Por: Martin Moreira Forma Parte de la Red de Economía Política Boliviana En Bolivia, el debate sobre las empresas públicas ha estado marcado por
Por: Martin Moreira
Forma Parte de la Red de Economía Política Boliviana
En Bolivia, el debate sobre las empresas públicas ha estado marcado por una fuerte polarización política, reavivada por declaraciones de actores como Pablo Camacho, director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) y evidente representante del sector privado, cuyas posiciones suelen interpretarse más en sintonía con enfoques ideológicos y de mercado que con evaluaciones estructurales integrales sobre el rol del Estado en la economía. Para algunos sectores, estas empresas representan ejemplos casi inevitables de ineficiencia, burocracia y dependencia fiscal; para otros, constituyen herramientas estratégicas fundamentales para garantizar soberanía económica, estabilidad social e industrialización nacional. Sin embargo, entre ambas visiones suele perderse una dimensión esencial: las empresas estatales no pueden analizarse únicamente desde consignas políticas ni reducirse a balances contables aislados, porque operan en sectores donde convergen objetivos económicos, sociales y geopolíticos. En ese escenario, Bolivia enfrenta una tensión constante entre la necesidad de eficiencia productiva y la presión por utilizar el aparato estatal como instrumento de redistribución, regulación de mercados y construcción de desarrollo interno. Esta dualidad ha generado avances relevantes en áreas como empleo, abastecimiento e industrialización, pero también ha expuesto limitaciones profundas vinculadas a problemas de gestión, planificación, sostenibilidad financiera y uso político. Por ello, el análisis sobre las empresas públicas señaladas como deficitarias o “en quiebra” requiere superar tanto la crítica simplista que las presenta como cargas inevitables, como la defensa automática que ignora sus debilidades. Más que discutir su existencia en términos absolutos, el verdadero desafío consiste en evaluar qué funciones estratégicas cumplen, cuáles poseen viabilidad económica real, qué reformas estructurales necesitan y hasta qué punto su fortalecimiento o transformación puede definir el modelo de desarrollo boliviano en los próximos años.
En los últimos años, el debate sobre el rol de las empresas estatales en Bolivia ha cobrado una renovada intensidad. Mientras algunos sectores insisten en calificarlas como ineficientes o incluso inviables, los datos muestran un panorama más complejo, donde coexisten avances significativos, problemas estructurales y, sobre todo, un potencial aún no plenamente aprovechado. En este contexto, resulta fundamental analizar con rigor la situación de las empresas públicas señaladas como “en quiebra”, incorporando sus antecedentes, su contribución económica y social, y las condiciones necesarias para su recuperación.
Uno de los indicadores más relevantes para evaluar el desempeño del aparato productivo estatal es la evolución de sus ingresos. Entre 2021 y 2024, las empresas estatales registraron un crecimiento sostenido, pasando de aproximadamente 1.526 millones a cerca de 2.887 millones de bolivianos. Este incremento no solo refleja una mejora en la capacidad operativa, sino también una reactivación económica posterior a la pandemia. Sin embargo, en 2025 se observa una desaceleración en los ingresos acumulados hasta septiembre, lo que contrasta con la proyección de cerrar el año en torno a los 2.582 millones. Este comportamiento no puede atribuirse exclusivamente a fallas internas, sino que también responde a un contexto de menor dinamismo económico y decisiones políticas que han limitado la expansión productiva.
El impacto de las empresas estatales no se restringe a los ingresos. En términos de empleo, han demostrado ser un motor importante de generación de trabajo. Entre 2021 y 2023 se registró un crecimiento sostenido, alcanzando cerca de 3.939 empleos directos y más de 14.600 indirectos. Aunque en 2024 se produjo una caída, las proyecciones para 2025 apuntan a una recuperación, con más de 15.500 empleos indirectos. Este efecto multiplicador evidencia que el cierre de estas empresas tendría consecuencias significativas no solo en el ámbito productivo, sino también en el tejido social.
La discusión sobre la viabilidad de las empresas públicas suele centrarse en indicadores financieros tradicionales, como utilidades o niveles de endeudamiento. No obstante, este enfoque resulta limitado. A diferencia del sector privado, las empresas estatales cumplen funciones estratégicas que incluyen la estabilidad de precios, la seguridad alimentaria, la industrialización y el apoyo a economías locales. En este sentido, su evaluación debe incorporar variables sociales y económicas más amplias.
