Por Martin Moreira Miembro de la Red Boliviana de Economía Política De la responsabilidad social al negocio privado: el nuevo esquema eléctrico abre
De la responsabilidad social al negocio privado: el nuevo esquema eléctrico abre la puerta a intermediarios, encarece los costos de producción y amenaza con convertir un servicio estratégico en una fuente de ganancias privadas. Mientras se habla de cuidar el bolsillo de los ciudadanos, los hogares y las empresas podrían terminar pagando la factura de una política económica que privilegia el ajuste sobre la producción.
El ajuste tenía que llegar y llegó. Después del dieselazo, la flexibilización cambiaria y el encarecimiento de los costos de vida, ahora el turno es de la energía eléctrica. El Gobierno de Rodrigo Paz avanza hacia un nuevo esquema que, según los datos expuestos sobre los decretos 5598 y 5750, incorpora un incremento del 5% y abre espacios para la participación de intermediarios privados en la comercialización de energía. El problema no es solamente cuánto subirá la factura de luz, sino qué modelo económico se está construyendo detrás de esa decisión: uno en el que el Estado asume los costos, mientras los privados encuentran nuevas oportunidades para capturar ganancias.
Para entender el alcance de esta medida, es necesario recordar cuál fue la función de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE). Durante años, su papel estratégico no se limitó a generar ingresos, sino que estuvo vinculado a garantizar el suministro eléctrico, ampliar la cobertura y proporcionar energía a precios razonables para los hogares, las comunidades y el aparato productivo. La electricidad no es una mercancía cualquiera: es un insumo fundamental para la industria, el comercio, los servicios y la vida cotidiana. Según las cifras expuestas, Bolivia alcanzó una cobertura eléctrica del 96% de la población, un avance que debe analizarse también desde la perspectiva de la responsabilidad social del Estado y de la ampliación de los servicios básicos.
La lógica de una empresa pública estratégica consiste en garantizar el servicio, cubrir sus costos operativos, pagar salarios, invertir y ampliar su capacidad. Eso no significa que ENDE deba operar sin eficiencia ni rentabilidad, sino que sus resultados deben responder al interés nacional. La pregunta es qué ocurre cuando esa prioridad comienza a desplazarse y el sistema eléctrico se reorganiza para abrir espacios de intermediación privada.
El Decreto Supremo 5598, al que se atribuye la introducción de cambios en la comercialización de energía y un incremento del 5%, constituye un punto central de esta discusión. De acuerdo con la interpretación planteada, el esquema permite que actores privados participen en subastas de electricidad y en operaciones relacionadas con la generación y comercialización de energía. Posteriormente, el Decreto Supremo 5750 consolidaría la aplicación de ese mecanismo. Para evaluar plenamente sus consecuencias, es necesario revisar el texto oficial de ambas normas, sus disposiciones tarifarias y las condiciones concretas bajo las cuales pueden participar los operadores privados. Sin embargo, la preocupación económica es clara: si se incorpora un intermediario que compra y revende energía, hay que explicar qué valor aporta, quién asume los costos y quién termina apropiándose del margen de ganancia.
Pongamos un ejemplo sencillo. Si un hogar paga Bs 300 mensuales por electricidad, un incremento del 5% representa Bs 15 adicionales, por lo que su factura pasaría a Bs 315, manteniendo constante el consumo y suponiendo que el aumento se aplique íntegramente a esa factura. En diez meses, el costo adicional acumulado sería de Bs 150. No significa que la factura mensual suba automáticamente a Bs 450: significa que, durante ese periodo, el hogar habrá pagado Bs 150 más de lo que habría pagado sin el incremento. Esta distinción es importante porque el debate económico necesita cifras claras y comparables.
Ahora bien, el impacto no termina en ese 5%. Si también aumentan los precios de los combustibles, del gas y otros insumos utilizados en la producción y el transporte, las empresas pueden trasladar parte de esos costos al precio final de los bienes y servicios. En ese escenario, una familia que hoy paga Bs 300 de electricidad podría enfrentar una presión creciente sobre su presupuesto por la combinación de varios ajustes. La cifra de Bs 500 mensuales mencionada como escenario de preocupación debe entenderse como una proyección que requiere calcular el efecto conjunto de esas medidas, no como una consecuencia automática del incremento eléctrico del 5%.
