Cuando las instituciones se convierten en armas

Por Martin Moreira
Miembro de la Red Boliviana de Economía Política

En medio de este escenario de incertidumbre económica, pérdida de confianza y creciente confrontación política, hay historias que dejan de ser estrictamente personales para convertirse en el reflejo de un problema mayor. La mía es una de ellas: después de expresar públicamente posiciones y realizar denuncias sobre hechos que considero de interés ciudadano, terminé enfrentando acciones promovidas por una representante de El Alto, una situación que interpreto como un intento de intimidación y silenciamiento. Más allá de mi caso, queda una pregunta que debería interpelar a toda la sociedad: ¿qué sucede cuando quienes denuncian terminan enfrentando el peso del aparato judicial mientras los grandes escándalos nacionales siguen esperando respuestas?

¿Por qué las personas que no tienen ninguna esperanza son más fáciles de dominar?

Porque quien logra controlar la esperanza también puede intentar controlar el miedo, y quien domina el miedo termina ejerciendo poder sobre los demás.

Esa idea adquiere una dimensión preocupante cuando se observa lo que está ocurriendo en Bolivia. Mientras la economía golpea cada vez con mayor fuerza a las familias, también se profundiza una crisis institucional que pone en cuestión la independencia y el funcionamiento de las instituciones del Estado.

Y en medio de esta realidad, también está la experiencia de quienes, por cuestionar al poder, terminan enfrentando presiones y acciones que buscan intimidarlos. En mi caso, esa situación llegó incluso a una persecución que atribuyo a una diputada de El Alto, un episodio que durante mucho tiempo preferí mantener en silencio y que hoy considero necesario contar.

Porque cuando una denuncia o una crítica ciudadana puede terminar enfrentando a una persona con todo un aparato judicial, surge una pregunta inevitable: ¿quién vigila a quienes utilizan las instituciones y por qué esa misma energía no se emplea para investigar los numerosos escándalos que rodean a un gobierno que parece haber perdido el rumbo?

Durante años se habló de reconstruir la institucionalidad del país. Sin embargo, hoy existe una creciente percepción de que esas mismas instituciones están siendo utilizadas para la confrontación política, la persecución y la protección de intereses particulares.

También resulta necesario preguntarse qué ocurre cuando desde el poder se protege o se evita investigar a personajes cuestionados. Existen señalamientos sobre figuras como Cerimero y la sombra de la familia real, que, según las denuncias y cuestionamientos públicos, podrían estar vinculadas a negocios y decisiones que deberían ser transparentados. La ciudadanía tiene derecho a conocer quiénes están detrás de determinadas operaciones, quiénes se benefician y qué intereses se mueven alrededor del poder.

La imagen resulta casi simbólica: mientras el ciudadano común cuenta cada boliviano para llegar a fin de mes, aparecen denuncias y cuestionamientos sobre lujos, vehículos como los Audi, negocios y posibles redes de corrupción. Los “dedos pintados y manicurados” que aparecen detrás de determinadas decisiones se han convertido, en el imaginario de esta denuncia, en el símbolo de quienes podrían estar moviendo los hilos mientras el costo de la crisis lo paga la mayoría de los bolivianos.

No se trata de condenar a nadie sin investigación. Precisamente por eso, las autoridades tienen la obligación de investigar y transparentar cada denuncia. Si no existe nada que ocultar, que se demuestre con documentos, contratos, cuentas y resultados de auditorías. Y si existen irregularidades, que la justicia actúe sin importar el apellido, la posición económica o la cercanía con el poder.

El caso denominado por algunos sectores como el de las “narcomaderas” es apenas una de las expresiones de una crisis que exige investigaciones serias y transparentes.

Nos dijeron que estaríamos mejor. Se retiraron o modificaron mecanismos de apoyo con el argumento de que el país debía avanzar hacia una economía más eficiente. Pero para miles de ciudadanos, la realidad cotidiana se tradujo en largas filas, escasez, pérdida de tiempo y una sensación creciente de incertidumbre.

Las filas dejaron de ser una excepción para convertirse en parte del paisaje cotidiano de la crisis.

También nos dijeron que la flexibilización del dólar permitiría una mayor disponibilidad de divisas. Sin embargo, para muchas familias la consecuencia más visible ha sido la pérdida del poder adquisitivo. Cuando la moneda pierde capacidad de compra, el problema deja de ser una cifra económica y se convierte en algo mucho más doloroso: alimentos que ya no alcanzan, familias que deben reducir sus gastos y padres que comienzan a preguntarse cómo garantizar una alimentación digna para sus hijos.

Nos dijeron que estaríamos mejor. Pero la desesperanza crece cuando las promesas de recuperación no se reflejan en la vida cotidiana.

Y mientras la economía se deteriora, también preocupa la utilización del poder institucional.

En mi caso particular, sostengo que he sido objeto de una persecución que considero vinculada a mis críticas y denuncias públicas. Una diputada de El Alto presentó una denuncia en mi contra y, desde mi perspectiva, este hecho forma parte de una cadena de acciones destinadas a intimidarme y silenciarme. Son hechos que deberán ser esclarecidos por las instancias correspondientes, pero considero necesario contarlos porque también forman parte de una realidad que muchas veces permanece oculta.

La pregunta es fundamental: ¿cómo puede movilizarse todo un aparato judicial contra un ciudadano mientras los grandes escándalos que afectan al país parecen avanzar con una velocidad mucho menor hacia la investigación y la justicia?

Antes, los regímenes autoritarios utilizaban la fuerza y los fusiles para imponer miedo. Hoy, en una sociedad democrática, el temor puede adoptar otras formas: citaciones judiciales, procesos, campañas de desprestigio, amenazas digitales y redes sociales utilizadas para destruir la reputación de quienes cuestionan al poder.

Este es el escenario que deja, a mi juicio, un gobierno que llegó prometiendo libertad, eficiencia y recuperación económica, pero que enfrenta una ciudadanía golpeada por la inflación, la falta de dólares, las dificultades para acceder a combustible y la pérdida del poder adquisitivo.

La contradicción resulta evidente: se habló de libertad, pero muchas de las libertades institucionales parecen debilitadas; se habló de eficiencia, pero la burocracia y las filas forman parte de la vida cotidiana; se prometió recuperación, pero muchas familias sienten que cada día pueden comprar menos.

Y mientras el ciudadano común enfrenta esta realidad, también aparecen denuncias y cuestionamientos sobre empresas, contratos, negocios y posibles redes de corrupción vinculadas al poder. Cada una de estas denuncias debería ser investigada con independencia, sin importar quién sea el involucrado.

Porque el problema no es solamente económico.

El problema es la pérdida de confianza.

Cuando un ciudadano deja de creer en la justicia, en las instituciones, en la economía y en quienes gobiernan, comienza a perder algo todavía más importante: la esperanza.

Y una sociedad sin esperanza es una sociedad mucho más fácil de controlar.

Por eso resulta indispensable recuperar la institucionalidad, garantizar la independencia de la justicia, investigar las denuncias de corrupción y proteger a quienes ejercen su derecho a denunciar y cuestionar al poder.

No se trata de defender a un gobierno ni de atacar a una persona.

Se trata de defender una idea mucho más grande: que ningún gobierno, partido, funcionario o grupo de poder debe estar por encima de las instituciones y de la ciudadanía.

Porque cuando la institucionalidad se destruye, el ciudadano queda indefenso.

Y cuando además se destruye su esperanza, lo único que queda es el miedo.

Ese es el verdadero peligro.

necesitan convencerla de nada. Solo necesitan que deje de soñar.