Martín Moreira Forma parte de la Red de Economía Política Boliviana La crisis hidrocarburífera boliviana no comenzó ayer: es el resultado de años de
Martín Moreira
Forma parte de la Red de Economía Política Boliviana
La crisis hidrocarburífera boliviana no comenzó ayer: es el resultado de años de decisiones equivocadas, reservas sobreestimadas, falta de inversión exploratoria y una política energética que priorizó la explotación antes que la reposición de reservas. Sin embargo, entre 2020 y 2025 se avanzó en transparentar la verdadera situación del sector, estableciendo reservas de aproximadamente 2,45 TCF frente a un consumo anual cercano a los 0,7 TCF, y se impulsaron nuevos proyectos de exploración que dejaron oportunidades concretas para recuperar la producción, entre ellos Mayaya, Los Monos, Churumas y Tomás X-1 y X-2. El gobierno de Rodrigo Paz tenía la responsabilidad de dar continuidad a ese trabajo, pero, un año después, con apenas un 23% de ejecución presupuestaria en la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación de YPFB y proyectos estratégicos paralizados, Bolivia no solo está perdiendo tiempo, sino también oportunidades para recuperar su capacidad energética. El país no necesita descubrir nuevamente lo que ya descubrió: necesita desarrollar lo que encontró, invertir en lo que dejó pendiente y explorar lo que todavía desconoce. El problema ya no es solamente cuánto gas nos queda, sino por qué, teniendo proyectos y oportunidades para recuperar nuestras reservas y capacidad productiva, las decisiones y la falta de continuidad están comprometiendo aún más nuestro futuro hidrocarburífero.
Hablar de la crisis del gas en Bolivia exige mirar más allá de las cifras actuales y comprender cómo se llegó a esta situación. La certificación de 2,3 trillones de pies cúbicos (TCF) de reservas de gas natural, que permitirían sostener la producción aproximadamente hasta 2030 bajo las condiciones actuales, no representa un descubrimiento reciente de la actual administración. Es, fundamentalmente, la continuidad de un proceso de sinceramiento de las reservas que ya se había iniciado durante el gobierno de Luis Arce, cuando en 2024 se reportaban aproximadamente 2,5 TCF. La diferencia entre ambos datos no modifica sustancialmente el panorama: Bolivia enfrenta una reducción de su capacidad gasífera y necesita recuperar urgentemente su actividad exploratoria.
Pero para entender esta realidad también hay que revisar la historia. Durante el periodo neoliberal, entre 1986 y 2006, la política hidrocarburífera estuvo concentrada principalmente en la explotación y exportación de gas, sin desarrollar un esfuerzo equivalente para garantizar la reposición de reservas. Incluso, durante los últimos años de ese periodo, entre 2001 y 2005, se manejaron cifras que llegaron a situar las reservas en aproximadamente 24 TCF. Esa estimación alimentó el discurso del denominado mar de gas que recibió el país en 2006, una narrativa que contrastaba con una demanda interna que entonces se encontraba alrededor de los 0,4 TCF anuales.
Posteriormente, durante el proceso de nacionalización y los gobiernos del Movimiento al Socialismo, Bolivia experimentó una transformación importante en el uso de este recurso estratégico. El gas dejó de ser exclusivamente un producto destinado a la exportación y comenzó a socializarse mediante la ampliación de conexiones domiciliarias, la instalación de redes de distribución y la conversión de vehículos, particularmente del transporte público, al gas natural vehicular. El consumo interno pasó de aproximadamente 0,4 TCF a niveles cercanos a 0,7 TCF, mientras se mantenían importantes volúmenes destinados a la exportación.
Esta transformación tuvo un impacto económico y social considerable. Sin embargo, también dejó una deuda pendiente: la exploración. Durante buena parte de los gobiernos de Evo Morales, la actividad exploratoria fue insuficiente y varios proyectos no alcanzaron los resultados esperados. La prioridad estuvo puesta en aprovechar los campos existentes, pero no se consiguió desarrollar una estrategia sostenida que garantizara la reposición de las reservas consumidas. La nacionalización permitió recuperar el control estatal de los hidrocarburos, pero no resolvió automáticamente los problemas estructurales de exploración.
El problema de las reservas y las responsabilidades que no se pueden ocultar
Uno de los momentos más importantes para comprender la crisis actual se encuentra en 2017 y 2018. Según informes internos de YPFB mencionados en los antecedentes de este análisis, las reservas ya habrían descendido hasta aproximadamente 7 TCF. Sin embargo, no se habrían emitido oportunamente las alertas correspondientes y se mantuvo públicamente una percepción de abundancia gasífera que no reflejaba adecuadamente la situación real.
