«El arte de ahorrar sin tener un peso»

Por Martin Moreira
Miembro de la Red Boliviana de Economía Política

Hay que reconocerle un mérito al ministro de Economía, Gabriel Espinoza: ha logrado formular una teoría que desafía uno de los principios más básicos de la economía. Al defender la eliminación de la subvención, afirmó que «en el momento de la salida de la subvención lo que se hace es un ahorro, evidentemente, de dinero que no teníamos» y que «cuando tú levantas la subvención no es que la plata se te queda en el bolsillo, sino que dejas de gastar dinero que no tenías». La afirmación resulta tan llamativa como inquietante. Porque, si el Estado nunca tuvo ese dinero, ¿puede hablarse realmente de ahorro o simplemente de dejar de financiar un gasto que ya era insostenible? La diferencia no es semántica, sino económica. Ninguna familia ahorra dejando de comprar aquello que ya no podía pagar; simplemente ajusta su consumo ante la falta de ingresos. Ahí radica la contradicción del discurso oficial: presentar como ahorro lo que, en realidad, refleja la incapacidad de generar la riqueza necesaria para sostener el modelo económico.

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, afirmó que la eliminación de la subvención representa un ahorro para el Estado, aunque aclaró que no implica la generación de recursos nuevos. En sus palabras: «En el momento de la salida de la subvención lo que se hace es un ahorro, evidentemente, de dinero que no teníamos. (…) Cuando tú levantas la subvención no es que la plata se te queda en el bolsillo, sino que dejas de gastar dinero que no tenías.»

Hay una pregunta que parece sencilla, pero que desnuda una de las mayores contradicciones del discurso económico oficial: ¿acaso uno puede ahorrar dinero que no tiene? La respuesta no admite interpretaciones ideológicas ni políticas. Desde la teoría económica más elemental hasta la práctica cotidiana de cualquier familia boliviana, la respuesta es un rotundo no.

El ahorro no es un acto de voluntad ni una decisión administrativa. Es el excedente que queda después de cubrir las necesidades básicas. Primero se produce riqueza, luego se generan ingresos, posteriormente se consume y, únicamente si existe un remanente, es posible ahorrar. Pretender invertir ese orden equivale a pedirle a un agricultor que coseche antes de sembrar o a un empresario que distribuya utilidades antes de vender un solo producto.

Cuando un ministro sugiere que el país debe «ahorrar» en medio de una profunda crisis de liquidez, la verdadera pregunta debería ser otra: ¿de dónde saldrá ese ahorro si los ingresos son insuficientes? ¿Cómo puede ahorrar una familia cuyo salario apenas alcanza para alimentos? ¿Cómo puede ahorrar un pequeño comerciante que vende menos cada día? ¿Cómo puede ahorrar un Estado que depende del endeudamiento para importar combustibles?

La economía responde con claridad. Cuando los ingresos no alcanzan, lo que aparece no es ahorro, sino endeudamiento. Se posterga el consumo, se venden activos, se reducen inversiones y, finalmente, se acumulan obligaciones que tarde o temprano deberán pagarse. Presentar esa situación como una política de ahorro constituye una distorsión conceptual que termina confundiendo a la población.

Bolivia atraviesa precisamente ese escenario. La escasez de divisas ha obligado al Estado a buscar financiamiento para sostener la importación de combustibles. Mientras tanto, las familias enfrentan una pérdida constante del poder adquisitivo, el sector productivo soporta mayores costos y la incertidumbre limita la inversión privada. En ese contexto, hablar de ahorro sin hablar primero de generación de riqueza es comenzar la discusión por el final.

La historia económica demuestra que ningún país salió de una crisis simplemente reduciendo gastos cuando la producción permanecía estancada. El crecimiento sostenible requiere inversión, productividad, empleo, confianza institucional y reglas claras. El ahorro es consecuencia de ese proceso, no su causa.

