Por: Martin Moreira Forma Parte de la Red de Economía Política Boliviana Bolivia atraviesa uno de los momentos económicos más complejos de los
Por: Martin Moreira
Forma Parte de la Red de Economía Política Boliviana
Bolivia atraviesa uno de los momentos económicos más complejos de los últimos años. Al primer semestre de 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) registró una caída de -2,40%, según datos oficiales, reflejo directo de la parálisis política, los bloqueos carreteros y la falta de acuerdos en la Asamblea Legislativa. Este escenario de confrontación permanente provocó rupturas en las cadenas productivas, escasez de combustibles, pérdida de liquidez y una desaceleración general de la actividad económica. Tanto el FMI como JP Morgan coinciden en señalar que la polarización y la politización de la economía son hoy los principales factores que explican la inflación, el freno a la inversión y el desplome de la productividad, consolidando un ciclo donde la crisis política se traduce en crisis económica.
Bolivia experimenta un retroceso económico de magnitud preocupante. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Producto Interno Bruto (PIB) del país registró un crecimiento negativo de -2,40% al primer semestre de 2025, reflejo de una coyuntura que combina inestabilidad política, exceso de bloqueos, parálisis institucional y pérdida de confianza económica. En un contexto regional donde los vecinos muestran leves recuperaciones o estabilidad moderada, Bolivia enfrenta un escenario singular: su economía, históricamente resistente, se ve arrastrada por su propia conflictividad interna.
- El año en que la política estranguló a la economía
El dato del -2,40% (según estimaciones revisadas del FMI) no puede leerse como un fenómeno exclusivamente económico. El 2025 ha sido un año marcado por la polarización política extrema que dividió al país entre dos bloques irreconciliables: uno anclado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que bloqueó sistemáticamente leyes y créditos internacionales; y otro en las calles, que trasladó el desacuerdo político al terreno físico mediante bloqueos carreteros prolongados.
Los meses de marzo, mayo y junio fueron particularmente críticos. Cientos de puntos de bloqueo paralizaron rutas troncales, impidiendo el flujo normal de combustibles, alimentos, materias primas y productos industriales. Las estimaciones del INE indican que solo los conflictos sociales redujeron en 2,88% el desempeño del transporte y almacenamiento, sector transversal a toda la economía. Las consecuencias fueron inmediatas: ruptura de cadenas logísticas, escasez de suministros industriales y sobrecostos en el comercio interno.
La política, más que un acompañamiento de la economía, se convirtió en su principal obstáculo. Mientras el Gobierno intentaba ejecutar un programa de estabilización basado en el control de la inflación y la dinamización de la inversión pública, la Asamblea se transformó en un espacio de bloqueo legislativo, impidiendo la aprobación de financiamiento externo, créditos multilaterales y reformas productivas.
El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió en su último informe sobre Bolivia que “la persistente parálisis política y la falta de consensos legislativos deterioran la confianza, elevan el riesgo país y frenan los flujos de inversión pública y privada”.
- Productividad en caída libre y pérdida de liquidez
El impacto político tuvo una traducción directa en la economía real. La falta de liquidez, reconocida por el propio Ministerio de Economía, se agravó por las dificultades en la importación de combustibles y la escasez de dólares en el sistema financiero.
Los bloqueos, al interrumpir la distribución de hidrocarburos, provocaron que el transporte de carga y pasajeros opere a un 30% de su capacidad durante semanas enteras, afectando la cadena productiva desde la agricultura hasta la industria manufacturera.
La producción industrial, aunque mostró algunos repuntes en alimentos y manufacturas menores, sufrió por la reducción del consumo interno y el encarecimiento de los insumos importados.
La extracción minera, históricamente motor de las exportaciones, cayó un 9,90%, principalmente por la reducción de la producción de oro —afectada por problemas logísticos y climáticos— y la falta de combustibles que paralizó maquinaria pesada.
A ello se sumó la contracción del sector hidrocarburífero, con una tasa negativa de -18,54%, reflejando la persistente caída en la producción de gas natural y petróleo, que arrastra al país desde hace varios años.
El efecto multiplicador de estas contracciones se manifestó en los ingresos fiscales, la recaudación del IVA y el Impuesto a las Transacciones, todos en descenso respecto al primer semestre de 2024.
La falta de circulante se hizo evidente en el sistema bancario, donde las entidades financieras reportaron menor captación de depósitos y un crecimiento moderado de la mora. Según JP Morgan, “la tensión política prolongada y la ausencia de un horizonte de estabilidad limitan el crédito y restringen la liquidez, generando una presión inflacionaria no por exceso de demanda, sino por escasez de oferta”.
- Inflación política y ruptura de las cadenas productivas
La inflación boliviana, tradicionalmente una de las más bajas de la región, comenzó a mostrar síntomas de tensión estructural. Si bien el índice oficial se mantiene por debajo del 20%, los analistas internacionales advierten que se trata de una inflación importada por el conflicto interno.
El problema ya no radica en los precios internacionales ni en los costos energéticos globales, sino en la ineficiencia provocada por los bloqueos y la fragmentación política.