La consecuencia de esa falta de transparencia fue mucho más grave que una discusión estadística. Mantener una imagen de abundancia de reservas debilitó la necesidad de impulsar nuevas inversiones exploratorias y postergó decisiones que eran indispensables para garantizar el futuro energético del país. Se continuó administrando la expectativa de un mar de gas cuando Bolivia necesitaba asumir que sus reservas estaban disminuyendo.
Por eso, la responsabilidad histórica no puede atribuirse a una sola administración. Hay responsabilidades en el periodo neoliberal, en la gestión de Evo Morales y en las decisiones que posteriormente no consiguieron revertir oportunamente el deterioro de las reservas.
Durante el gobierno de Luis Arce se produjo un cambio importante en este escenario: se comenzó a transparentar la realidad hidrocarburífera y se reactivó una agenda de exploración que permitió desarrollar nuevos proyectos y descubrimientos. Entre ellos se encuentran Mayaya, Los Monos, Churumas, Tomás X-1 y X-2, además de otras áreas prospectivas y proyectos como Llamparés y Domo Oso.
Estos resultados deben entenderse dentro de una estrategia de reposición de reservas. No significan que todos esos descubrimientos estén produciendo comercialmente ni que hayan resuelto el problema del abastecimiento, pero sí representan activos y oportunidades que requieren continuidad, inversión y desarrollo.
En otras palabras, el gobierno de Arce no recibió una industria hidrocarburífera con reservas ilimitadas ni solucionó todos los problemas acumulados. Lo que hizo fue transparentar una parte importante de la situación y dejar proyectos exploratorios que debían convertirse en la base de una nueva etapa de producción.
La exploración se detiene y los proyectos pierden continuidad
Aquí aparece una de las principales contradicciones de la administración de Rodrigo Paz. Si Bolivia enfrenta una disminución de sus reservas, la respuesta debería ser acelerar la exploración, garantizar inversiones y desarrollar los campos que ya fueron identificados. Sin embargo, los datos de ejecución presupuestaria de la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación de YPFB muestran una realidad preocupante.
De acuerdo con la información proporcionada para este análisis, durante los últimos años se registraron niveles de ejecución presupuestaria considerablemente superiores, mientras que la gestión actual presenta apenas un 23% de ejecución.
Este porcentaje corresponde exclusivamente a la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación, no al presupuesto total de YPFB. Es una precisión fundamental, porque permite medir el desempeño de la actividad exploratoria sin confundirlo con el conjunto de las operaciones de la empresa estatal.
Además, parte de esa ejecución estaría vinculada a la continuidad y los pagos de proyectos que ya se encontraban en marcha. Es decir, no necesariamente representa nuevos proyectos, nuevas perforaciones o una ampliación efectiva de la frontera exploratoria. La diferencia es importante: ejecutar recursos comprometidos anteriormente no equivale a construir una nueva política hidrocarburífera.
El caso de Mayaya es particularmente ilustrativo. Se trata de uno de los descubrimientos más importantes de los últimos años, que debía avanzar hacia nuevas etapas de desarrollo. Sin embargo, según los antecedentes proporcionados, el proyecto sufrió una paralización y recién ahora se estarían entregando trabajos relacionados con caminos y planchadas, infraestructura necesaria para continuar las operaciones.
Una situación similar se señala en el caso de Bermejo, donde también se habrían detenido actividades relacionadas con un descubrimiento considerado importante. A ello se suma la falta de continuidad de otros proyectos como Los Monos, en Santa Cruz, y Churumas, en Tarija.
La pregunta es inevitable: ¿qué sentido tiene desarrollar una actividad exploratoria, identificar nuevos recursos y comprometer inversiones públicas si después la siguiente administración no garantiza su continuidad?
La política energética de un país no puede depender de las diferencias políticas entre gobiernos ni de la identidad de quienes impulsaron determinados proyectos. El gas pertenece a Bolivia, no a un partido político. Paralizar una iniciativa porque fue desarrollada durante una administración anterior constituye una decisión que puede terminar perjudicando a todo el país.
Una ley que quedó en el camino y cinco años de oportunidad que se pierden
Otro elemento que merece atención es el proyecto de modificación de la Ley 767, del 11 de diciembre de 2015, de promoción para la exploración y explotación de hidrocarburos.
En agosto de 2025, una comisión de la Cámara de Diputados aprobó una propuesta orientada a reactivar y optimizar las actividades del sector hidrocarburífero. La iniciativa buscaba dinamizar la industria, fomentar la inversión privada y mejorar los mecanismos de exploración y explotación, manteniendo el objetivo de una gestión soberana y eficiente de los recursos.