Lo preocupante es que el debate económico parece haber sido reemplazado por el discurso político. Mientras se habla de austeridad, la realidad cotidiana muestra problemas mucho más profundos que afectan directamente la confianza de los ciudadanos y de los mercados.

Las denuncias sobre la importación de combustibles de baja calidad han generado serias interrogantes sobre la eficiencia del gasto público destinado a la compra de carburantes. Si el Estado destina cientos de millones de dólares para importar gasolina, la sociedad tiene derecho a exigir transparencia sobre la calidad del producto adquirido y sobre las condiciones de esas operaciones.

A ello se suman los recurrentes casos de narcotráfico que continúan afectando la imagen internacional del país. Maletas con droga detectadas en aeropuertos, cargamentos de madera impregnada con cocaína y otras operaciones ilícitas descubiertas fuera de Bolivia reflejan deficiencias en los sistemas de control que trascienden el ámbito policial y terminan afectando la credibilidad institucional.

La economía depende profundamente de la confianza. Cuando los inversionistas observan problemas de gobernanza, corrupción o debilidad institucional, el costo del financiamiento aumenta, disminuye la inversión y se acelera la salida de capitales. La pérdida de confianza también tiene un precio económico.

En ese mismo contexto resulta llamativo que varias promesas realizadas al inicio de la gestión permanezcan incumplidas. Entre ellas, la anunciada reestructuración y modernización de la Aduana para combatir el contrabando y fortalecer la recaudación. Sin embargo, el comercio ilegal continúa afectando a la industria nacional mientras miles de pequeños productores enfrentan una competencia desleal que deteriora aún más sus ingresos.

Paradójicamente, mientras los sectores populares enfrentan mayores dificultades económicas, diversas medidas parecen haber favorecido principalmente a grandes operadores privados con mayor capacidad financiera, dejando en segundo plano a quienes históricamente constituyeron la base social del proyecto político gubernamental. Los pequeños comerciantes, los trabajadores independientes, los productores agrícolas y las familias de ingresos medios y bajos siguen esperando políticas que fortalezcan su capacidad productiva en lugar de limitarse a administrar la escasez.

La verdadera discusión económica no consiste en pedir sacrificios a quienes ya viven al límite de sus posibilidades. La discusión debería concentrarse en cómo aumentar la producción nacional, cómo atraer inversión, cómo recuperar las exportaciones, cómo generar empleo formal y cómo reconstruir las reservas internacionales mediante crecimiento genuino y no únicamente mediante endeudamiento.

Porque el problema de Bolivia no es la falta de voluntad para ahorrar. El problema es la insuficiente generación de riqueza.

Ningún hogar puede guardar dinero después de pagar sus cuentas si el salario ya no alcanza. Ninguna empresa puede acumular capital cuando vende menos cada mes. Ningún Estado puede consolidar sus finanzas si depende crecientemente del crédito para cubrir gastos corrientes.

La economía funciona sobre identidades contables imposibles de modificar mediante discursos. El ingreso siempre debe preceder al ahorro. La producción siempre debe anteceder a la distribución. La riqueza siempre debe crearse antes de repartirse.

Cuando esas reglas se ignoran, la consecuencia inevitable es el deterioro económico.

Bolivia necesita recuperar la confianza, fortalecer sus instituciones, combatir eficazmente la corrupción, garantizar controles transparentes sobre las importaciones estratégicas, enfrentar con firmeza el narcotráfico y generar condiciones para que el sector productivo vuelva a invertir. Solo así podrán aumentar los ingresos de las familias, mejorar las finanzas públicas y construirse un ahorro real y sostenible.

Mientras eso no ocurra, pedir ahorro en medio de una economía con problemas de liquidez equivale a exigir que una alcancía se llene sola. La matemática económica es implacable: nadie puede ahorrar lo que no tiene. Primero se crea riqueza; después, si queda un excedente, se ahorra. Todo lo demás es un discurso que choca con la realidad.