El vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y Valores del Gobierno de México, Sandro García Rojas Castil
El vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y Valores del Gobierno de México, Sandro García Rojas Castillo, recomendó a las autoridades bolivianas acelerar el proceso entre el sector público y las entidades financieras privadas para encarar la Cuarta Ronda de Evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El proceso de evaluación internacional se iniciará en noviembre próximo y establecerá una calificación sobre las acciones del Estado boliviano para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas.
García Rojas Castillo, quien es uno de los mayores expertos mundiales en materia de regulación contra el lavado de dinero procedentes de organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico o al terrorismo internacional, brindó una conferencia magistral durante el seminario web organizado por la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban).
Del encuentro participaron el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro; la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, el director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra; la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales; y el presidente de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Ronald Gutiérrez y el vicepresidente de la entidad, Marco Asbún; también participaron otras autoridades del sector financiero, directores y gerentes de la banca pública y privada de Bolivia, entidades financieras de vivienda, instituciones financieras de desarrollo, cooperativas de ahorro y crédito, casas de cambio, entre otra entidades financieras.
El ministro Montenegro consideró que “el sector financiero es uno de los más importantes en la lucha contra el flagelo de la legitimación de ganancias ilícitas que produce enormes distorsiones en la actividad financiera y económica de cualquier país”.
Destacó que una de las distorsiones más evidentes del lavado de activos es que la competencia en el mercado deja de operar con los dineros mal habidos. “El empresario industrial, el comerciante honrado, no pueden competir en igualdad de condiciones contra empresas que tienen una fachada y a las que nos les interesa generar utilidades sino únicamente legitimar activos ilícitos”, aseguró.
“El lavado de dinero afecta provoca el cierre de empresas legales y tiene un impacto directo en el empleo de los bolivianos”, afirmó Montenegro.
En este contexto, el ministro indicó que el Gobierno se adscribió a las recomendaciones de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para generar mecanismos de control para la prevención de estos flagelos.
Necesidad de un acuerdo
García Rojas Castillo destacó la fortaleza de la economía boliviana y el incremento de sus inversiones extranjeras. En ese contexto, señaló la importancia fundamental de la calificación que determinará el GAFI sobre las acciones del país contra el lavado de dinero y otros fenómenos globales delictivos que dañan a las economías de los países.
La evaluación del GAFI no solo interesa al sector público, indicó García Rojas Castillo, sino a todos los actores del sistema financiero que – de una u otra manera – están relacionados con el movimiento de recursos financieros.
“La evaluación del GAFI va a durar varios años y afecta a todos, no es solo la observación a la supervisión del sistema, a la superintendencia, a la comisión nacional bancaria, a la entidad de inteligencia financiera, a la procuraduría ni a la fiscalía general, sino que conlleva una calificación del país en su conjunto. Esa calificación tiene una permanencia en el tiempo y que se dará en un contexto regional y global”, alertó García Rojas Castillo.
“Esta calificación tiene una importancia mayúscula en la historia de los próximos años para garantizar la credibilidad de todo un sistema”, indicó.
El GAFI es un ente intergubernamental establecido en 1989 para fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.
En colaboración con otras partes involucradas a nivel internacional, el GAFI también trata de identificar vulnerabilidades a nivel nacional para proteger el sistema financiero internacional de usos indebidos.
Bolivia forma parte del Gafilat, uno de los grupos regionales del GAFI/FATF (Grupo de Acción Financiera Internacional/Financial Action Task Force) y está conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
García Rojas Castillo recomendó que el país ponga en marcha un proceso de diálogo y concertación entre los diversos sectores que permita enfrentar esta evaluación con éxito.
Rodríguez & Baudoin
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