La piratería digital es un delito criminal, explota y promociona de manera ilegítima productos o contenidos audiovisuales. Su afectación va directamen
La piratería digital es un delito criminal, explota y promociona de manera ilegítima productos o contenidos audiovisuales. Su afectación va directamente a creadores de contenido, empresas de telecomunicaciones y autoridades fiscales.
El Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (CERTAL), ha identificado que la industria audiovisual es la más afectada por esta práctica fraudulenta, debido al incremento de portales ilegales de streaming e IPTV (televisión por protocolo de internet), además de la venta de claves de acceso para las plataformas de series, películas, música, deportes, videojuegos y libros digitales en formato ebook. Estos servicios que corrompen la ley son denominados ciberdelincuencia.
El presidente de CERTAL, Pablo Scotellaro, manifiesta que el centro está orientado a atender las necesidades de sus socios estratégicos y sociedades en su conjunto, por ello, se posicionó como un aliado para las empresas que sufren el flagelo de la piratería, al trabajar en concientizar, a nivel Latinoamérica, los daños que abarca este delito y salvaguardar la propiedad intelectual. “La piratería digital, más allá de afectar económicamente a las empresas, genera un menor pago de impuestos y causa daño directo a los países, porque las pérdidas se traducen en oportunidades laborales que no se generan”, acota Scotellaro.
Pérdidas millonarias a empresas de telecomunicaciones
En Latinoamérica, se pierden millones de dólares producto de la piratería. El estudio “Dimensión e impacto de la Piratería online de contenidos audiovisuales” publicado por el Centro Cet.la, revela que las pérdidas oscilan entre los 733 millones de dólares, anualmente. Además, aclara que, de los aproximadamente 223.3 millones de usuarios de internet en el mundo, un 50% accede a sitios que distribuyen contenidos pirateados.
Vacío legal e incremento de plataformas y servicios de piratería
El crecimiento constante e incontrolable de la tecnología hace que con frecuencia surjan nuevos servicios de piratería que no van acompañados de leyes que tengan impacto en su funcionamiento y/o regulación. En ese sentido, CERTAL ha venido trabajando en varios países de Latinoamérica y con actores específicos como: cable operadores, fiscales, jueces, ministerios, empresas reguladoras y medios de comunicación para que acompañen, generen y apliquen normativas que frenen este delito, “Los vacíos legales deben llenarse con nuevos marcos regulatorios que ante todo acompañen la expansión digital que vive el mundo. Se deben asumir medidas de control”, manifiesta Scotellaro.
El caso de la página pirata Roja Directa
En Uruguay, se llevó a cabo una demanda a la Fiscalía del país, donde FOX International Channels era el titular de los derechos de transmisión exclusiva de la Copa Libertadores de América, Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana, estos eventos eran transmitidos ilegalmente por la página Roja Directa, sin contar con la autorización respectiva.
La justicia penal especializada en crimen organizado ordenó el bloqueo del acceso al sitio web por parte de los proveedores de internet del país, al argumentar que infringe los derechos de autor protegidos por la ley uruguaya referente a los eventos deportivos.
“Más allá que Roja Directa y sus administradores se encuentren en otros países, su funcionamiento en Uruguay contribuye a la propagación del delito. Esta resolución marca el inicio de la concientización judicial en temas de piratería digital, se tomaron medidas ágiles dignas de ser replicadas en los demás contextos”, señaló el ejecutivo de CERTAL.
Este no es el único precedente para este sitio pirata, en 2016, España inició un proceso penal contra Roja Directa por violación de la propiedad intelectual por parte de La Liga (representante de la liga de fútbol del país) y la productora audiovisual Mediapro dueña de los derechos de los partidos.
El informe judicial señala que Roja Directa estuvo empobreciendo intelectualmente a España mientras llenaba su cuenta bancaria. A la fecha, el juez del caso solicitó cuatro años de cárcel para Igor Seoane, creador de la página, además del cese de la suspensión inmediata de la transmisión web, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicación o la prestación de cualquier servicio que les permite seguir pirateando contenido y una multa de más de siete millones de dólares.
Piratería que también afecta al consumidor
Los sitios operados por piratas ofrecen acceso a contenidos que han sido robados de un operador y que son protegidos por licencias de propiedad intelectual. Por su lado, los usuarios no tienen garantías de la calidad del servicio y corren el riesgo que los sitios repentinamente dejen de funcionar. “El dinero que se paga para estos servicios piratas puede ir a cuentas bancarias con vinculación al blanqueo de capitales, incluso, los sitios por lo general contienen códigos maliciosos que afectan el funcionamiento de los equipos y pueden robar datos del usuario”, concluyó el ejecutivo.
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