Por: Martin Moreira Los indicadores y proyecciones económicas positivas, respaldadas por leyes que fortalecen las Reservas Internacionales Netas (R
Por: Martin Moreira
Los indicadores y proyecciones económicas positivas, respaldadas por leyes que fortalecen las Reservas Internacionales Netas (RIN), el trabajo diligentemente para estabilizar el tema de la escasez de la divisa del dólar, la cual ya está siendo subsanada, evidenciado por la presencia de 264 millones de dólares en los bancos, una cifra similar a la registrada a finales del 2022, junto con una inversión pública constante y el cumplimiento de los servicios de la deuda, así como políticas de subsidio que benefician a todos los bolivianos protegiendo su poder adquisitivo, surgen preguntas inevitables. ¿Qué criterios utiliza Fitch Ratings para su evaluación? ¿Qué aspectos no está considerando esta calificadora? ¿Podrían motivos políticos influir en su comprensión limitada del exitoso modelo económico boliviano? Estas interrogantes emergen al examinar la situación detenidamente.
Fitch Ratings ha rebajado la calificación de Bolivia de B- a “CCC”, citando la disminución de las Reservas Internacionales Netas (RIN) como uno de los factores principales. Otro punto destacado por esta agencia calificadora de riesgos es la limitación del financiamiento externo debido a las divisiones políticas, especialmente la fragmentación dentro del partido gobernante MAS, lo cual ha complicado la aprobación de préstamos externos destinados a fortalecer las reservas.
Para comprender completamente los motivos detrás de la rebaja de calificación por parte de las agencias de riesgo, es necesario analizar tres contextos: el internacional, el interno y por último, evaluar los indicadores y proyecciones económicas del país. Además, es crucial examinar las medidas que se están implementando para mejorar la situación económica, especialmente a través de un modelo exitoso que esté logrando transformar la matriz productiva y exportadora de Bolivia.
Para empezar, es crucial abordar las constantes elevaciones de tasas de interés y el aumento de las mismas a nivel mundial. Esto ha llevado a los países en desarrollo a destinar una cifra récord de USD 443.500 millones al pago de su deuda externa pública y con garantía pública. El incremento en los costos ha resultado en la desviación de recursos escasos, descuidando necesidades críticas como la salud, la educación y el medio ambiente.
Los pagos del servicio de la deuda, que incluyen el capital y los intereses, aumentaron un 5 % respecto al año anterior en todos los países en desarrollo. Incluso, la Institución del Banco Mundial que brinda apoyo a los países más pobres, desembolsó un monto sin precedentes de USD 88.900 millones en concepto de costos del servicio de la deuda.
Los niveles de deuda sin precedentes y las altas tasas de interés han llevado a que muchos países se encaminen hacia un escenario de crisis en el futuro. Cada trimestre que las tasas de interés se mantienen altas, más países en desarrollo se ven afectados y se enfrentan a la difícil decisión de elegir entre pagar la deuda pública o invertir en salud pública, educación e infraestructura.
Sin embargo, el caso boliviano es diferente. Es importante recordar que, durante la gestión pasada, cuando las calificadoras de riesgo evaluaron a Bolivia y redujeron su calificación, lo hicieron bajo el argumento de que el país tenía una alta probabilidad de incumplimiento de pagos de la deuda. No obstante, el Gobierno Nacional ha honrado sus deudas de manera puntual y ha podido invertir en infraestructura, salud y educación. Además, ha mantenido la subvención a hidrocarburos y alimentos para proteger a las poblaciones vulnerables. También, se ha centrado en la inversión para transformar la materia prima, añadiendo valor agregado.
En el ámbito interno, la megacoalición opositora encabezada por la fracción Evista, que tiene compromisos y acuerdos con los partidos de derecha liderados por Camacho y Mesa, que solo buscan el poder a cualquier costo incluso atentando contra la economía del país y por consecuencia lógica contra la vida de las familias bolivianas. Un claro ejemplo son los 16 días de bloqueos que ocasionaron pérdidas de 1.000 millones de dólares, dañando el aparato productivo, el turismo, el mercado interno y las exportaciones del país, así como las vías carreteras con daños que ascienden a dos millones de bolivianos.