Desempeño, avances y desafíos estructurales de las empresas públicas en Bolivia
En Bolivia comienza a instalarse, cada vez con más fuerza, una discusión de fondo sobre el futuro de sus empresas públicas productivas. Bajo el argumento de aumentar la eficiencia, atraer inversión y expandir la producción, sectores vinculados a EMAPA y EBA podrían transitar progresivamente hacia esquemas de mayor participación privada, particularmente ligados al agronegocio. Este escenario no solo plantea interrogantes económicos, sino también políticos: ¿debe el Estado retirarse parcialmente de áreas estratégicas o fortalecer su presencia como actor productivo? La respuesta definirá buena parte del modelo de desarrollo nacional en los próximos años.
La posibilidad de una transferencia gradual hacia intereses privados abre un debate crucial sobre soberanía alimentaria, industrialización y redistribución. Si bien el discurso de mayor productividad puede resultar atractivo en un contexto de desaceleración económica, también existe el riesgo de que empresas concebidas para equilibrar mercados, apoyar a pequeños productores y garantizar abastecimiento terminen subordinadas a lógicas de rentabilidad concentrada. En otras palabras, la discusión no pasa únicamente por producir más, sino por quién controla esa producción y con qué objetivos.
Un ejemplo emblemático es la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), que ha consolidado una red de 100 sucursales y trabaja con 292 proveedores nacionales. Su rol en la seguridad alimentaria es clave, al garantizar reservas estratégicas de productos como arroz, maíz y trigo. A pesar de las fluctuaciones en los volúmenes de acopio —con un pico en 2023 y una caída significativa en 2024—, la política de subsidios ha permitido mantener estable el precio del pan de batalla. Este tipo de intervenciones, aunque costosas, cumplen una función social esencial en contextos de inflación y volatilidad.
Asimismo, el proceso de reactivación de empresas como ENVIBOL, ECEBOL, EBA, EMAPA y SENATEX ha generado importantes efectos en el empleo y la economía. En conjunto, han creado 17.000 empleos directos y 87.000 indirectos en la fase de construcción, además de 3.600 empleos directos y 15.000 indirectos en operación. En términos financieros, estas empresas han alcanzado ingresos superiores a Bs 11.250 millones y utilidades netas de Bs 288,14 millones entre 2021 y 2025, además de contribuir con Bs 177,5 millones al Bono Juancito Pinto.
En ese marco, la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA) aparece como uno de los casos más emblemáticos. Para la zafra 2025, proyectó la molienda de más de 163.000 toneladas de caña de azúcar, con una producción cercana a 290.000 quintales de azúcar y más de 1,7 millones de litros de alcohol. Desde agosto de 2025, la estatal no solo activó su producción principal, sino también la generación de energía eléctrica para el Sistema Interconectado Nacional y el aprovechamiento de derivados industriales. Estos resultados muestran que, pese a problemas operativos heredados de anteriores gestiones, EASBA busca consolidarse como un polo económico clave en el norte paceño. Su evolución será determinante para medir si una empresa estatal puede transformarse en motor regional o si terminará siendo presentada como candidata a procesos de apertura privada.
Boliviana de Aviación (BOA), por su parte, enfrenta una problemática distinta, pero igualmente estructural. Su principal debilidad radica en el descalce cambiario: mientras cerca del 80% de sus ingresos se generan en bolivianos y apenas un 20% en dólares, una parte significativa de sus costos —mantenimiento, repuestos, leasing e insumos— está dolarizada. Este desequilibrio erosiona su sostenibilidad financiera y explica buena parte de sus pérdidas. Más que un problema exclusivamente administrativo, BOA refleja las tensiones de operar en un mercado global con una estructura de ingresos predominantemente doméstica. El desafío no parece pasar necesariamente por la privatización, sino por una reingeniería financiera y comercial que permita generar mayores ingresos en divisas y reducir vulnerabilidades externas.
En el ámbito industrial, Cartonbol representa otra expresión de las contradicciones del aparato estatal productivo. Durante 2025 avanzó en la renovación de su certificación ISO 9001:2015, anunció una inversión de Bs 57 millones para una nueva planta en Oruro orientada a bolsas cementeras y diversificó su oferta con nuevas líneas de empaque. Sin embargo, estos avances conviven con una realidad financiera compleja: una producción de 1.677 toneladas, ingresos por Bs 34,6 millones y pérdidas económicas persistentes pese a una alta demanda. El caso revela que producir más no siempre garantiza rentabilidad si persisten problemas de estructura, costos o gestión comercial. Cartonbol no enfrenta únicamente el reto de expandirse, sino de demostrar viabilidad sostenida en un mercado competitivo.
