asamblea Legislativa Plurinacional el
Por Martin Moreira
Miembro de la Red Boliviana de Economía Política
La decisión del Gobierno de remitir a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de Ley de Inversiones abre un debate que trasciende la necesidad urgente de atraer capital nacional y extranjero. Bolivia necesita inversión para recuperar el crecimiento, generar empleo, incorporar tecnología y enfrentar la actual restricción de divisas, pero esa necesidad no puede convertirse en una carta blanca para el capital. La verdadera discusión está en definir bajo qué condiciones se invertirá, qué garantías recibirá el inversionista, qué obligaciones tendrá, quién asumirá los riesgos y, sobre todo, cuánto del valor generado permanecerá en Bolivia. En un contexto de crisis fiscal y transformación del modelo económico, una Ley de Inversiones debe ser evaluada no solo por su capacidad para atraer millones de dólares, sino por su impacto sobre la soberanía económica, los recursos estratégicos, las finanzas públicas y el bienestar de la población.
La decisión del Gobierno de remitir a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de Ley de Inversiones abre un debate que va mucho más allá de la necesidad de atraer capital nacional y extranjero. Bolivia necesita inversión, sin duda, pero la pregunta central es bajo qué condiciones se invertirá, quién asumirá los riesgos y cómo se distribuirán los beneficios.
El proyecto, compuesto por 103 artículos, debería ser analizado en el contexto de la crisis fiscal, la escasez de divisas y la necesidad urgente de recuperar el crecimiento. Precisamente por ello, resulta cuestionable que una Ley de Inversiones sea presentada antes de contar con un nuevo marco integral para sectores estratégicos como minería, hidrocarburos, litio, recursos evaporíticos y energía.
El orden de las reformas importa
Una política seria de atracción de inversiones debería comenzar por definir las reglas sectoriales: qué puede hacer el inversionista, qué obligaciones tendrá, cuánto podrá participar, qué impuestos pagará, qué estándares ambientales deberá cumplir y qué porcentaje de los beneficios deberá permanecer en Bolivia.
Después debería construirse un régimen general de inversiones que articule esas reglas.
Hacerlo al revés puede generar un problema: aprobar primero las garantías generales para el capital y posteriormente diseñar las normas específicas de minería, hidrocarburos, litio o energía podría reducir el margen de negociación del Estado en sectores considerados estratégicos.
Bolivia necesita inversión extranjera, pero no cualquier inversión y no a cualquier precio.
El problema de la estabilidad jurídica
Uno de los aspectos que merece mayor atención es la posibilidad de establecer condiciones de estabilidad para los inversionistas durante largos períodos.
La estabilidad jurídica puede ser un incentivo importante. Un empresario difícilmente comprometerá cientos de millones de dólares si teme que las reglas cambien abruptamente al año siguiente. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre garantizar previsibilidad y congelar la capacidad del Estado para modificar sus políticas económicas durante décadas.
Si un contrato impide o limita significativamente futuras modificaciones tributarias, regulatorias o económicas, el Estado podría quedar atado frente a cambios que hoy son imposibles de prever.
La economía cambia. También cambian los precios internacionales, las necesidades fiscales, la tecnología, las condiciones ambientales y las prioridades sociales.
Por eso, una pregunta fundamental para la Asamblea debería ser: ¿hasta dónde llega la estabilidad jurídica y dónde comienza la pérdida de capacidad regulatoria del Estado?
Arbitraje internacional: seguridad para el inversionista, riesgo para el Estado
La protección de las inversiones mediante mecanismos de arbitraje internacional es habitual en numerosos países y puede contribuir a reducir el riesgo percibido por los inversionistas.
Pero también genera una discusión sobre soberanía regulatoria.
El problema aparece cuando una empresa considera que una regulación ambiental, sanitaria, tributaria o económica afecta sus expectativas de rentabilidad y decide demandar al Estado.
El concepto de expropiación indirecta —dependiendo de cómo esté definido en la legislación y en los tratados aplicables— puede convertirse en un terreno particularmente sensible.
El Estado debe tener capacidad para regular cuando exista contaminación, daño ambiental, afectación a comunidades o riesgos para la salud pública. Atraer inversión no puede significar renunciar al derecho de regular.
La seguridad jurídica debe funcionar en ambas direcciones: proteger al inversionista, pero también proteger al Estado y a la sociedad.
El verdadero costo de los incentivos tributarios
Otro punto que merece una evaluación económica profunda son los incentivos fiscales.
Reducir impuestos puede ser razonable si consigue generar nueva inversión, empleo, transferencia tecnológica y mayores exportaciones. Pero una exención tributaria no es gratuita: representa un ingreso que el Estado deja de percibir.
Por eso, cada incentivo debería responder a una pregunta sencilla:
¿Cuánto deja de recaudar Bolivia y cuánto recibe a cambio?
Si una empresa obtiene beneficios fiscales durante años, pero genera pocos empleos, exporta materias primas sin valor agregado y remite la mayor parte de sus utilidades al exterior, el efecto neto para la economía puede ser muy inferior al esperado.
En un país con restricciones fiscales, cada boliviano que se deja de recaudar tiene un costo de oportunidad. Puede significar menos recursos para infraestructura, educación, salud, seguridad social o inversión pública.
