Por: Martin Moreira Forma parte de la Red Boliviana de Economía Política La pregunta se repite en las sobremesas, en los bancos y en las oficinas pú
Por: Martin Moreira
Forma parte de la Red Boliviana de Economía Política
La pregunta se repite en las sobremesas, en los bancos y en las oficinas públicas: ¿qué pasaría si el boliviano, que mantiene oficialmente una cotización de Bs 6,96 por dólar, se ajustara al nivel del dólar paralelo, que oscila entre Bs 12 y 13? La duda no es menor: detrás de esa brecha cambiaria se juegan la estabilidad del sistema financiero, el poder adquisitivo de los hogares y la capacidad del Estado para financiarse.
Este artículo aborda el dilema en dos partes. Primero, los efectos macroeconómicos y financieros de una devaluación de tal magnitud. Segundo, un cálculo ilustrativo de cuántos dólares haría falta vender —o cuántos millones serían necesarios en reservas— para sostener el tipo oficial en medio de una presión cambiaria de mercado.
Un salto del 80%: inflación y tasas al alza
Si el Gobierno decidiera mañana igualar el tipo oficial al paralelo, estaríamos frente a una devaluación cercana al 80–90%. La consecuencia inmediata sería la inflación. Los precios de alimentos importados, combustibles y bienes de consumo subirían en cuestión de semanas. Las expectativas de inflación, además, retroalimentarían la dinámica: si la gente cree que el boliviano pierde valor, ajusta precios y salarios por adelantado.
En este contexto, los bancos no se quedarían de brazos cruzados. Subirían las tasas de interés en moneda nacional para protegerse del riesgo devaluatorio y para atraer depósitos en bolivianos. El crédito, entonces, se encarecería: hogares y empresas verían más difícil financiar consumo o inversión.
El peso sobre los deudores y el sistema bancario
La devaluación impacta de manera desigual. Los deudores en dólares con ingresos en bolivianos serían los más golpeados. Una familia que paga una hipoteca en dólares vería duplicarse el costo real de su cuota medida en su salario. Para los bancos, esto se traduce en un aumento de la morosidad y la necesidad de realizar provisiones más altas.
Incluso los préstamos en bolivianos pueden resentirse. Muchos créditos de consumo o de capital de trabajo están indexados a la evolución del dólar en insumos o contratos. La presión sobre la cartera bancaria se amplificaría.
La experiencia regional es ilustrativa: en Argentina (2018–2020), la brusca devaluación disparó la morosidad en hipotecas UVA y créditos indexados. En Ecuador, antes de la dolarización del 2000, el descalce entre deudas y salarios erosionó la solvencia de las entidades financieras. Bolivia no está exenta de esas dinámicas.
El fantasma de la dolarización
Cada vez que una moneda pierde valor rápidamente, aparece la tendencia a la dolarización financiera. En la práctica, significa que las personas buscan ahorrar en dólares y, en la medida de lo posible, contratar créditos también en esa moneda. El boliviano, que en los últimos 15 años había recuperado protagonismo como moneda de ahorro, correría el riesgo de perder ese terreno.
No es un cambio inmediato, pero una devaluación grande suele acelerar la “privatización del riesgo cambiario”: hogares y empresas se refugian en dólares para evitar la volatilidad. En Perú, por ejemplo, el proceso de desdolarización tardó casi dos décadas en consolidarse después de la hiperinflación de los ochenta. Bolivia podría entrar en la dirección inversa si no logra estabilizar expectativas.
Liquidez y reservas: el rol del Banco Central
En cualquier escenario de devaluación o defensa cambiaria, el Banco Central de Bolivia (BCB) juega un papel decisivo. Si los depositantes intentan convertir sus ahorros en dólares y los bancos no pueden responder, acuden al BCB como prestamista de última instancia. Pero aquí está el problema: las reservas netas, al mes de agosto de 2025, suman US$ 2.881 millones, una cifra limitada frente al tamaño de la economía.
