Las joyas de la abuela… ahora sí se venden

Por: Martin Moreira

Forma Parte de la Red de Economía Política Bolivia

 Lo curioso —o más bien lo revelador— es cómo, en cuestión de tiempo y conveniencia, una misma decisión puede pasar de ser un acto de “desesperación económica” a convertirse en una supuesta estrategia brillante. Ayer eran las “joyas de la abuela” que no se debían tocar; hoy, ese mismo oro aparece como la tabla de salvación para conseguir liquidez en un sistema donde los depósitos superan los 32.900 millones de dólares —más del 90% en bolivianos— y los créditos rondan los 32.600 millones, con un 99% también en moneda nacional.

Porque, al final, no se trata solo de vender oro, sino de sostener un equilibrio cada vez más frágil: conseguir dólares para evitar que una devaluación golpee de lleno al sistema financiero, mientras se cumplen las condiciones para acceder a financiamiento externo que, hasta ahora, ha llegado a cuentagotas. Todo envuelto en un discurso técnico que suena razonable, pero que deja una duda incómoda: ¿se busca realmente estabilizar la economía, o simplemente ganar tiempo antes de que el ajuste —inevitable y cada vez más evidente— termine recayendo, otra vez, sobre la población?

De pronto, lo que antes era un acto de “desesperación económica” hoy se vende como una supuesta genialidad financiera. Sí, hablamos del oro de las Reservas Internacionales Netas. Cuando era senador, Rodrigo Paz criticaba sin rodeos esta práctica, calificándola como “vender las joyas de la abuela”, es decir, desprenderse del patrimonio más valioso sin explicar siquiera el destino de los recursos. Pero claro, eso era en tiempos de oposición. Hoy, con una urgencia casi admirable, ese mismo oro se ha transformado en la solución estrella: venderlo, convertirlo en dólares y salir del paso. Porque, al final, no hay metáfora que sobreviva al ejercicio del poder. Cómo cambian los discursos cuando cambia la silla.

El reciente planteamiento del presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, de convertir las reservas de oro en dólares para “flexibilizar el tipo de cambio” ha encendido un debate que va mucho más allá de lo técnico. No se trata solo de una decisión financiera: es una definición política sobre quién paga el costo de la crisis y quién resulta protegido.

El argumento oficial parece, a primera vista, lógico. Si Bolivia tiene una gran proporción de sus reservas en oro, convertirlas en dólares permitiría fortalecer la liquidez externa, devolver ahorros retenidos y dar margen para liberar el tipo de cambio. “El beneficio es evidente”, se afirma. Sin embargo, lo que no se dice con la misma claridad es el verdadero destino de esos dólares.

Los depósitos superan los 32.900 millones de dólares al tipo de cambio oficial, pero más del 90% está en bolivianos. Es decir, una montaña de ahorros que depende de que el tipo de cambio siga siendo, digamos, “optimista”. Por su parte, los créditos rondan los 32.600 millones de dólares, y de ellos, el 99% también está en moneda nacional. Todo muy patriótico… hasta que llega la palabra incómoda: devaluación.

¿Y qué pasa entonces? Que cualquier devaluación significativa no es un simple ajuste técnico, sino un golpe directo al valor real de esos activos y pasivos. En términos menos elegantes: el dinero sigue siendo el mismo en números, pero vale bastante menos en la vida real. Y ahí es donde la estabilidad del sistema deja de ser un discurso… y se convierte en un problema.

Aquí aparece la clave: si el boliviano se devalúa, los bancos enfrentan una pérdida de poder adquisitivo en sus balances. Y es precisamente ahí donde entran los dólares que el BCB pretende obtener vendiendo el oro. No serían simplemente un respaldo macroeconómico, sino un colchón para evitar que el sistema financiero privado absorba el golpe.

En otras palabras, el oro de todos los bolivianos podría terminar funcionando como un mecanismo de compensación para los bancos frente a una devaluación que afectará principalmente a la población.

Pero ahora parece dispuesto a vender esas “joyas” a cualquier precio, con tal de abrir la puerta o meterle las garras a los millones de dólares en préstamos prometidos. Porque, siendo claros, lo que realmente ha llegado al país es bastante menos de lo anunciado: unos 550 millones de la CAF, cerca de 200 millones del Banco Mundial —destinados además a un Bono PEPE lleno de cuestionamientos e irregularidades— y otros 1.600 millones que quedaron atrapados en disputas dentro de la Asamblea Legislativa durante el gobierno de Luis Arce.

Es decir, después de tantas reuniones, visitas de representantes del BID y la CAF, viajes a Nueva York para negociar el futuro de los bolivianos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) o incluso con la Reserva Federal de Estados Unidos, y participación en foros internacionales —que por momentos se parecen más a turismo diplomático que a gestión efectiva—, el resultado concreto ha sido, por decir lo menos, bastante modesto.

Y si algo sí ha quedado claro, no son los beneficios, sino las condiciones: si Bolivia quiere acceder a mayores créditos, tendrá que devaluar su moneda, encarecer el costo de vida, dejar que los precios se “regulen” por el mercado, ajustar los carburantes y recortar subsidios al gas y a la energía. En resumen, el financiamiento viene con una factura que, como siempre, termina pagando la gente.

En otras palabras, el crédito viene con receta incluida. Y no precisamente una que beneficie a la mayoría. Porque, al final del día, esos recursos difícilmente se traducirán en mejoras reales en salud, educación o infraestructura pública. De hecho, como ya se ha señalado desde el propio Ministerio de Economía, buena parte de esos fondos estaría destinada a “fortalecer el sector productivo privado”, es decir, infraestructura y financiamiento para privados… a costa de todos los bolivianos.

Por eso, la conclusión cae por su propio peso: vender el oro de las Reservas Internacionales Netas no es una solución, sino un síntoma. Y lo que está en juego no es solo un activo financiero, sino el respaldo de todo un país. Porque si el costo del ajuste lo termina pagando la gente, entonces no hay discurso que lo justifique.

Esto plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿vale la pena sacrificar reservas estratégicas —las llamadas “joyas de la abuela”— para sostener un modelo que exige ajustes internos sin garantizar beneficios concretos para la mayoría?

Más aún cuando, hasta ahora, los flujos de financiamiento externo han sido limitados y condicionados. Las promesas abundan, pero los desembolsos efectivos son escasos. En ese contexto, vender oro no parece una estrategia de desarrollo, sino una medida desesperada para ganar tiempo.

El discurso también evidencia una contradicción política evidente. Lo que antes se criticaba como irresponsable —usar el oro como salvavidas— hoy se presenta como una solución urgente. Pero el cambio de narrativa no elimina el riesgo de fondo: perder activos estratégicos sin resolver los problemas estructurales de la economía.

Al final del día, la discusión no es técnica, sino profundamente social. Una devaluación encarece los alimentos, reduce el poder adquisitivo y golpea con mayor fuerza a quienes viven de ingresos fijos. Si a eso se suma la venta de reservas para sostener al sistema financiero, el mensaje es claro: el costo del ajuste recaerá, una vez más, sobre la población.

Por eso, más que debatir la conveniencia de vender oro, Bolivia necesita discutir el modelo económico que está detrás de estas decisiones. Porque cuando un país comienza a desprenderse de sus reservas estratégicas para sostener su estabilidad inmediata, no solo está resolviendo un problema coyuntural: está hipotecando su futuro.