Por: Martin Moreira El incremento de las pensiones solidarias en Bolivia representa un paso importante hacia una mayor protección social y una veje
Por: Martin Moreira
El incremento de las pensiones solidarias en Bolivia representa un paso importante hacia una mayor protección social y una vejez digna para todos los ciudadanos. Con un enfoque en la equidad y la sostenibilidad, este proyecto busca garantizar que nadie quede atrás en la búsqueda de una vida digna después de décadas de trabajo duro y contribución a la sociedad.
En Bolivia, un importante proyecto de ley está generando expectativas y debates sobre el futuro de las pensiones solidarias de vejez. Este proyecto, conocido como el Proyecto de Ley N° 035/23-24, propone modificaciones significativas en los límites y el financiamiento de las pensiones solidarias, establecidas en la Ley N° 065 de Pensiones. Más allá de los tecnicismos legales, el corazón de esta propuesta radica en mejorar las condiciones de vida de los jubilados y trabajadores bolivianos, especialmente aquellos con ingresos más bajos y una historia laboral menos estable.
Un paro de 48 horas injustificado ha surgido debido a la falta de comprensión sobre las modificaciones a la ley de pensiones. Este proyecto de ley fue presentado en la gestión anterior ante la Asamblea Legislativa Plurinacional en junio, tras lo cual se llevaron a cabo más de 15 eventos de socialización en todo el país. El proceso comenzó precisamente con un ampliado de la COB a nivel nacional en Cochabamba, en el que participaron los principales representantes de diversos sectores, incluida la Central Obrera. A lo largo de estos 15 eventos, se logró una comprensión completa de los aspectos de este proyecto de ley.
En Bolivia, hay aproximadamente 2.6 millones de jubilados que se beneficiarán de esta ley, gracias al Fondo Solidario de la Vejez.
Una de las principales promesas de este proyecto es el incremento de hasta Bs1.000 en las pensiones solidarias de vejez para los jubilados que actualmente las reciben y para aquellos trabajadores que accederán a ellas en el futuro. Esto representa un alivio significativo para miles de personas mayores en Bolivia que dependen de estas pensiones para cubrir sus necesidades básicas y disfrutar de una vejez digna y tranquila.
Es importante destacar que este incremento no afectará la edad de jubilación en Bolivia, que se mantiene en 58 años, como lo establece la Ley N°065 de Pensiones. Además, el proyecto busca fortalecer el Fondo Solidario, garantizando así la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo.
Una de las medidas más relevantes del proyecto es el aumento en los aportes al Fondo Solidario por parte del empleador, del sector público y privado, y de los asegurados con ingresos más elevados. Sin embargo, es crucial señalar que este aumento se aplicará únicamente a aquellos trabajadores que perciban un salario por encima de Bs13.000, lo que representa solo el 7% del total de asegurados aportantes del Sistema Integral de Pensiones. Este enfoque garantiza que el peso del aumento recaiga principalmente en aquellos que están en una posición financiera más sólida, protegiendo así a los trabajadores de ingresos más bajos.
Algunas voces críticas han intentado desinformar a la población al afirmar que el proyecto busca financiar el Fondo de la Renta Universal de Vejez con los aportes de los asegurados al Sistema Integral de Pensiones. Sin embargo, estas afirmaciones son infundadas, ya que la ley que establece la Renta Dignidad especifica claramente sus fuentes de financiamiento, que incluyen el IDH, los dividendos de empresas públicas y aportes del Tesoro General de la Nación.
Además del aumento en las pensiones solidarias, el proyecto también contempla una disposición adicional única que permite a los trabajadores adultos mayores de 65 años someterse voluntariamente a una evaluación médica para determinar su capacidad física y mental para seguir trabajando. Esta medida, aunque opcional, busca proteger la salud y el bienestar de los trabajadores mayores, reconociendo su valiosa contribución a la fuerza laboral del país.
El proceso de aprobación del proyecto avanza, con la aprobación en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados el 25 de enero de 2024. Se espera que pronto sea tratado en el pleno de dicha Cámara, y los trabajadores y jubilados bolivianos que respaldan esta iniciativa esperan que su implementación mejore significativamente sus condiciones de vida en la etapa de la vejez.
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