Por: Max Baldiviezo Ahora la derecha encabezada por personajes sombríos y con ambición de deshacer lo construido siguen abogando por los actos de c
Por: Max Baldiviezo
Ahora la derecha encabezada por personajes sombríos y con ambición de deshacer lo construido siguen abogando por los actos de corrupción que no deja de sorprender al pueblo boliviano. A casi tres años del régimen de facto, sigen develándose las irregularidades y hechos de putrefacción de la política económica nefasta y anti patria aplicada por esos ex ministros de economía. Es evidente que la voracidad irracional de la derecha por retornar al régimen neoliberal y favorecer a las élites privilegiadas en combinaciones delictivas ha llevado a actos sin escrúpulos en diferentes ámbitos, como es el caso de los delitos financieros de Banco Fassil, sin importar las consecuencias para el pueblo.
El gobierno facto, liderado por Jeanine Áñez en Bolivia, se vio envuelto en una serie de escándalos de corrupción e irregularidades en un lapso de tan solo 11 meses. Estos casos, que incluyeron compras irregulares, cobros ilegales y manipulación de instituciones estatales, socavaron la confianza pública en la administración y generaron un profundo malestar en la sociedad boliviana.
Con la llegada del coronavirus (Covid-19) a Bolivia empezó a destaparse uno a uno distintos casos de corrupción del Gobierno de Añez, algunas referidas a compras vía intermediarios con presunto sobreprecio, como de respiradores (chinos y españoles) y gases lacrimógenos; otras son denuncias de irregularidades en las estatales Entel, YPFB, BOA, Ende y DGAC; uso irregular de aviones de la FAB; y recientemente el exprocurador General del Estado, José María Cabrera, denunció que se impulsa una privatización de la Empresa Nacional de Electricidad (Ende).
Pero lo que ahora nos concierne es que en este estado de desorden, donde todo se movía por la corrupción o la influencia entre amigos, se ha tejido una de las estafas bancarias más grandes de esta década. Estamos hablando de la irregular capitalización del banco Fassil y la actuación de ministros de Economía como Branko Marincovich y José Luís Parada, quienes ampararon y fueron gestores de los delitos financieros ejecutados por esta entidad financiera.
El ministro de economía, Marcelo Montenegro, presentó una línea de tiempo exhaustiva que revela las gestiones y acciones llevadas a cabo por los ejecutivos de la entidad bancaria extinta. De esta manera, se puede comprender el entramado de corrupción de un gobierno de servidores, en este caso, ex ministros corruptos cuyo único objetivo era acumular riquezas sin importar el costo. Estos detalles ofrecen una visión integral de los sucesos relacionados con dicha institución.
El 13 de abril de 2018, se presenta un informe de aumento de capital, el cual fue observado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el 24 de ese mismo mes. Este informe marca el inicio de una serie de acciones relacionadas con el capital del banco.
El 29 de enero de 2019, los ejecutivos del banco anuncian un nuevo aumento de capital por un monto de Bs 87.506 millones. Según lo informado, este dinero provenía de un préstamo otorgado por la Sociedad de Inversiones la Sierra.
Al día siguiente, la ASFI rechaza el registro contable del aumento de capital debido a la falta de claridad y fiabilidad en el origen de los fondos presentados por el Banco. Este rechazo marca un punto de inflexión en el proceso de gestión de capital.
Es importante destacar que, durante todo este período, el actual presidente Luis Arce ocupaba el cargo de Ministro de Economía, lo que añade un contexto relevante a las gestiones realizadas en ese momento.
El 13 de diciembre de 2019, poco después de que se consumara el golpe de Estado, con José Luis Parada como ministro de Economía, Banco Fassil, realiza una solicitud de aporte de Bs 122.319 millones. Esta solicitud plantea nuevas interrogantes sobre la estabilidad financiera de la entidad.
El 7 de enero de 2020, la ASFI solicita al Banco información adicional en relación con su solicitud de aumento de capital. A pesar de las observaciones y los pedidos de más datos realizados en reuniones e intercambios de notas a lo largo de ese mes, el 5 de febrero se aprueba un aumento de capital por un monto de Bs 36 millones.
Meses después, aún bajo el régimen de facto, el 7 de agosto de 2020, Fassil vuelve a solicitar un aumento de capital, esta vez en dos montos: Bs 64 millones y Bs 5,8 millones. Se aduce como fuente de estos fondos la venta de acciones.
El 13 de ese mismo mes, la ASFI efectúa observaciones sobre esta nueva solicitud, y el 17 el banco responde alegando que la operación se realizó en el «mercado de valores». Finalmente, el 20 de agosto, la ASFI aprueba el aumento de capital solicitado por el banco. En ese momento, el ministro de Economía era Branko Marinkovic.
Estos eventos revelan una serie de acciones y gestiones que han marcado la historia de la entidad bancaria extinta. El análisis detallado de esta cronología permite comprender mejor los desafíos financieros y regulatorios que enfrentó dicha institución en su trayectoria.
Un caso concreto y aislado que ha salido a la luz gracias a la intervención del banco Fassil, producto de delitos financieros cometidos por sus ejecutivos, quienes, actuaron en complicidad con las autoridades del régimen. Sin embargo, es importante destacar que esta situación no compromete a otras entidades financieras, ya que el sistema bancario y financiero boliviano goza de buena salud.
Es necesario reconocer que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y el Gobierno Nacional han actuado de manera adecuada y en conformidad con la normativa vigente. A diferencia de las afirmaciones infundadas de la oposición y sus analistas, se han identificado a tiempo las irregularidades y se han tomado medidas claras al respecto.
La gestión transparente y la pronta comunicación por parte del Gobierno han brindado tranquilidad a la población, especialmente, a los ahorradores, quienes han comprendido que sus recursos están respaldados por diversos mecanismos de seguridad establecidos por ley.
En el marco de las investigaciones, es fundamental establecer los vínculos e intereses de las exautoridades del régimen de facto que incumplieron las normativas para favorecer a una entidad que no cumplía con los requisitos. Este caso es solo uno de los muchos actos de corrupción que han salido a la luz, evidenciando la gestión ilegal de Áñez y su gobierno.
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