Por: Martin Moreira Miembro de la Red de Economía Política Boliviana En el actual escenario político, algunas propuestas presidenciales buscan
Por: Martin Moreira
Miembro de la Red de Economía Política Boliviana
En el actual escenario político, algunas propuestas presidenciales buscan reabrir las puertas del Fondo Monetario Internacional (FMI) como eje central de la política económica, promoviendo su presencia no solo como asesor técnico, sino como un aliado político de influencia directa. Sin embargo, esta visión ignora que existen alternativas más equilibradas y soberanas, como el fortalecimiento de vínculos con el bloque BRICS, que ofrece una vía de financiamiento multilateral orientada al desarrollo sostenible, la infraestructura y la cooperación entre economías emergentes, sin las imposiciones ni las recetas de ajuste del FMI.
En los últimos años, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha convertido en un actor recurrente en la política económica de América Latina. Su presencia suele presentarse como una “solución técnica” para estabilizar economías, pero la experiencia en países como Argentina, Ecuador o Perú demuestra que los acuerdos con esta institución no son neutros: implican ajustes profundos, desde aumentos de tarifas y reducción de subsidios, hasta devaluaciones monetarias, reformas previsionales y congelamiento de salarios públicos.
Bolivia, sin embargo, se encuentra en una posición distinta. El país no posee una deuda externa desbordada, sus empresas públicas continúan generando ingresos estratégicos y cuenta con activos naturales de alta relevancia como el gas, el litio, alimentos y energía. Este contexto le brinda margen para negociar con el FMI, siempre que se respete la condición de que la relación sea técnica y financiera, y no política.
El peligro surge cuando actores locales buscan convertir al FMI en un aliado político. Esta es la postura de candidato a la presidencia, que promueven la venta de empresas públicas pese a que los informes del propio FMI señalan que no generan pérdidas y pueden operar de manera rentable. Transformar al FMI en un “tutor político” podría replicar escenarios vistos en la región: gobiernos sometidos a decisiones externas, pérdida de soberanía económica y ajustes drásticos que impactan directamente en la población.
La experiencia reciente de Argentina ilustra con claridad este riesgo. El gobierno de Javier Milei, atrapado en la dependencia de préstamos externos, ha debido quemar centenares de millones de dólares semanalmente para sostener el dólar y evitar un salto inflacionario que se percibe inevitable. Al mismo tiempo, los recursos se canalizan de manera que benefician intereses privados vinculados a funcionarios extranjeros, como los amigos de Scott Besant, secretario del Tesoro estadounidense, evidenciando cómo la política y la economía se entrelazan en detrimento del interés nacional.
El patrón se repite: al fracaso económico sigue el político, y al político, nuevamente el económico, en un bucle que socava la credibilidad de los gobiernos y compromete la autonomía de las decisiones nacionales. En este contexto, el FMI deja de ser un simple asesor técnico para convertirse en un actor con influencia directa sobre la política interna, condicionando medidas fiscales, monetarias y estructurales.
Bolivia tiene la oportunidad de evitar este camino. Usar al FMI como aliado técnico significa negociar préstamos con metas claras de déficit fiscal y reservas internacionales, sin comprometer la gestión de sus empresas públicas ni ceder soberanía sobre recursos estratégicos. La venta de empresas públicas no solo contradice los diagnósticos técnicos, sino que abre la puerta a una injerencia política externa que puede replicar el ciclo de crisis visto en otros países latinoamericanos.
El FMI no debe ser un árbitro político ni un instrumento para implementar agendas ideológicas. En Bolivia, su rol debería enfocarse en la multilateralidad, evitando depender de una única fuente de financiamiento. El país ya ha recorrido un camino con el BRICS, organismo que reúne a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y sus nuevos miembros, y que ofrece un enfoque orientado al desarrollo sostenible y a la infraestructura.
Este modelo alternativo al FMI y al Banco Mundial no impone recetas de ajuste, permite financiamiento en monedas locales y reduce la dependencia del dólar. A diferencia del FMI, que condiciona decisiones políticas y estratégicas bajo el pretexto de asesoría técnica, los esquemas multilateralistas brindan mayor margen de autonomía al país.
El FMI debería limitarse a asesoría financiera y técnica, garantizando que los recursos y políticas se utilicen en favor del desarrollo económico sostenible y la protección de los activos nacionales. De lo contrario, Bolivia corre el riesgo de repetir los errores de la región, sacrificando soberanía y estabilidad en nombre de la aparente eficiencia de los ajustes externos.
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