Un dato elocuente: las importaciones anuales rondan los US$ 9.900 millones. Las reservas actuales alcanzan para cubrir apenas tres a cuatro meses de compras externas. En otras palabras, la munición para enfrentar una corrida cambiaria es escasa.
¿Cuántos dólares harían falta para resistir?
La respuesta depende de un supuesto clave: qué porcentaje de los depósitos se convierten en demanda de dólares en un escenario de pánico. El agregado monetario M2 (depósitos + circulante) asciende a unos 183.769 millones de bolivianos, equivalentes a US$ 26.400 millones al tipo oficial.
Hagamos el ejercicio:
Si solo el 5% de M2 se transforma en demanda inmediata de dólares, se necesitarían US$ 1.320 millones. El BCB podría cubrir esa cifra con reservas actuales.
Si el 15% de M2 busca dolarizarse, el monto sube a US$ 3.960 millones. Aquí ya hay un déficit: faltaría más de US$ 1.000 millones.
Con un 20% de conversión, la presión llega a US$ 5.280 millones; el hueco sería de US$ 2.400 millones.
En un escenario extremo del 30%, la demanda treparía a US$ 7.920 millones, más del doble de las reservas líquidas disponibles.
El mensaje es claro: sin financiamiento externo o medidas extraordinarias, una defensa prolongada del tipo oficial es insostenible.
Opciones de política: ¿ajustar o resistir?
Frente a esta disyuntiva, los hacedores de política económica tienen dos caminos:
Ajustar el tipo de cambio oficial hacia el paralelo. Es una decisión administrativa: se reconoce un nuevo precio del dólar. No implica gastar reservas, pero transfiere el costo a la sociedad vía inflación, pérdida de poder adquisitivo y tensiones salariales.
Resistir con ventas de reservas. Aquí la apuesta es ganar tiempo, evitar una devaluación brusca y buscar financiamiento externo. El riesgo: agotar las reservas en pocos meses y quedar más expuestos.
En ambos casos, la clave está en la credibilidad. Si la población percibe que hay un plan consistente —ajuste fiscal, apoyo multilateral, red de liquidez—, el pánico puede atenuarse. Si, por el contrario, domina la sensación de improvisación, la presión sobre el paralelo se intensifica.
Lecciones regionales: de Argentina a Perú
La región ofrece ejemplos útiles.
En Argentina, las devaluaciones sin un plan macro creíble terminaron en espiral inflacionaria y pérdida de confianza.
En Venezuela, la brecha cambiaria alimentó mercados paralelos crónicos y un colapso del bolívar.
En cambio, en Perú (1990) o en Brasil (1999), los ajustes fuertes fueron acompañados de programas integrales —ajuste fiscal, acuerdos con multilaterales, liberalización gradual— que ayudaron a estabilizar las monedas tras el shock.
Bolivia puede aprender de estas trayectorias: la devaluación no es solo una decisión cambiaria, es parte de una estrategia económica más amplia.
El costo político y social
Más allá de la técnica, está la política. Una devaluación encarece la canasta básica, presiona alzas salariales y genera malestar social. Defender un tipo oficial con reservas, en cambio, puede dar aire pero a costa de hipotecar el futuro. En ambos casos, el costo político es alto: la sociedad debe absorber el ajuste de una manera u otra.
Conclusión: la aritmética del límite
Al final, la discusión se reduce a una aritmética simple pero implacable:
Reservas líquidas ≈ US$ 2.881 millones.
Potencial demanda en una corrida: entre US$ 4.000 y US$ 8.000 millones.
El margen es estrecho. En este contexto, Bolivia necesita con urgencia un plan integral que combine financiamiento externo, ajustes internos y medidas de confianza. De lo contrario, la pregunta inicial —qué pasaría si el oficial se iguala al paralelo— puede dejar de ser un ejercicio teórico y convertirse en un dilema práctico con efectos profundos sobre la vida cotidiana.
Foto: Correo del Sur
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