Empieza un nuevo ajuste: la encrucijada del gas bajo el Decreto 5755

Por Martin Moreira

Miembro de la Red Boliviana de Economía Política

La promulgación del Decreto Supremo 5755 marca el inicio formal del desmonte del gas barato en Bolivia, abriendo una brecha económica donde el costo de la crisis energética se descarga directamente sobre las espaldas del pueblo mientras se allana un lucrativo negocio para las élites corporativas. Mientras las familias trabajadoras y los choferes enfrentan la amenaza real de ver cuadruplicado el precio de la garrafa de cocina (de Bs 22,50 a Bs 120) y duplicado el pasaje urbano (de Bs 3 a más de Bs 6), la norma otorga carta blanca a los grandes consorcios privados e industrias termoeléctricas para importar hidrocarburos a su conveniencia, utilizar a su favor los ductos y la infraestructura pública construida por todos los bolivianos y pactar fletes logísticos a precios desregulados de mercado, transformando la escasez de un recurso nacional en una fuente de renta garantizada para unos cuantos privilegiados a costa del salario de la mayoría.

La apertura formal a la importación privada de gas natural anticipa un reajuste estructural en la matriz energética boliviana. Entre la pérdida del monopolio operativo de YPFB y la presión por sincerar los precios de los combustibles, la economía ciudadana enfrenta una escalada potencial que amenaza con llevar la garrafa a Bs 120 y duplicar el costo del transporte público.

Para comprender el alcance del Decreto Supremo N° 5755, promulgado a finales de octubre de 2026, es necesario analizarlo no como una medida administrativa aislada, sino como el punto de inflexión donde confluyen el declive productivo hidrocarburífero y la insostenibilidad fiscal del subsidio energético en Bolivia.

Detrás del lenguaje técnico y la declaratoria de «emergencia», la norma reconfigura el rol histórico del Estado sobre sus recursos estratégicos y traslada, de forma directa o indirecta, el peso del mercado internacional a la economía cotidiana de las familias bolivianas.

1. El Decreto Supremo 5755: ¿Medida de emergencia o cesión del monopolio estatal?

El eje central del D.S. 5755 autoriza a personas naturales y jurídicas, privadas o públicas, tanto nacionales como extranjeras, a importar Gas Natural y Gas Natural Licuado (GNL) para «consumo propio» destinado al sector industrial, comercial y termoeléctrico (Artículos 2 y 3).

Aunque formalmente se presenta como un mecanismo de auxilio ante contingencias de suministro, en la práctica introduce modificaciones estructurales:

• Quiebre del rol exclusivo de YPFB: La estatal petrolera deja de ser el único actor capaz de abastecer al aparato productivo. Las grandes industrias y termoeléctricas con liquidez y acceso a divisas quedan facultadas para gestionar su aprovisionamiento en mercados externos, creando un mercado fragmentado a dos velocidades: el sector corporativo con suministro internacional asegurado a precios de mercado y el resto del país atado a la producción local menguante.
• Uso privado de infraestructura pública: La Disposición Adicional Cuarta y la Disposición Final Única habilitan a los importadores privados a utilizar los ductos troncales y las redes de distribución existentes bajo tarifas locales vigentes. Al incluir el gas importado en el orden de prelación de contratos de transporte interrumpibles, se abre la disputa por la capacidad de los gasoductos nacionales financiados por el erario público.
• Precios liberados en logística: El parágrafo III de la Disposición Final Única establece que la tarifa de servicio de transporte de GNL importado será «libremente pactada conforme a condiciones de mercado», desmontando el control tarifario rígido y habilitando márgenes especulativos en la cadena logística.
• Vacíos en aduanas y fiscalización: El Artículo 2 (inciso c) fija que la autorización técnica del Ente Regulador no constituye documento soporte aduanero previo, lo que debilita el control en frontera de volúmenes y precios de internación, mientras que las multas estipuladas por infracción (3% al 10% del valor promedio diario según el Artículo 10) representan costos menores frente a los beneficios comerciales en juego.

2. El shock del gas: El salto de la garrafa de Bs 22,50 a Bs 120

El debate sobre la importación de gas privado conecta de inmediato con el desmonte de las subvenciones a los hidrocarburos. Actualmente, el Gas Licuado de Petróleo (GLP) se mantiene congelado en Bs 22,50 por garrafa de 10 kilogramos. Sin embargo, estimaciones de paridad de importación y costos reales de producción y logística sitúan su valor comercial sin subsidio en torno a los Bs 120, lo que representa un incremento del 433%.

