Del “Estado tranca” al Estado endeudado: cuando el ajuste cae sobre el pueblo, pero los privilegios suben en la cúpula

Por: Martin Moreira

Forma Parte de la Red de Economía Política Boliviana

Se le vendió al país una promesa de cambio bajo una consigna aparentemente simple: reducir el llamado “Estado tranca”, desmontar la burocracia, eliminar privilegios, combatir la corrupción y dejar atrás cualquier dependencia de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se nos dijo que Bolivia sería más eficiente, más soberana y más productiva; que con menos trabas habría más inversión, combustibles de mejor calidad, transparencia institucional y un crecimiento capaz de sostenerse sin recetas externas. Sin embargo, la realidad comienza a exhibir una contradicción brutal entre el discurso y los hechos: hoy Bolivia no solo discute un acuerdo con el FMI para obtener liquidez, sino que además muestra señales de un Estado que ajusta al pueblo mientras incrementa beneficios para sus altas esferas administrativas.

La confirmación del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, sobre conversaciones con el FMI para acceder a recursos líquidos de libre disponibilidad representa un giro político de enorme profundidad. Aunque se intente matizar afirmando que “no es un crédito tradicional”, el trasfondo es claro: el país necesita dólares, enfrenta presión cambiaria, caída en ingresos por exportación de gas y obligaciones de deuda que este año rondan los 2.300 millones de dólares. Es decir, el modelo que prometía eficiencia sin dependencia ahora recurre a mecanismos financieros internacionales para sostener estabilidad. La narrativa de soberanía económica empieza a resquebrajarse cuando la liquidez depende de organismos externos y posibles reformas condicionadas.

Pero el problema no termina en la deuda. Lo más indignante para una población golpeada por inflación, incertidumbre, escasez de divisas y presión sobre el costo de vida, es observar cómo mientras se habla de sostenibilidad y ajustes, ciertos sectores del poder incrementan sus ingresos de forma desproporcionada. Un caso emblemático es el de gerencias estratégicas de empresas estatales como ENTEL, donde se denuncia que algunos cargos elevaron sus remuneraciones de aproximadamente Bs 30.000 a Bs 65.000 mensuales, lo que representa un incremento superior al 116%. En términos anuales, esto significa pasar de percibir alrededor de Bs 360.000 a Bs 780.000, una diferencia de Bs 420.000 por año para un solo cargo gerencial.

La contradicción política y moral es evidente: mientras al ciudadano de a pie se le exige sacrificio, paciencia y comprensión ante posibles ajustes fiscales o reformas estructurales; mientras se plantea recurrir a deuda externa para sostener variables macroeconómicas; mientras se discute la eliminación o reducción de subsidios que impactan directamente en transporte, alimentos y producción, desde la cima del aparato estatal algunos sectores parecen vivir una realidad paralela donde la austeridad no aplica. Y si además el Proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 contempla aumentos de hasta 40% en determinadas estructuras ministeriales o jerárquicas, el mensaje político resulta devastador: el ajuste puede ser para las mayorías, pero no necesariamente para quienes administran el poder.

Esto transforma el debate económico en una cuestión profundamente ética. Porque el problema no es únicamente endeudarse, sino para qué, para quiénes y bajo qué lógica se administra ese endeudamiento. Si Bolivia asegura más de 8.000 millones de dólares en financiamiento externo entre CAF, BID, Banco Mundial y otros organismos, pero no logra traducir esos recursos en una reactivación real del aparato productivo primario, industrialización tangible, fortalecimiento energético o empleo masivo, entonces la deuda corre el riesgo de convertirse en una herramienta de administración coyuntural antes que en una estrategia de transformación estructural.

La ciudadanía comienza entonces a enfrentarse a una sensación peligrosa: la de haber cambiado un supuesto “Estado tranca” por un Estado que endeuda, ajusta y concentra privilegios. Porque cuando las promesas de lucha contra la corrupción chocan con escándalos, cuando el discurso de representación popular se contradice con decisiones cuestionadas, y cuando la eficiencia termina dependiendo de préstamos internacionales mientras los salarios de élite se disparan, la legitimidad política empieza a erosionarse.

Bolivia necesita una discusión seria sobre su rumbo. No basta con conseguir liquidez ni con abrir líneas de financiamiento si no existe una estrategia nacional de producción, soberanía energética, fortalecimiento exportador y redistribución justa. El verdadero cambio no se mide en cuánto dinero prestan los organismos multilaterales, sino en si ese dinero sirve para emancipar económicamente al país o para postergar una crisis transfiriendo su costo a las clases trabajadoras.

Porque si el pueblo debe pagar con devaluación, inflación o ajuste, mientras algunos despachos duplican salarios y expanden privilegios, entonces el problema ya no es solo económico: es político, moral y estructural. Bolivia merece saber si el sacrificio será colectivo o si, una vez más, las mayorías sostendrán el peso de un modelo donde la deuda se socializa, pero los beneficios se concentran. La gran pregunta sigue en pie: ¿se está construyendo un nuevo país o simplemente administrando una nueva forma de desigualdad con otro discurso?