Dos ex dirigentes, desvinculados por haber ejercido irregularmente esa función durante cuatro años, promueven un paro de “brazos caídos”. Solo el 10% de los trabajadores apoya la medida y la mayoría pide retomar las actividades.
Desde hace dos semanas, Laboratorios VITA paralizó su producción y el abastecimiento de medicamentos esenciales para el tratamiento del Covid– suero, antigripales, entre otros -, debido a un conflicto originado por dos ex dirigentes, desvinculados de la empresa tras haber ejercido la representación sindical en los últimos cuatro años sin contar con la declaratoria en comisión del Ministerio de Trabajo, ni el reconocimiento de la Federación de Fabriles.
“La mayoría de los más de 340 trabajadores de Vita quiere volver a sus actividades, pero son agredidos violentamente o amenazados por un reducido grupo que mantiene un cerco sobre las instalaciones de la empresa en El Alto”, denunció la gerente General de Vita, Magna Cachi.
Cachi reveló que durante cuatro años, los ex dirigentes Wilson Mamani y Edwin Apaza, sin estar legalmente en comisión, “cobraron sin trabajar, engañaron a la empresa y a sus propios compañeros”.
“Nosotros no tenemos nada que negociar con ellos, porque no representan a nadie. Esta es una decisión apoyada plenamente por el directorio y amparada en la Constitución Política del Estado y la Ley General del Trabajo”, dijo.
La ejecutiva informó que el paro causa enormes pérdidas económicas, que ponen en riesgo la fuente laboral de más de 340 funcionarios y conspiran contra la continuidad de las operaciones de “una industria que ha permanecido en pie durante 84 años aportando al desarrollo del país y a la generación de cientos de empleos directos e indirectos”.
“El paro de brazos caídos impide proveer de medicamentos a los centros de salud, hospitales, clínicas del sector público y privado, además de las farmacias de todo el país. Somos 340 funcionarios que no podemos continuar con nuestras labores, debido a una medida injustificada promovida por dos personas acostumbradas a recibir sueldos y otras prestaciones sin trabajar.”, añadió.
Los antecedentes
En septiembre pasado, la farmacéutica desvinculó a Wilson Mamani y Edwin Apaza por abandono de labores, al no presentar la Resolución Ministerial de declaratoria en comisión, que exige el Art. 97 del Decreto Supremo Nº 22407 de 11 de enero de 1990. “Durante cuatro años esperamos pacientemente por ese documento que nunca llegó; sin embargo, de buena fe, continuamos con el pago de sus sueldos”, aclaró Magna Cachi.
El pasado 5 de octubre, los dirigentes desvinculados y un reducido grupo de trabajadores intentaron tomar la planta de producción de VITA en El Alto, razón por la cual la empresa pidió la protección policial de sus instalaciones para cuidar la integridad de los trabajadores.
“A la cabeza de Mamani y Apaza este grupo agredió a los policías y se generó un enfrentamiento que dejó como saldo heridos en ambas partes, entre ellos un trabajador con lesiones severas”, explicó.
De acuerdo al reporte médico, a la fecha el herido más grave se encuentra en recuperación en un hospital privado. “La empresa acompañó permanentemente a su familia y se hizo cargo de una parte de los gastos médicos, pese a que no le corresponde ya que cuenta con el seguro en la Caja Nacional de Salud”, sostuvo.
Cachi aseguró que VITA no rebajó sueldos, está al día con los salarios y con sus obligaciones en la Caja Nacional de Salud y las AFPs. “Además, antes y durante la pandemia cumplimos con protocolos estrictos de bioseguridad para preservar la salud del personal y garantizar la calidad de nuestros productos”.
La ejecutiva aclaró que no hubo descuentos irregulares a trabajadores por un paro de marzo de este año que fue declarado ilegal por el Ministerio de Trabajo (Resolución Administrativa N° 121-20-A de fecha 20 de Junio de 2020). “El descuento sólo alcanzó a quienes protagonizaron dicha medida y no recayó sobre la totalidad del salario, sino únicamente a las horas en que se mantuvo el paro ilegal”.
“Vita exhorta nuevamente al diálogo a los trabajadores, garantizándoles que su fuente laboral está asegurada, y que el caso de los dos ex trabajadores desvinculados está siguiendo el curso legal correspondiente”, concluyó.
Rodríguez & Baudoin
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