Este sinceramiento de precios golpearía de manera regresiva a los sectores más vulnerables:

• Impacto en el presupuesto doméstico: En barrios periurbanos y áreas rurales sin red domiciliaria, una familia promedio utiliza entre 2 y 3 garrafas mensuales. El gasto familiar pasaría de Bs 45–67 a Bs 240–360 al mes, absorbiendo entre el 10% y el 15% del Salario Mínimo Nacional únicamente en energía para cocinar.
• Riesgo sanitario: Ante la imposibilidad de afrontar un incremento superior al cuádruple, sectores de bajos ingresos recurrirían a sustitutos tradicionales como la leña y el carbón, reactivando afecciones respiratorias en hogares populares.

3. La onda expansiva en el transporte: El pasaje de Bs 3,00 bajo presión

El transporte público urbano —predominantemente operado a Gas Natural Vehicular (GNV)— constituye el eslabón más sensible de la cadena inflacionaria. Con una tarifa de referencia actual de Bs 3,00, un retiro del subsidio energético desarticularía la estructura de costos del autotransporte:

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL TRANSPORTE URBANO:

├── Combustible (GNV / Gasolina):       30% – 35%

├── Repuestos, llantas y lubricantes:  25% – 30% (atados al dólar)

├── Mantenimiento y depreciación:       15%

└── Ingreso neto / Canasta del chofer:  25%

Si el gas vehicular o los carburantes se alinean a paridad internacional, el ítem combustible triplica o cuadruplica su incidencia diaria. Al sumar el encarecimiento de repuestos importados y la necesidad del conductor de compensar su propia canasta alimentaria, los escenarios tarifarios se proyectan de la siguiente manera:

• Tarifa técnica plena (sin amortiguación): El pasaje urbano subiría a un rango de Bs 5,50 a Bs 6,50, duplicando el costo de movilidad diaria para trabajadores y estudiantes.
• Tarifa de equilibrio negociada (apoyo parcial): Con compensaciones impositivas o subsidio residual al GNV del transporte masivo, el pasaje tendería a estabilizarse en Bs 4,50.

4. El efecto multiplicador: Electricidad y canasta de alimentos

La desregulación y encarecimiento del gas no se limita a la hornilla y al motor:

1. Tarifas eléctricas: Entre el 60% y el 70% de la generación eléctrica del Sistema Interconectado Nacional (SIN) proviene de plantas termoeléctricas que consumen gas natural en boca de pozo a precios históricamente subsidiados ($1 a $1,30 por millar de BTU). Si las generadoras importan o pagan gas a cotización internacional ($8 a $10 por millón de BTU), el costo de generación de cada MWh se elevará, presionando las facturas domiciliarias e industriales.
2. Alimentos y manufactura: Las fábricas de alimentos balanceados, panificadoras, cerveceras y cementeras trasladarán el alza del gas y la electricidad al consumidor final. A esto se añade el flete de carga interdepartamental: transportar verduras, granos y carnes desde los valles y el oriente hacia los centros de consumo urbano será más costoso, empujando la inflación de alimentos a dos dígitos.
3. Drenaje de reservas: Al permitirse a privados importar combustible directamente sin un mecanismo oficial claro de liquidación de divisas, la demanda de dólares en la plaza paralela se intensificará, retroalimentando la devaluación y encareciendo todos los bienes importados.

5. Medidas de amortiguación indispensables

Ante un escenario de esta magnitud, los especialistas coinciden en que una liberalización abrupta desataría un conflicto social inmediato. Para evitar una crisis de gobernabilidad y proteger el poder adquisitivo, se requeriría un paquete de contención coordinado:

• Focalización estricta del GNV y GLP: Mantener tarifas preferenciales mediante tarjetas electrónicas o cupos asignados exclusivamente a choferes del transporte público registrado y a familias vulnerables empadronadas, liberando el precio únicamente para industrias de alta rentabilidad y usuarios de altos ingresos.
• Arancel Cero permanente en repuestos: Desgravar la importación de neumáticos, baterías y piezas automotrices para amortiguar el 30% no combustible de la hoja de costos del transporte.
• Bono de transporte y tarifa estudiantil protegida: Subsidiar la demanda mediante transferencias directas a estudiantes y trabajadores de menores ingresos, impidiendo que el costo del pasaje expulse a las familias del mercado formal de trabajo y estudio.

El Decreto Supremo 5755 ha abierto formalmente la puerta de una transición energética forzada por la caída de la producción interna. El desafío para el país radica en decidir si ese tránsito se descargará de golpe sobre el bolsillo ciudadano o si se implementará una política fiscal y tarifaria gradual que preserve la estabilidad de la mesa boliviana.