El Estado acusa de "narcoterroristas" a ciudadanos movilizados que exigen respuestas a la crisis, pero guarda un silencio llamativo cuando toneladas d
El Estado acusa de «narcoterroristas» a ciudadanos movilizados que exigen respuestas a la crisis, pero guarda un silencio llamativo cuando toneladas de droga provenientes de Bolivia son incautadas en puertos internacionales. Mientras la protesta es criminalizada desde el poder, los hechos sugieren que las verdaderas estructuras del narcotráfico operan lejos de las carreteras bloqueadas y mucho más cerca de los circuitos económicos que pocos se atreven a investigar.
En política existe una diferencia fundamental entre el discurso y la realidad. Los discursos pueden construirse sobre percepciones, relatos o estrategias comunicacionales; los hechos, en cambio, requieren pruebas. Por eso llama la atención que, mientras el presidente Rodrigo Paz y varios medios de comunicación repiten casi a diario la amenaza del “narcoterrorismo” asociada a las movilizaciones sociales, los hechos concretos parecen apuntar en otra dirección.
Los titulares son contundentes. “Enfrentamos la amenaza del narcoterrorismo”, afirmó Paz. “Defenderemos la democracia, la seguridad jurídica y nuestros recursos naturales frente a quienes pretenden desestabilizar el país”. Desde la Casa Grande del Pueblo fue aún más lejos al advertir que los “narcoterroristas” tienen los días contados. El mensaje es claro: existe una amenaza organizada detrás de las protestas y la conflictividad social.
Sin embargo, cuando se buscan pruebas materiales de esas acusaciones, aparecen más interrogantes que respuestas. Hasta ahora, la narrativa oficial parece apoyarse más en la sospecha y en la construcción política del enemigo interno que en evidencias judiciales concluyentes. Una fórmula conocida en América Latina, inspirada muchas veces en la lógica de la seguridad nacional promovida desde Washington: asociar la protesta social con el crimen organizado para restarle legitimidad política.
Mientras tanto, una noticia de enorme relevancia pasó prácticamente desapercibida en gran parte de los medios bolivianos. En los puertos chilenos de Arica, San Antonio y Valparaíso fueron decomisadas más de 100 toneladas de sustancias ilícitas ocultas en cargamentos de madera procedentes de Bolivia. La investigación identificó decenas de contenedores contaminados con cocaína, ketamina y otros productos vinculados al narcotráfico. Se trata de uno de los mayores operativos registrados en la región.
La pregunta es inevitable: ¿dónde están los verdaderos narcotraficantes? Porque semejante volumen de droga no se mueve en marchas, bloqueos o concentraciones populares. Requiere estructuras empresariales, logística internacional, capacidad financiera, contactos aduaneros y redes de protección. No se trata de pequeños grupos improvisados, sino de organizaciones con recursos considerables.
Más aún, no es la primera vez que aparecen denuncias sobre cargamentos de droga ocultos en exportaciones legales provenientes del oriente boliviano. El modus operandi se repite con inquietante frecuencia. Sin embargo, estos hechos suelen recibir una cobertura mucho menor que las acusaciones lanzadas contra sectores movilizados.
Resulta paradójico que muchos de quienes hoy son señalados como supuestos “narcoterroristas” fueron parte del electorado que llevó a Rodrigo Paz al poder. Si se aceptara la lógica oficial, habría que concluir que una porción significativa de los ciudadanos que confiaron en su proyecto político se transformó repentinamente en una amenaza para la democracia por el simple hecho de expresar descontento.
La criminalización de la protesta nunca ha sido una solución a las crisis políticas. Por el contrario, suele ser el síntoma de gobiernos que pierden capacidad de diálogo y buscan reemplazar el debate político por la estigmatización. Cuando se acusa sin pruebas, el riesgo es convertir cualquier crítica en una sospecha y cualquier movilización en un acto criminal.
También corresponde preguntarse por el papel de ciertos medios de comunicación. ¿Por qué algunos titulares amplifican sin cuestionamientos las acusaciones gubernamentales mientras minimizan o silencian decomisos históricos de droga vinculados a exportaciones bolivianas? ¿Se trata simplemente de criterios editoriales o existe una relación entre la línea informativa y los millonarios contratos de difusión estatal cuyos montos oscilan entre los 100.000 y 300.000 bolivianos?
La credibilidad de una democracia depende de que los hechos tengan más peso que los relatos. Si el gobierno posee pruebas de que las movilizaciones están dirigidas por organizaciones narcoterroristas, debe presentarlas ante la justicia y la opinión pública. Pero si las evidencias más contundentes apuntan hacia redes de narcotráfico asociadas al comercio internacional y no a los sectores movilizados, entonces corresponde investigar allí con la misma energía y la misma exposición mediática.
Porque la lucha contra el narcotráfico no puede convertirse en un instrumento de propaganda política. De lo contrario, el país corre el riesgo de perseguir fantasmas mientras los verdaderos responsables continúan haciendo negocios a plena luz del día.
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