JP Morgan fue más contundente: “En Bolivia, la causa principal de la inflación y la ruptura de las cadenas de suministro es la politización de la economía. Los bloqueos han encarecido el transporte y distorsionado los precios relativos en alimentos, combustibles y manufacturas básicas”.
De hecho, sectores como el alimentario —pese a un leve crecimiento del 0,61%— mostraron caídas internas en áreas sensibles: la producción láctea se redujo en 6,93% y la elaboración de azúcar en 15,31%, por dificultades en la logística de distribución y el abastecimiento de insumos.
Paradójicamente, mientras la producción de soya creció 24%, el procesamiento de aceite refinado cayó 4,74%, generando un aumento en los precios del producto final. El exceso de intermediación y los sobrecostos por transporte se tradujeron en una inflación contenida, pero con riesgos de acelerarse si los conflictos persisten.
- Agricultura y servicios: los últimos bastiones del crecimiento
En medio del panorama adverso, no todo es negativo. El sector agropecuario registró un crecimiento del 8,25%, impulsado por la expansión de la frontera sojera y la resiliencia de los productores del oriente, que lograron mantener sus niveles de exportación pese a las dificultades logísticas.
Las actividades financieras y los servicios de alojamiento y comida también mostraron cifras positivas, reflejando una cierta normalización postpandemia y el dinamismo de los pequeños negocios urbanos.
Sin embargo, su capacidad de compensar el desplome de los sectores extractivos y del transporte fue insuficiente. El problema de fondo sigue siendo estructural: la economía boliviana se volvió rehén del conflicto político y de la dependencia estatal como motor de inversión.
- Polarización y desconfianza: el círculo vicioso
La polarización, que en otros contextos puede limitarse al discurso, en Bolivia tiene un costo económico medible.
La falta de diálogo entre poderes, el enfrentamiento entre regiones y la constante instrumentalización del aparato público como herramienta de presión política han deteriorado la percepción de estabilidad.
Los indicadores de confianza empresarial muestran una caída sostenida desde fines de 2024, mientras la inversión extranjera directa continúa en niveles históricamente bajos.
El FMI y otros organismos advierten que la politización de la economía puede convertirse en un obstáculo de largo plazo para el desarrollo boliviano. No se trata solo de un debate ideológico, sino de una pérdida práctica de funcionalidad institucional: proyectos de infraestructura paralizados, presupuestos no ejecutados, créditos externos bloqueados y políticas públicas detenidas en el Congreso por motivos partidarios.
- El costo social del estancamiento
El retroceso del PIB no solo se mide en cifras macroeconómicas. Tiene un correlato directo en la vida cotidiana.
El desempleo urbano ha aumentado, especialmente en los sectores del comercio y transporte, y las microempresas reportan menores ventas y dificultades para acceder a créditos.
La contracción en el ingreso disponible de los hogares empieza a reflejarse en el consumo interno, tradicional amortiguador de las crisis.
El crecimiento negativo implica también una presión adicional sobre las finanzas públicas, que deben sostener subsidios, importaciones y gasto corriente en un entorno de menor recaudación y mayor déficit.
- Perspectivas y necesidad de un pacto económico
Si algo dejan claro las cifras del primer semestre es que la economía boliviana no puede seguir dependiendo del azar político. Los expertos coinciden en que sin estabilidad, diálogo y previsibilidad institucional, no habrá recuperación sostenible.
El FMI sugiere una agenda mínima de consenso que priorice la inversión en sectores productivos, la diversificación energética y la transparencia fiscal.
Por su parte, JP Morgan plantea que Bolivia debe “reconstruir la confianza en su sistema económico mediante señales claras de gobernabilidad y apertura financiera”.
En términos internos, la recuperación dependerá de la capacidad de reconstruir las cadenas productivas afectadas, restablecer el abastecimiento de combustibles y reactivar la inversión pública en infraestructura.
Pero nada de ello será posible sin resolver la raíz del problema: la polarización que ha convertido cada decisión económica en un campo de batalla política.
El precio de la fragmentación
Bolivia atraviesa un momento decisivo. Las cifras del INE, el FMI y JP Morgan coinciden en el diagnóstico: el país no enfrenta una crisis de productividad, sino una crisis de gobernabilidad.
La economía no cayó por falta de recursos, sino por falta de coordinación. La política, convertida en obstáculo y no en instrumento de desarrollo, ha paralizado al Estado y fracturado el tejido productivo.
El decrecimiento de -2,54% en el primer semestre de 2025 no es solo un dato contable: es el reflejo de un país que necesita reencontrar el equilibrio entre la política y la economía, entre el conflicto y la cooperación.
Mientras no se recupere la confianza, la liquidez y la cohesión institucional, la economía boliviana seguirá atrapada en el mismo círculo: bloqueos, parálisis y retroceso.
Bolivia no necesita más diagnósticos; necesita acuerdos. Porque sin estabilidad, ningún modelo —ni estatal ni privado— puede sostener el crecimiento.
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