El nuevo valor referencial del BCB: beneficios para exportadores, limitaciones para la demanda interna

Por: Martin Moreira

Forma Parte de la Red Boliviana de Economía Política

La reciente disposición del Banco Central de Bolivia (BCB), que calcula y publica la media aritmética ponderada de las transacciones en dólares de las entidades financieras, ha sido presentada como un mecanismo de transparencia cambiaria. Sin embargo, en la práctica, no solo abre la puerta a un “dólar barato” para operaciones mayoristas —beneficiando principalmente a quienes concentran la oferta de divisas en el país, como los exportadores agroindustriales, los grandes actores del agronegocio, las cooperativas mineras y sectores informales vinculados al contrabando—, sino que introduce un cambio estructural de alto impacto: las importaciones de carburantes, que antes se pagaban al dólar oficial, ahora deberán realizarse bajo el techo cambiario de Bs 9,32, encareciendo automáticamente el costo para el Estado. Este ajuste, que equivale en los hechos a una devaluación encubierta de la moneda boliviana, agrega presión fiscal y anticipa efectos en cadena sobre toda la economía. En un contexto donde el acceso a la divisa es restringido y donde familias, pymes e importadores ya deben recurrir a mercados más caros, la medida del BCB se muestra menos como un instrumento de ordenamiento y más como un mecanismo que refuerza el poder de los grandes tenedores de dólares, trasladando los costos al resto del país.

 El reciente anuncio del Banco Central de Bolivia (BCB), que establece la publicación diaria del valor referencial del dólar estadounidense (USD) basado en operaciones reales de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF), ha sido presentado como un paso hacia la transparencia del mercado cambiario. Sin embargo, detrás de la aparente búsqueda de ordenamiento financiero, diversos analistas advierten que la medida puede terminar favoreciendo principalmente a exportadores, agroindustriales y tenedores de divisas, sectores que hoy concentran la mayor disponibilidad de dólares en el país.

Una medida “técnica” con efectos económicos y políticos

Según el BCB, la fijación diaria de un valor referencial del dólar busca “ofrecer información confiable” al público y “unificar el valor” con el que operan las entidades financieras y sus clientes. En términos formales, la resolución pretende disipar la incertidumbre del mercado y proveer un indicador de referencia basado en transacciones reales.

Sin embargo, en un contexto donde el acceso al dólar oficial es limitado y los bancos operan con restricciones, la pregunta es inevitable: ¿Quién se beneficia cuando se fija un precio oficial más bajo que el del mercado paralelo, pero únicamente para operaciones mayoristas?

Los que ganan: agroindustria, exportadores y tenedores de divisas

La oferta de dólares en Bolivia no está distribuida de manera equitativa. Los principales poseedores de divisas son:

• Exportadores de soya y derivados
• Agroindustriales del oriente
• Cooperativistas mineros
• Redes de contrabando
• Operadores informales de frontera

Para estos actores, un valor referencial más bajo del BCB funciona como una legitimación técnica de una cotización favorable a sus transacciones mayoristas. Esto les permite:

• Liquidar dólares a un precio que les preserva margen de ganancia.
• Mejorar su capacidad de negociación con bancos y casas de cambio.
• Mantener el control del flujo de divisas sin perder rentabilidad.

Mientras tanto, consumidores y pequeñas empresas —que enfrentan un dólar caro en el mercado alternativo— reciben cero beneficio real.

Efecto colateral: más presión sobre el mercado paralelo

Aunque el valor referencial del BCB no obliga a los bancos a vender divisas a ese precio, sí afecta las expectativas generales del mercado. Surge un doble efecto:

1. Reduce artificialmente la percepción del precio real, aunque en la práctica nadie —salvo mayoristas— accede a ese valor.
2. Refuerza la posición de los grandes tenedores de dólares, que solo abastecen cuando el precio les conviene.

Es un sistema donde el dólar “barato” existe, pero solo para quienes ya lo poseen en grandes volúmenes; para el resto del país, el acceso a la divisa sigue siendo escaso y caro.

El punto más delicado: el impacto en la importación de carburantes

El elemento más crítico —y menos mencionado— es el efecto que tendrá esta nueva metodología en el costo de importación de combustibles.

Hasta ahora, la compra de carburantes se realizaba al tipo de cambio oficial, pero con la fijación de un techo de Bs 9,32, las importaciones deberán ajustarse a este valor más alto. Esto implica:

• Un encarecimiento inmediato del costo fiscal de los hidrocarburos, que representan miles de millones de dólares al año.
• Un aumento indirecto del subsidio, pues el Estado deberá cubrir la diferencia entre el precio internacional y el interno.
• Una devaluación encubierta de la moneda boliviana, ya que en la práctica el país pagará más por cada dólar necesario para cubrir sus obligaciones energéticas.

Este ajuste cambiará toda la estructura del gasto público, abrirá presión sobre el presupuesto estatal y eventualmente podrá desencadenar un aumento del déficit o un ajuste en el subsidio, con efectos directos sobre la inflación interna.

¿Transparencia o reconfiguración del poder económico?

Aunque presentada como una herramienta técnica, la medida:

• Favorece a actores con grandes volúmenes de dólares.
• Reafirma el poder del agronegocio exportador.
• Permite a cooperativas mineras e intermediarios informales capitalizar su liquidez.
• Perjudica a pequeños productores e importadores que ya operan al límite.
• Traslada al Estado el costo de una devaluación silenciosa, especialmente en la importación de combustibles.

No se trata solo de un cambio operativo, sino de una reconfiguración de ganadores y perdedores en el sistema económico boliviano.

Un  dólar “barato” para unos, un país más caro para todos

La publicación diaria del valor referencial del dólar puede presentarse como una medida de transparencia, pero en un mercado profundamente asimétrico su efecto real es político: abarata el dólar para quienes ya lo poseen en grandes volúmenes y encarece la economía para quienes dependen de él para producir, importar o cubrir necesidades básicas.

En este nuevo escenario, los beneficios continúan siendo privados y altamente concentrados en manos de los grandes exportadores y tenedores de divisas. Mientras tanto, el costo de la devaluación se socializa a través de un mayor gasto público en la importación de carburantes, que ahora deberán pagarse bajo un tipo de cambio más alto. Así, el Estado absorbe un impacto fiscal creciente, mientras la ciudadanía se ve obligada a convivir con un mercado donde el dólar oficial existe, pero no es realmente accesible para la mayoría.

En síntesis, más que ordenar el mercado, la medida revela una realidad más profunda: la estabilidad cambiaria en Bolivia está siendo sostenida mediante un ajuste silencioso, cuyos beneficiarios están claramente identificados y cuyos costos recaen —como siempre— sobre el conjunto de la economía nacional.