Por: Martin Moreira Forma parte de la Red de Economìa Polìtica Boliviana Mientras el país discute el gazolinazo, el verdadero negocio avanza en sile
Por: Martin Moreira
Forma parte de la Red de Economìa Polìtica Boliviana
Mientras el país discute el gazolinazo, el verdadero negocio avanza en silencio. El Decreto 5503 no pretende ordenar la economía, sino redefinir a quién pertenece: al capital privado, con un Estado reducido al papel de gestor obediente. La eliminación de la subvención funciona como una cortina de humo eficaz: ruido social en la superficie, restauración liberal en el fondo. Ajuste para el pueblo, estabilidad jurídica para los ricos. El resto es relato.
Mientras la agenda mediática y el debate público se concentran casi exclusivamente en la eliminación de la subvención a los combustibles —el llamado gazolinazo—, en Bolivia avanza de manera mucho más silenciosa una reconfiguración profunda del modelo económico y del rol del Estado. El Decreto Supremo 5503 no es un hecho aislado ni una respuesta técnica coyuntural: es la puesta en marcha de un proyecto ideológico liberal que ya hemos visto desplegarse en otros países de la región, con distintos rostros, pero con idénticos beneficiarios.
El aumento del precio de los carburantes cumple una función política precisa: absorber el conflicto social, desgastar a la opinión pública y monopolizar la indignación, mientras por detrás se consolidan reformas estructurales que trasladan poder económico desde el Estado hacia el capital privado. El ruido del ajuste tapa la arquitectura del modelo.
El Estado como problema: la matriz común
Cuando se observa el Decreto 5503 a la luz de los discursos de Javier Milei, Rodrigo Paz Pereira y ciertos economistas como Katz, aparece con claridad una misma matriz ideológica, más allá de las diferencias de tono y contexto nacional.
En los tres casos, el Estado es presentado como el problema central:
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Milei lo define sin rodeos como una “organización criminal”.
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Rodrigo Paz habla de un Estado “sobredimensionado” que asfixia la iniciativa privada.
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Katz, desde un lenguaje técnico, lo reduce a “fallas estructurales”, “rigideces” y “distorsiones”.
El mensaje es idéntico: el Estado no es herramienta de desarrollo ni de redistribución, sino un obstáculo que debe retirarse. El Decreto 5503 encaja perfectamente en esta lógica al redefinir el rol estatal, no como actor económico estratégico, sino como facilitador del mercado.
Privatizar sin decir privatizar
El liberalismo contemporáneo aprendió de sus fracasos discursivos del pasado. Ya no necesita pronunciar la palabra “privatización” de forma frontal. Hoy se presenta bajo eufemismos técnicamente amables:
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“Alianzas público-privadas”
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“Apertura a la inversión”
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“Estabilidad jurídica”
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“Gestión eficiente”
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“Despolitizar la economía”
El Decreto 5503 avanza exactamente en esa dirección: no vende empresas públicas mañana, pero prepara el terreno jurídico, financiero y político para que el control estratégico de sectores clave termine en manos privadas, muchas veces transnacionales. Es una privatización por contrato, por blindaje jurídico y por vaciamiento del control político, no por remate explícito.
El mercado como sujeto moral
En este relato, el mercado deja de ser un mecanismo y se convierte en un sujeto moral superior. Según esta visión:
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El mercado “asigna mejor los recursos”.
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El mercado “castiga el despilfarro”.
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El mercado “premia el esfuerzo”.
La desigualdad, la historia económica, la estructura productiva dependiente o la concentración del poder quedan reducidas a “errores del pasado” o “excesos populistas”. El Decreto 5503 no discute quién tiene poder en el mercado, simplemente asume que ese poder es legítimo.
Despolitizar para gobernar sin conflicto
Un rasgo clave del discurso liberal es la despolitización del conflicto social:
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Milei transforma la política en una guerra cultural contra “la casta”.
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Rodrigo Paz habla de “gestión” y “modernización”, evitando nombrar intereses en pugna.
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Katz traduce decisiones políticas en lenguaje técnico, neutralizando el conflicto de clases.
El resultado es el mismo: las decisiones económicas se presentan como inevitables, no como opciones ideológicas. El Decreto 5503 se impone como “necesidad técnica”, no como elección política, anulando el debate democrático real.
Ajuste para el pueblo, beneficios para el capital
El ajuste —incluida la eliminación de la subvención a los combustibles— es presentado como:
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Doloroso
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Inevitable
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Temporal
Pero nunca se responde lo esencial: ¿quién paga y quién gana?
El costo recae sobre trabajadores, clases medias y pequeños productores, mientras los beneficios estructurales se concentran en exportadores, sistema financiero y grandes capitales, que reciben estabilidad jurídica, menores controles y mayores márgenes de ganancia.
Antipopulismo como coartada
El antipopulismo funciona como identidad común del proyecto:
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Redistribución es “populismo”.
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Política social es “clientelismo”.
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Empresa pública es “ineficiente por definición”.
Este discurso borra deliberadamente las experiencias exitosas del Estado boliviano y justifica su desmantelamiento progresivo.
En síntesis
El gazolinazo es el espectáculo.
El Decreto 5503 es el verdadero guion.
Lo que une a Milei, Rodrigo Paz y Katz no es el estilo —uno grita, otro administra, otro teoriza— sino el proyecto de fondo: reducir el Estado, blindar al capital, trasladar el poder económico fuera del control democrático y presentar ese proceso como técnica, libertad o sentido común.
Cambian las palabras.
Cambian los modales.
Pero la factura, una vez más, la paga el pueblo.
Pintura: Oswaldo Guayasamín (1919 – 1999) – Manos de Hambre (Manos de Hambre)
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