En otro orden de ideas, la Gestora Pública ha experimentado un importante crecimiento en el número de asegurados y empleadores registrados en el Siste
En otro orden de ideas, la Gestora Pública ha experimentado un importante crecimiento en el número de asegurados y empleadores registrados en el Sistema Integral de Pensiones (SIP). Desde septiembre de 2022 hasta abril de 2023, la entidad ha registrado un total de 30,965 trabajadores, 9,371 empresas y 305 entidades públicas. Estos resultados son una muestra del compromiso de la Gestora Pública con el fortalecimiento del sistema de pensiones en Bolivia y su papel clave en la protección de los derechos de los trabajadores y jubilados del país.
La Gestora Pública recibirá los aportes de los trabajadores, los administrará y los invertirá. El dinero invertido, junto con la rentabilidad obtenida, se sumarán al capital que financiará las pensiones de los afiliados, que es el objetivo principal de la Gestora Pública.
La entidad entrará en pleno funcionamiento desde el 2 de mayo y se encargará del proceso de recaudación de aportes a partir del 15 del mismo mes. Además, a partir del 1 de junio, comenzará a pagar las pensiones.
La finalidad de la Gestora es administrar los aportes de los trabajadores de manera fácil y segura para proporcionar una jubilación digna y garantizar la vejez de los mismos. Para lograr esto, se proporcionará información oportuna y transparente sobre los ahorros, que se presentará a través de rendición de cuentas públicas. Cada asegurado podrá verificar fácil y transparentemente sus aportes en las plataformas digitales.
La Gestora Pública solo puede utilizar sus recursos para el pago de pensiones y beneficios de la seguridad social a largo plazo. Los Fondos de la Seguridad Social son autónomos y diversos, y se administran de forma independiente a los recursos de la Gestora para garantizar su destino a inversiones y su manejo adecuado. Por lo tanto, los recursos de los fondos no pueden ser utilizados en gastos operativos o administrativos de la empresa que los administra, y todo el dinero retorna a los trabajadores en forma de pago de pensiones y beneficios.
Al constituirse como una Empresa Pública Nacional Estratégica, de derecho público, con duración indefinida, personalidad jurídica y patrimonio propio, la Gestora Pública cuenta con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica. Además, tiene jurisdicción, competencia y estructura de alcance nacional, lo que garantiza un manejo transparente de los recursos confiados por los aportantes.
Es importante destacar que la Gestora Pública administrará de manera más eficiente que las AFP, que han obtenido ganancias sin mucho esfuerzo. Desde 2003, la rentabilidad anual de los fondos de pensiones administrados por las AFP ha disminuido del 15,75% al 8,31% a finales de 2022. Esta gestión deficiente de los ahorros de los aportantes ponía en riesgo la jubilación de miles de bolivianos, mientras las AFP se enfocaban en obtener comisiones, que alcanzaron la suma de $224 millones.
Anteriormente, las AFP cobraban cuatro comisiones: la primera, una comisión directamente aplicada a los asegurados, correspondía al 0,5% del total ganado; la segunda, por el pago a los jubilados, era del 1,31%; la tercera comisión era del 0,85%, destinada al Fondo de Riesgos; y la cuarta, del 0,22%, se destinaba a la administración del portafolio. En cambio, la Gestora Pública solo cobrará una comisión del 0,5%. Esto significa que la comisión del 1,31% será eliminada y consolidada a favor de los jubilados, lo que se traducirá en un aumento en las boletas de pago de los trabajadores.
Uno de los beneficios más importantes de la Gestora Pública es que las utilidades que antes percibían las AFP ahora fortalecerán el Fondo Solidario y el Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV). Además, la rentabilidad de la Gestora Pública entre septiembre y diciembre de 2022 fue del 4,51%, superando a la rentabilidad de Previsión, que alcanzó el 3,47%, y Futuro, que llegó al 3,34%. Esto significa que, bajo las mismas reglas que operan las AFP, la Gestora Pública puede obtener una mayor rentabilidad y, por lo tanto, mayores beneficios para los aportantes y jubilados.
Otro beneficio importante es que la Gestora Pública es una empresa estratégica con mayor presencia en todo el país, brindando atención en línea, líneas gratuitas de atención al cliente y quioscos de consulta para proporcionar una mejor calidad de atención. A diferencia de las AFP, que se enfocaban en ganar dinero sin preocuparse por los asegurados, la Gestora Pública tiene como objetivo brindar un mejor servicio y atención a los aportantes y jubilados.
¿Por qué es más seguro que los aportes de los trabajadores estén en manos de la Gestora Pública y no en manos de trasnacionales?
La Gestora Pública está sujeta a mecanismos de control de los fondos de los aportantes y jubilados, por lo tanto, no habrá ningún secuestro de los fondos. Los fondos de pensiones que administra la Gestora son patrimonios autónomos, es decir, que no se pueden utilizar en nada más que en la inversión para generar rendimientos y posteriormente financiar las pensiones de los aportantes.
Además, estos fondos estarán fiscalizados por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) y serán sometidos a una auditoría externa por parte de varias entidades.
Al ser una entidad fiscalizada, supervisada y regulada, la Gestora tiene la obligatoriedad de presentar de manera pública todos sus movimientos como empresa y de los fondos que representa y administra. El manejo de recursos es de carácter público, estará disponible a través de diferentes canales, y se remitirá información periódica a los medios de comunicación, al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a la Asamblea Legislativa, al Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al Organismo de Fiscalización y a la Contraloría General del Estado.
Al estar en manos de la Gestora Pública, los aportes de los trabajadores estarán más protegidos y supervisados, lo que garantiza un manejo transparente y responsable de los fondos de pensiones. Además, al ser una entidad nacional, se fomenta la inversión y el fortalecimiento del país.
La Gestora se enmarca en el artículo 45, párrafo II de la CPE, el cual establece que la seguridad social debe prestarse bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. La dirección y administración de la seguridad social corresponde al Estado, con control y participación social. Este mandato se complementa con lo establecido en el párrafo VI, que prohíbe la privatización o concesión de los servicios de seguridad social pública.
Los aportes están siendo migrados en su totalidad desde la AFP a la Gestora sin que falte ni un solo peso, por lo tanto, los nuevos aportes que se reciban a partir del 2 de mayo serán pagados el 1 de junio, con el beneficio del 1,31% que aparecerá en las boletas de pago de los beneficiarios.
El Directorio de la Gestora se conforma de acuerdo con la Ley 065 de Pensiones. Como la máxima autoridad de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, es responsable de definir políticas, normas internas y fiscalizarlas. También es responsable de establecer estrategias administrativas, operativas, de inversiones y financieras.
El Directorio de la Gestora estará compuesto por un presidente y cuatro directores, quienes serán designados por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia de ternas aprobadas por dos tercios de votos de los miembros presentes en sesión de la Cámara de Diputados. Ejercerán sus funciones durante cinco (5) años y no podrán ser reelegidos hasta después de un período igual al que ejercieron sus funciones. Los postulantes pueden pertenecer a cualquier gremio, siempre que gocen de un título profesional y tengan experiencia en las inversiones públicas
Martin Moreira
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