Decreto 5503: las Reservas Internacionales Netas y el oro en prenda, la Asamblea al margen y la dolarización encubierta del sistema financiero

Por: Martin Moreira

Forma Parte de la Rede Boliviana de Economía Política

En medio de titulares optimistas que celebran “señales de estabilidad” y “buenas noticias” destinadas a tranquilizar a los mercados y a los grandes actores económicos, se consolida un modelo conocido: capitalismo para los ricos y sacrificio para el pueblo. Mientras a unos se les garantiza rentabilidad, cobertura cambiaria y protección financiera, al resto se le pide paciencia frente al gasolinazo, la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. Lejos de ordenar la economía, las recientes medidas asumidas desde el Banco Central de Bolivia, amparadas en la emergencia y formalizadas en el Decreto Supremo 5503, profundizan el descontrol, concentran decisiones estratégicas fuera del debate democrático y trasladan el costo del ajuste a quienes no acceden a dólares, reservas ni salvatajes financieros.

Mientras el debate público se consume en el impacto inmediato del llamado “gasolinazo” y en la narrativa de la emergencia económica, el Decreto Supremo 5503 —publicado el 17 de diciembre de 2025— introduce una transformación estructural mucho más profunda y peligrosa: la conversión del Banco Central de Bolivia (BCB) en un operador financiero con facultades extraordinarias para empeñar reservas internacionales, endeudar al país sin control legislativo y reconfigurar el régimen cambiario, todo en nombre de una estabilidad que, como en otras experiencias regionales, termina protegiendo al sistema financiero y castigando a la población.

El decreto otorga al BCB la potestad de gestionar líneas de financiamiento de liquidez, swaps de divisas, emisiones de instrumentos financieros externos y operaciones de cobertura cambiaria, habilitando además la recepción de garantías o colaterales del Tesoro General de la Nación. En términos simples, esto significa que las Reservas Internacionales Netas —el principal colchón de soberanía económica del país— pueden ser utilizadas como prenda, exactamente aquello que fue duramente criticado a gestiones anteriores cuando se denunciaba el uso de reservas para cubrir déficits o compromisos financieros.

La diferencia ahora no es de fondo, sino de forma y velocidad. Bajo el paraguas de la “emergencia”, se normaliza lo que antes se presentaba como excepcional y se institucionaliza una lógica de financiarización del Banco Central, alejándolo de su rol histórico de defensa de la moneda y estabilidad de precios, para convertirlo en garante de operaciones externas cuya trazabilidad y condiciones reales quedan fuera del escrutinio público.

Más grave aún es que este proceso se realiza saltándose de facto a la Asamblea Legislativa Plurinacional. El decreto permite al Ejecutivo y al BCB acordar financiamientos, garantías y mecanismos de endeudamiento sin el debate democrático que exige la Constitución para comprometer recursos estratégicos del Estado. No se trata solo de una cuestión técnica, sino de un vaciamiento deliberado del control político, donde las decisiones que hipotecan el futuro se toman por decreto y no por ley.

El artículo 120 del Decreto 5503 va todavía más lejos al instruir al BCB a transitar hacia un nuevo régimen cambiario. Aunque el texto evita cuidadosamente la palabra “devaluación”, el contenido es claro: se habilita una mayor flexibilidad cambiaria, ajustes normativos y coordinación con la ASFI para rediseñar la regulación financiera. En la práctica, esto implica una devaluación previa del boliviano, seguida de una dolarización funcional del sistema financiero, donde los bancos protegen sus balances, trasladan el riesgo cambiario y aseguran su rentabilidad, mientras salarios, ahorros y poder adquisitivo de la población se licúan.

Este esquema no es nuevo en la región. Ya se vio en Argentina, Ecuador o Perú en distintos momentos: primero se libera el tipo de cambio, luego se indexa el sistema financiero al dólar, y finalmente se socializan las pérdidas vía inflación, recortes y caída del consumo. Los bancos no pierden; el ajuste lo paga el pueblo.

Paradójicamente, quienes ayer denunciaban el “neoliberalismo” y la “entrega de la soberanía monetaria” hoy administran un liberalismo silencioso, tecnocrático y sin debate, donde el Estado asume riesgos, pone las reservas como garantía y blinda al sistema financiero frente a un segundo ajuste que ya se anuncia en el horizonte.

El Decreto 5503 no es solo una respuesta a la crisis: es una reconfiguración del poder económico, donde las decisiones estratégicas se concentran, la democracia económica se debilita y la factura final —como siempre— no la pagan quienes diseñan el modelo, sino quienes viven de su trabajo.