Recursos naturales: inversión sí, pero con soberanía
La discusión se vuelve todavía más delicada cuando la inversión está vinculada con minería, hidrocarburos, litio, agua o tierras.
Bolivia posee recursos naturales estratégicos que pueden atraer grandes cantidades de capital. Pero justamente por su importancia, el Estado debe garantizar que la explotación genere una rentabilidad adecuada para el país.
No basta con preguntar cuánto capital llegará. Hay que preguntar:
¿Cuánto valor quedará en Bolivia?
Una inversión extractiva puede aumentar las exportaciones y generar actividad económica, pero también puede producir contaminación, presión sobre fuentes de agua, conflictos territoriales y una economía excesivamente dependiente de materias primas.
El desafío no es cerrar las puertas al capital. Es evitar que el país termine compitiendo por inversiones ofreciendo cada vez menos impuestos, menos regulación y menores obligaciones.
¿Qué ocurre con el trabajo?
Otro aspecto que debe ser revisado con especial cuidado es el régimen laboral aplicable a los proyectos de inversión.
Bolivia necesita empleo formal y productivo. Pero existe una diferencia entre facilitar la contratación para impulsar nuevas inversiones y crear excepciones que terminen debilitando los derechos laborales.
La competitividad de una economía no debería construirse sobre salarios bajos o precarización. Debe apoyarse en productividad, tecnología, infraestructura, capacitación, innovación y acceso a mercados.
Si la inversión extranjera llega para aprovechar recursos naturales pero deja empleos precarios y poco valor agregado, el impacto social será limitado.
La salida de utilidades y el problema de las divisas
En el actual contexto boliviano, este punto es particularmente relevante.
Bolivia enfrenta una fuerte restricción de divisas. Por ello, una política de inversiones debe analizar no solamente cuánto capital entra, sino también cuánto capital permanece y cuánto sale.
Permitir la repatriación de utilidades es una condición habitual para atraer inversión. Pero también puede existir una política que incentive la reinversión de una parte de esas ganancias dentro del país.
La pregunta económica es sencilla: ¿queremos atraer capital únicamente para extraer recursos y enviar las utilidades al exterior o queremos construir cadenas productivas que reinviertan, generen proveedores nacionales, empleo y tecnología?
Una Ley de Inversiones moderna debería premiar la segunda opción.
El riesgo de una venta acelerada de activos públicos
Existe además una discusión política y económica que no puede ser ignorada: la situación fiscal del Estado.
Si el Gobierno necesita recursos de manera urgente y simultáneamente aprueba un marco destinado a facilitar grandes inversiones privadas, existe el riesgo de que la Ley termine funcionando como una herramienta para acelerar la transferencia de determinados activos públicos al sector privado.
Eso no significa que toda participación privada sea negativa. En algunos sectores puede ser necesaria y eficiente. Pero vender una empresa pública para cubrir un déficit corriente no es lo mismo que atraer capital para desarrollar una nueva capacidad productiva.
Una privatización no debería utilizarse para resolver un problema fiscal de corto plazo a costa de perder ingresos o activos estratégicos de largo plazo.
Cada operación debería demostrar cuánto recibirá el Estado, qué obligaciones asumirá el comprador, qué inversión realizará, cuántos empleos generará y cuál será el beneficio económico para Bolivia.
El ciudadano debe estar en el centro
La discusión sobre inversiones suele concentrarse en el empresario y en el Estado. Sin embargo, falta un tercer actor: el ciudadano.
Una buena Ley de Inversiones debería traducirse en más empleo formal, mejores salarios, mayor productividad, nuevas empresas, transferencia tecnológica, mayores exportaciones y una ampliación sostenible de la base tributaria.
Si únicamente aumenta la rentabilidad del capital, pero no mejora el bienestar de la población, el modelo habrá cumplido parcialmente su objetivo.
Por ello, la Asamblea debería revisar artículo por artículo aspectos como la estabilidad tributaria, los mecanismos de arbitraje, las obligaciones ambientales, el acceso a tierra y agua, el régimen laboral, la repatriación de utilidades y los incentivos fiscales.
Bolivia necesita inversión, pero también necesita reglas
El país no puede darse el lujo de rechazar inversiones. La falta de capital, tecnología y divisas exige una política agresiva para atraer inversión nacional y extranjera.
Pero atraer inversión no significa entregar un cheque en blanco.
La verdadera seguridad jurídica no consiste únicamente en proteger al inversionista. Consiste también en garantizar que las reglas sean transparentes, que el Estado conserve capacidad de regulación, que las comunidades sean protegidas, que los recursos naturales sean administrados en beneficio del país y que una parte importante del valor generado permanezca en Bolivia.
La Ley de Inversiones puede convertirse en una herramienta para recuperar el crecimiento. Pero también puede convertirse en un mecanismo que limite al Estado durante décadas si sus garantías no están equilibradas con obligaciones claras.
Por eso, antes de aprobarla con una votación acelerada, la Asamblea debería abrir un debate económico nacional.
Bolivia necesita capital. Pero necesita, sobre todo, inversiones que dejen capacidades, empleo, tecnología, impuestos y valor agregado.
Porque el verdadero éxito de una Ley de Inversiones no debería medirse por cuántos millones ingresan al país, sino por cuánto desarrollo queda en Bolivia después de que esos millones llegan.
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