Por: Martin Moreira Forma Parte de la Red de Economía Política Boliviana En tiempos de crisis, las decisiones económicas del Estado suelen revelar c
Por: Martin Moreira
Forma Parte de la Red de Economía Política Boliviana
En tiempos de crisis, las decisiones económicas del Estado suelen revelar con nitidez sus prioridades reales: mientras se construyen marcos de certidumbre y alivio para el sector empresarial, la protección del ingreso popular queda relegada a un segundo plano. Bajo el argumento de corregir distorsiones y garantizar estabilidad, se consolidan medidas que transfieren seguridad a quienes concentran capital y capacidad de negociación, pero dejan al pueblo expuesto a ajustes sucesivos, pérdida de poder adquisitivo y encarecimiento del costo de vida, especialmente a través de los carburantes, convertidos una vez más en la variable silenciosa del ajuste.
Mientras el discurso oficial insiste en la “corrección de distorsiones” y la “seguridad jurídica”, el proyecto de ley que restituye el 100% del crédito fiscal del IVA en la compra de combustibles revela una constante ya conocida en la política económica reciente: las medidas que alivian al empresariado formal terminan trasladando el costo al conjunto de la población, especialmente a los sectores populares.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía tras la aplicación del Decreto Supremo 5503, elimina el tope del 70% al crédito fiscal por la compra de gasolina y diésel. En términos técnicos, la medida parece razonable: el IVA no debería convertirse en un costo para quienes producen, transportan o prestan servicios dentro de la economía formal. Sin embargo, el problema no está en la técnica tributaria, sino en la lógica política y distributiva que la sostiene.
Un beneficio concentrado
Los principales beneficiarios de esta ley son claros y concretos:
empresas medianas y grandes, transportistas empresariales, agroindustria, minería legal, industria manufacturera y servicios intensivos en consumo de combustibles. Para estos sectores, la restitución del crédito fiscal completo implica menores costos, mayor liquidez y mejor capacidad de absorber la crisis.
No se trata de un beneficio menor. En una economía tensionada por la escasez de divisas, el encarecimiento de insumos y la incertidumbre macroeconómica, recuperar el 30% adicional del crédito fiscal significa un alivio directo a la rentabilidad empresarial.
Pero este alivio no viene acompañado de ningún mecanismo que garantice que ese beneficio se traduzca en precios más bajos, mejores salarios o mayor inversión productiva. El mercado no redistribuye por sí solo; acumula.
El pueblo fuera del sistema
Del otro lado de la ecuación quedan los sectores que no acceden al crédito fiscal:
trabajadores informales, cuentapropistas, pequeños transportistas, comerciantes populares y hogares que consumen combustibles directa o indirectamente.
Para ellos:
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El IVA en carburantes sigue siendo un costo pleno.
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No hay devolución, compensación ni alivio.
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El aumento de precios se siente de inmediato en transporte, alimentos y servicios.
La ley, lejos de cerrar brechas, profundiza la desigualdad entre economía formal e informal, consolidando un sistema donde solo quienes están plenamente integrados al aparato tributario reciben protección estatal.
Ajustes hoy invisibles, mañana inevitables
El argumento oficial sostiene que la ley “no crea nuevos impuestos ni incrementa la carga fiscal”. Formalmente es cierto. Pero en economía política, lo que no se recauda por un lado debe compensarse por otro.
Restituir el 100% del crédito fiscal implica:
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Menor recaudación efectiva.
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Mayor presión sobre un Estado con restricciones fiscales severas.
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Necesidad de ajustar subsidios o precios regulados.
En ese contexto, los combustibles vuelven a aparecer como la variable de ajuste preferida. La experiencia reciente demuestra que, cuando el equilibrio fiscal se tensiona, la respuesta no suele ser una reforma progresiva, sino incrementos graduales, silenciosos o diferidos en carburantes, acompañados de discursos de “racionalización” y “ordenamiento”.
Así, lo que hoy se presenta como una corrección técnica, mañana puede traducirse en nuevos ajustes que golpeen directamente el bolsillo popular.
Capital protegido, sociedad expuesta
Esta ley consolida una lógica ya instalada:
proteger al capital formal como ancla de estabilidad, aun cuando eso implique trasladar los costos sociales al conjunto de la población.
No es una política de redistribución, ni de justicia fiscal, ni de protección social. Es una política de contención empresarial, diseñada para evitar que la crisis golpee a los actores económicos con mayor capacidad de presión y negociación.
El pueblo, en cambio, queda expuesto a:
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Incrementos futuros en combustibles.
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Aumentos en el costo de vida.
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Ajustes indirectos vía transporte, alimentos y servicios básicos.
Una señal política clara
Más allá de su formulación técnica, la ley envía un mensaje político inequívoco:
en tiempos de crisis, el Estado prioriza la certidumbre de los empresarios y posterga la protección del ingreso popular.
No se trata de negar la importancia de la actividad productiva, sino de evidenciar una asimetría persistente: cuando se trata de aliviar costos, la respuesta es rápida para el sector empresarial; cuando se trata de proteger el poder adquisitivo del pueblo, la respuesta se diluye en promesas futuras.
En definitiva, la restitución del crédito fiscal del IVA en combustibles no es una medida neutral. Favorece a los empresarios hoy y prepara el terreno para que, mañana, el ajuste vuelva a recaer sobre el pueblo, una vez más, a través del precio de los carburantes.
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