Aquí aparece otro elemento fundamental: la matriz de generación eléctrica boliviana. Según la cifra planteada en el debate, el 78% de la electricidad provendría de centrales termoeléctricas que utilizan gas natural. Este dato debe contrastarse con las estadísticas oficiales de generación, porque la participación del gas puede variar según el periodo y la metodología empleada. Pero el problema estructural es indiscutible: cuando una parte importante de la electricidad depende de combustibles, cualquier modificación de sus costos puede repercutir en el sistema eléctrico y en la competitividad de la economía.
Se ha mencionado, además, un posible incremento de hasta el 300% en el precio del gas. Una variación de esa magnitud tendría consecuencias importantes para los costos energéticos, pero es indispensable precisar a qué precio, sector, tarifa y periodo se refiere antes de afirmar que se trasladará íntegramente a la factura eléctrica. El efecto dependerá de los contratos de suministro, la regulación, los costos de generación y las decisiones tarifarias. La ciudadanía tiene derecho a conocer esos cálculos antes de que se anuncien nuevos ajustes.
Las preguntas para el presidente Rodrigo Paz son inevitables. ¿Por qué incorporar intermediarios privados en un sector estratégico si ENDE tiene capacidad para participar directamente en la generación y comercialización de electricidad? ¿Por qué no fortalecer a la empresa estatal para que sus ingresos financien nuevas inversiones, amplíen la cobertura y mejoren la infraestructura? ¿Qué justifica que un privado pueda obtener un margen comercial en operaciones en las que una empresa pública podría participar directamente? Y, sobre todo, ¿por qué el costo de reorganizar el sistema debe recaer sobre los hogares y los productores bolivianos?
No se trata de afirmar que toda participación privada sea perjudicial. Se trata de exigir transparencia, competencia real, eficiencia y resultados verificables. Si los intermediarios reducen costos, aportan inversión o mejoran el servicio, el Gobierno debe demostrarlo. Pero si su participación solamente añade un margen de ganancia que termina incorporándose a la tarifa, entonces la sociedad estará pagando por una intermediación cuyo beneficio público no está demostrado.
La cuestión es todavía más delicada porque ENDE continúa siendo una empresa estatal. Sus trabajadores reciben salarios, sus instalaciones necesitan mantenimiento y sus inversiones requieren financiamiento. Si la empresa produce o facilita la generación de electricidad, pero las oportunidades más rentables de comercialización se desplazan hacia terceros, Bolivia debe preguntarse quién está capturando el valor generado por un recurso estratégico. Si existe un margen adicional del 5%, ¿por qué no analizar primero si ese ingreso puede fortalecer a ENDE, financiar nuevas centrales, diversificar la matriz energética o reducir la dependencia de los combustibles?
La ironía es que se presenta el ajuste como una política para cuidar el bolsillo de los ciudadanos, cuando el resultado potencial es que los ciudadanos deban pagar más por un servicio esencial. El discurso oficial puede hablar de estabilización, eficiencia y equilibrio fiscal, pero el bolsillo no entiende de consignas: entiende de facturas, salarios que no alcanzan y precios que suben. Cuando aumenta la electricidad, no solamente paga más la familia que enciende una lámpara; también paga más el pequeño taller, la panadería, el comercio, la fábrica y cualquier actividad que necesita energía para producir.
Este mecanismo puede generar un efecto multiplicador sobre la economía. Si una industria enfrenta mayores costos eléctricos, tiene varias alternativas: absorberlos reduciendo sus márgenes, trasladarlos al consumidor, postergar inversiones o limitar la contratación de trabajadores. En todos los casos, el resultado puede ser una pérdida de dinamismo productivo. Y si simultáneamente se encarecen el diésel, la gasolina, el crédito y otros insumos, el ajuste deja de ser una medida aislada y comienza a convertirse en una presión generalizada sobre la producción y el consumo interno.
Es aquí donde aparece la contradicción del programa económico liberal. Se sostiene que el mercado puede resolver los problemas mediante la competencia y la iniciativa privada, pero el mercado no sustituye automáticamente la planificación energética ni garantiza por sí solo tarifas accesibles. La electricidad es un servicio estratégico que requiere regulación, inversiones de largo plazo, seguridad de suministro y una política que articule los intereses de los hogares, las empresas y el Estado. La eficiencia no consiste simplemente en abrir espacios para intermediarios; consiste en producir y distribuir energía al menor costo posible, con calidad y cobertura universal.