Yacana y Quipus, en tanto, podrían requerir redefiniciones más profundas. Yacana necesita una orientación más agresiva hacia mercados externos, apostando por exportación y generación de divisas como mecanismo para fortalecer su sostenibilidad. Quipus, en cambio, podría encontrar mayor sentido estratégico bajo la órbita del Ministerio de Educación, convirtiéndose en una herramienta para democratizar el acceso tecnológico y reducir brechas digitales entre estudiantes bolivianos. En ambos casos, la discusión no es solo empresarial, sino de política pública: convertir compañías estatales en actores rentables o instrumentos de desarrollo social.
Sin embargo, no todas las empresas presentan resultados positivos. Un grupo significativo enfrenta pérdidas acumuladas y altos niveles de endeudamiento. Entre ellas destacan Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), con pérdidas superiores a los 4.700 millones de bolivianos y un endeudamiento crítico; la Agencia Boliviana Espacial (ABE), con un saldo negativo de más de 400 millones.
Otras empresas en situación compleja incluyen la Empresa Metalúrgica Karachipampa, Bolivia TV, entre otras todas con pérdidas significativas y niveles de deuda elevados. En el ámbito productivo, la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro) se encuentra en quiebra, con pérdidas que superan ampliamente su patrimonio. También figuran en esta lista empresas como EBC, TAM y EBIH, cada una con distintos grados de deterioro financiero.
En conjunto, estas empresas acumulan pérdidas por 2.655 millones de bolivianos y un patrimonio negativo de 1.901 millones, según estimaciones recientes. Estas cifras han sido utilizadas para justificar propuestas de cierre o privatización. Sin embargo, esta visión ignora factores clave.
Respuesta a las críticas: contexto, desafíos y visión estratégica para el fortalecimiento de las empresas públicas
En primer lugar, toda industria —ya sea pública o privada— requiere períodos prolongados para recuperar sus inversiones, especialmente en sectores intensivos en capital como la minería, la energía o la industrialización. En muchos casos, estos procesos superan los diez años antes de generar retornos sostenibles.
En segundo lugar, el contexto internacional ha sido particularmente adverso. Los conflictos geopolíticos, las restricciones en el acceso a divisas y la desaceleración de la economía mundial han afectado de manera significativa a empresas de todos los sectores, limitando su capacidad de crecimiento y consolidación.
Asimismo, la posibilidad de quiebra no es exclusiva del sector público. A nivel global, tanto empresas privadas como estatales enfrentan riesgos financieros y operativos. La diferencia principal radica en la calidad de su gestión, la planificación estratégica y el entorno institucional en el que se desarrollan.
Las críticas formuladas por algunos actores, como el director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), señalan la ausencia de una visión técnica e industrial sólida. Sin embargo, estas observaciones también han sido cuestionadas por no incorporar un análisis integral que reconozca el papel estratégico que estas empresas pueden desempeñar en el desarrollo nacional.
Por ello, el verdadero desafío no consiste únicamente en decidir entre cerrar o mantener estas empresas, sino en diseñar estrategias efectivas para su rescate, modernización y fortalecimiento. Esto implica mejorar la gestión administrativa, optimizar costos, incorporar innovación tecnológica, fortalecer la transparencia y, sobre todo, articular sus objetivos con una política industrial de largo plazo.
El rescate de las empresas públicas no debe interpretarse simplemente como un gasto fiscal, sino como una inversión estratégica en desarrollo. Su capacidad para generar empleo, sustituir importaciones, diversificar la economía y sostener políticas sociales las convierte en instrumentos fundamentales para el crecimiento económico y la soberanía productiva.
El debate sobre las empresas estatales en Bolivia exige superar visiones simplistas. Ni todas son exitosas ni todas están destinadas al fracaso. Existen casos críticos que requieren intervención urgente, pero también experiencias positivas que demuestran su viabilidad. El verdadero reto consiste en construir una política pública que combine eficiencia, sostenibilidad y compromiso social, orientada no al desmantelamiento, sino al fortalecimiento de un aparato productivo capaz de responder a las necesidades presentes y futuras del país.
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