Esta megacoalición ha estado actuando desde el 2022 boicoteando leyes clave para el país, como la Ley de Fortalecimiento de las Reservas Internacionales con la Compra de Oro. Esta ley estuvo estancada durante tres años en la asamblea, debido a que estos individuos buscan socavar la gestión económica nacional. Sin embargo, una vez aprobada, en tan solo tres meses logró la compra de 4,9 toneladas de oro, lo que evidencia su potencial para fortalecer las reservas del país.
Además, estos mismos individuos han obstaculizado la aprobación de créditos de Organismos Internacionales que ascienden a cerca de 800 millones de dólares, los cuales podrían haber aliviado y fortalecido las Reservas Internacionales Netas, además de financiar diversas inversiones públicas e infraestructuras necesarias. Asimismo, han boicoteado el Presupuesto Reformulado 2023 y el Presupuesto del Estado 2024, así como la continua negación de la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.
Es preocupante la persistente negativa a esta ley fundamental para controlar el ingreso de dinero proveniente de actividades ilegales. Surge la interrogante de si estos recursos ilegales están financiando dichos bloqueos. Resulta alarmante la resistencia a transparentar la fortuna de ciertos políticos. Por lo tanto, es necesario esclarecer cuál es el miedo detrás de esta ley y abordar este tema con urgencia.
Todos estos problemas internos son vistos por la calificadora como inestabilidad social, y por ende, se apoya en esa coyuntura para rebajar la calificación del país. Esto se debe a las ambiciones desmedidas del poder de ciertos políticos.
El tercer punto que la calificadora Fitch Rating pasa por alto es el informe que coloca las proyecciones de crecimiento para Bolivia en un rango pesimista. En 2023, el país se destacó como la tercera economía con mayor crecimiento en la región. A pesar del contexto internacional desfavorable, Bolivia logró un crecimiento positivo, a diferencia de Argentina, Uruguay, Chile y Perú, que registraron cifras negativas en su Producto Interno Bruto (PIB) al tercer trimestre de 2023.
Para 2024, se proyecta nuevamente un crecimiento positivo del PIB, basado en las perspectivas de las nuevas industrias inauguradas y los proyectos en ejecución, enmarcados en el plan de industrialización con sustitución de importaciones. Ejemplos de estos proyectos incluyen la planta de fertilizantes granulados (NPK), la planta de carbonato de litio, la planta siderúrgica del Mutún, así como las plantas de Biodiésel y diésel renovable (FAME 1, FAME 2 y HVO), entre otros que fomentarán la producción en diversos sectores de la economía, aspectos que Fitch no valora.
Además, la evaluación de Fitch no considera la implementación del “Plan de Reactivación Upstream 2021 – 2024”, que prioriza proyectos de exploración en la búsqueda de nuevos yacimientos de gas y petróleo.
Es esencial destacar la efectividad de las medidas implementadas para gestionar los recursos energéticos de manera más eficiente, así como el uso de biocombustibles como el etanol, que contribuyen a reducir la cantidad de combustible subvencionado y disminuir su impacto en las finanzas públicas.
El informe tampoco evalúa la recuperación del mercado laboral, donde las cifras oficiales de desempleo muestran una tendencia a la baja, destacando la recuperación del mercado laboral con niveles cercanos a los previos a la pandemia. Esto posiciona a Bolivia de manera destacada a nivel sudamericano y cuenta con el reconocimiento de organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
También es relevante recordar que las exportaciones de la industria manufacturera representaron más del 50% del total exportado en los años 2021, 2022 y hasta noviembre de 2023, lo que ha reducido la dependencia de las exportaciones de materias primas.
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