El argumento del ajuste también debe contrastarse con el gasto público. En el debate se han señalado pagos de hasta USD 1,5 millones a asesores vinculados a Cerimedo, viajes presidenciales de USD 240.000 y viáticos de diputados de Bs 800 diarios. Asimismo, se mencionó un viaje a Santa Cruz en el que se habrían gastado Bs 2.400 en tres días, pese a que el hotel, el teléfono y la movilidad estaban cubiertos, además de otros gastos de alimentación. Estas cifras requieren documentación presupuestaria y rendiciones de cuentas para establecer con precisión su alcance. Pero plantean una cuestión política legítima: si el Gobierno exige sacrificios a la población, también debe demostrar austeridad, transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
No puede pedirse a las familias que reduzcan su consumo, a los comerciantes que soporten mayores costos y a las industrias que continúen produciendo bajo condiciones cada vez más difíciles, mientras los gastos del aparato estatal quedan al margen de una revisión rigurosa. La disciplina fiscal debe aplicarse a todo el presupuesto, no convertirse en una política que traslada el costo de la crisis hacia quienes tienen menos capacidad para absorberlo.
La crítica al Fondo Monetario Internacional (FMI) se inscribe en esa misma discusión. Los programas de ajuste asociados a sus recomendaciones han sido cuestionados históricamente por el peso que pueden imponer sobre el consumo, los salarios, el empleo y los servicios públicos cuando privilegian la contracción del gasto sin una estrategia productiva suficiente. Pero no basta con atribuir cada decisión gubernamental al FMI: corresponde identificar las condiciones concretas de los acuerdos, las medidas adoptadas y las responsabilidades del propio Gobierno. Lo que debe evitarse es que la estabilización macroeconómica se convierta en una excusa para debilitar la demanda interna y trasladar los costos a la población.
Bolivia no resolverá sus problemas fiscales únicamente aumentando tarifas, encareciendo los combustibles o reduciendo el poder adquisitivo de los hogares. Un déficit fiscal persistente exige medidas responsables sobre los ingresos públicos, el gasto, la productividad, la inversión y la estructura económica. La solución sostenible pasa por producir más, generar empleo formal, ampliar el mercado interno, fortalecer las exportaciones y garantizar que una mayor parte de las divisas generadas por la economía contribuya al funcionamiento del país.
Eso requiere planificación, coordinación entre el sector público y el privado, evaluación de las inversiones y una política energética que no pierda de vista el interés nacional. También exige discutir qué sectores deben asumir mayores responsabilidades, cómo se distribuyen los costos de la estabilización y qué mecanismos permiten proteger a los hogares vulnerables y a las actividades productivas.
El problema, por tanto, no es únicamente el 5% de incremento eléctrico. Es el modelo económico que puede consolidarse si cada dificultad fiscal se responde con una nueva factura para la población y una nueva oportunidad comercial para los intermediarios. Si ENDE puede contribuir a garantizar el suministro, generar ingresos y financiar inversiones estratégicas, corresponde explicar por qué el sistema debe organizarse de una manera que podría reducir su participación en los segmentos más rentables.
La energía eléctrica no puede analizarse exclusivamente como un negocio. Es infraestructura, soberanía energética, competitividad industrial y bienestar social. Una política responsable debería transparentar los costos de generación, publicar los contratos y las condiciones de las subastas, explicar la formación de las tarifas y demostrar que cualquier participación privada produce beneficios superiores a los costos que impone.
El verdadero desafío no es ajustar el bolsillo de los bolivianos hasta que cierre la contabilidad del Estado. Es reconstruir la capacidad productiva para que el país genere los recursos que necesita. Porque el déficit fiscal no se resuelve de manera duradera empobreciendo a los consumidores, debilitando a las empresas nacionales o encareciendo los insumos de la industria. Se resuelve con producción, empleo, inversión y planificación económica.
Si el Gobierno de Rodrigo Paz quiere hablar de eficiencia, debe comenzar por demostrar que cada boliviano pagado por la electricidad se traduce en un mejor servicio, una mayor inversión y una economía más competitiva. Si quiere hablar de sacrificios, debe explicar por qué estos recaen sobre los hogares mientras otros gastos estatales continúan bajo cuestionamiento. Y si quiere defender la participación privada, debe probar que genera valor para Bolivia y no solamente ganancias para quienes intermedian.
De lo contrario, el mensaje será difícil de ocultar detrás de cualquier discurso técnico: la electricidad se encarece, los costos de producción aumentan y el ajuste termina llegando a la mesa de las familias. La pregunta final es sencilla: ¿estamos reorganizando el sistema eléctrico para fortalecer a Bolivia o estamos construyendo un mercado
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