Uno de sus componentes era el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH), vinculado a recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
La propuesta representaba una herramienta para impulsar nuevas inversiones, acelerar la exploración y aprovechar campos que ya habían sido identificados. Sin embargo, pese a su aprobación en comisión, no logró completar su tratamiento legislativo y quedó sin continuidad en la nueva Asamblea Legislativa.
Esto no es un asunto administrativo menor. Bolivia necesita mecanismos de financiamiento e incentivos que permitan transformar los descubrimientos en producción efectiva. Sin una legislación que establezca condiciones claras para invertir, sin una política de exploración y sin seguridad jurídica, los proyectos permanecen en el papel y las oportunidades se pierden.
La ausencia de una nueva ley de hidrocarburos y de un marco integral de inversiones constituye una señal de incertidumbre para un sector que requiere planificación de largo plazo.
El problema es que el tiempo juega en contra de Bolivia. Si las reservas certificadas se sitúan en 2,3 TCF y el consumo anual ha pasado de aproximadamente 0,7 a 0,86 TCF, la presión sobre los recursos disponibles es evidente. La cifra de 2030 no debe interpretarse como una fecha exacta de agotamiento, porque depende de la producción, los nuevos descubrimientos y las condiciones de demanda, pero sí constituye una advertencia sobre la urgencia de actuar.
En ese escenario, desarrollar los campos ya descubiertos podría ofrecer un margen adicional de tiempo. Según la estimación planteada en este análisis, una mayor actividad en campos como Margarita, Sábalo y otros yacimientos en operación podría aportar aproximadamente cinco años adicionales de producción, que se sumarían a los tres años de horizonte que se atribuyen a las reservas actuales. Se trataría de una oportunidad potencial de alrededor de ocho años para avanzar en nuevas exploraciones, inversiones y desarrollos productivos. No es una garantía de reservas adicionales: depende de las perforaciones, los resultados técnicos y la viabilidad económica.
Bolivia necesita una política energética, no una administración de la escasez
La discusión de fondo no es si Bolivia debe atraer inversión privada o mantener la participación estatal. Ambas pueden coexistir. La verdadera discusión es si el país tiene una estrategia para recuperar su capacidad productiva o si continuará administrando la caída de sus reservas mientras traslada los costos de la crisis a la población.
El gobierno de Rodrigo Paz recibió una industria con problemas acumulados, pero también recibió proyectos exploratorios, descubrimientos y una agenda de trabajo que podía continuar y profundizar. Su responsabilidad no era comenzar desde cero ni desconocer lo avanzado, sino garantizar la continuidad de las inversiones, desarrollar los campos identificados y construir un marco normativo que permitiera ampliar la exploración.
Sin embargo, un 23% de ejecución presupuestaria en la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación, la falta de continuidad de proyectos como Mayaya y Bermejo y la ausencia de una nueva legislación integral plantean serias dudas sobre la dirección de la política hidrocarburífera.
Y aquí aparece la contradicción económica más importante: mientras el país pierde capacidad de generación de divisas por la reducción de sus exportaciones de gas, tampoco consigue acelerar las inversiones necesarias para recuperar esa capacidad. El resultado es una presión adicional sobre la balanza comercial, las reservas internacionales, los ingresos fiscales y la disponibilidad de recursos para financiar el desarrollo nacional.
Bolivia no puede resolver su crisis hidrocarburífera únicamente con discursos sobre inversión privada, reformas normativas o promesas de apertura económica. Necesita perforaciones, infraestructura, financiamiento, planificación y continuidad institucional. Los descubrimientos no generan ingresos por sí solos; necesitan convertirse en campos productivos.
El gas sigue siendo un insumo estratégico para la economía boliviana. Su importancia no se limita a las exportaciones: está relacionado con los ingresos del Estado, la generación de divisas, la industria, el empleo y el abastecimiento interno.
Por eso, la pregunta que debe responder el gobierno de Rodrigo Paz no es solamente cuánto gas queda en Bolivia, sino qué está haciendo para evitar que las reservas sigan disminuyendo sin una reposición suficiente.
Porque si el gobierno de Luis Arce dejó proyectos que debían continuar, la obligación de la nueva administración era desarrollarlos, independientemente de quién los hubiera iniciado. Detenerlos por razones políticas no es una política energética: es sacrificar el futuro económico del país por disputas del presente.
Bolivia no necesita descubrir nuevamente lo que ya descubrió. Necesita desarrollar lo que encontró, invertir en lo que dejó pendiente y explorar lo que todavía no conoce. El verdadero problema no es solamente que tengamos menos gas, sino que, teniendo proyectos y oportunidades para recuperarlo, estemos dejando que el tiempo y las decisiones políticas terminen de consumir nuestras posibilidades.
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