Por: Martin Moreira Forma parte de la Red de Economía Política Boliviana En Bolivia se ha instalado un modelo político que, lejos de responder a
Por: Martin Moreira
Forma parte de la Red de Economía Política Boliviana
En Bolivia se ha instalado un modelo político que, lejos de responder a las necesidades populares, se ha inclinado abiertamente hacia los intereses de los grandes grupos económicos, configurando lo que muchos ya describen como un gobierno para empresarios. La reciente eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas —junto con la desarticulación de otros tributos progresivos— no es un acto aislado ni técnico, sino la devolución de favores a aquellos millonarios que financiaron, apadrinaron o facilitaron la campaña electoral del PCD, una factura que ahora se paga con recursos públicos. Mientras las élites celebran el alivio tributario, el costo recae sobre el pueblo, obligado a enfrentar incrementos en productos básicos como el pan y a sostener con su propio sacrificio un ajuste disfrazado de modernización económica.
La estructura fiscal de un país refleja, más que cualquier discurso, las verdaderas prioridades de un gobierno. En Bolivia, la anulación de impuestos claves como el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y el Impuesto a la Juegos (IJ) abre una brecha peligrosa entre quienes más tienen y quienes todos los días enfrentan el aumento del costo de vida, simbolizado brutalmente en algo tan básico como el precio del pan.
Los datos oficiales son elocuentes. En 2024, la recaudación combinada del ITF, IGF e IJ alcanzó 414,3 millones de bolivianos. Para octubre de 2025, la recaudación bajó a 370,6 millones, evidenciando que el Estado ha renunciado gradualmente a ingresos esenciales. En promedio, el gobierno ha dejado de percibir alrededor de 405 millones de bolivianos por año por estas tres fuentes.
La cifra puede sonar abstracta, pero su impacto es real y directo. Con 405 millones de bolivianos, el Estado podría cubrir:
- Un mes completo de sueldos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, cuyo gasto conjunto mensual bordea los 402,7 millones de bolivianos.
- Un mes de salarios del sector Salud Pública, que requiere 382 millones de bolivianos.
- El 30% de la planilla mensual del Magisterio Fiscal, que asciende a 1190 millones de bolivianos.
En otras palabras, los ingresos que el gobierno decidió eliminar voluntariamente equivalen al funcionamiento de servicios esenciales que sostienen al país. Y la pregunta inevitable es: ¿por qué un Estado con restricciones fiscales renuncia a ingresos provenientes de sectores con mayor capacidad económica, mientras presiona cada vez más sobre los bolsillos del pueblo?
La contradicción se vuelve escandalosa cuando se contrasta esta renuncia fiscal con el aumento del precio del pan, un alimento que no solo es básico sino simbólico para las familias bolivianas. Mientras se perdonan impuestos a los grandes capitales, el pueblo paga más por el alimento más esencial de su mesa.
El mensaje implícito es claro: los ajustes no recaen sobre los que tienen más, sino sobre quienes dependen de su salario para sobrevivir.
El argumento oficial sostiene que eliminar estos impuestos “incentiva la inversión”, pero la evidencia internacional demuestra que la progresividad tributaria —es decir, que paguen más quienes más tienen— es un pilar fundamental para sostener Estados que aspiran a garantizar salud, educación y seguridad. En cambio, renunciar a ingresos que no afectan al ciudadano común, mientras se toleran o impulsan incrementos en productos básicos, es una decisión regresiva y socialmente injusta.
La política fiscal actual parece responder a otra lógica: contentar a quienes concentran la riqueza y trasladar los costos del ajuste a la mayoría trabajadora. Y aunque las palabras pueden tratar de suavizarlo, las cifras no mienten. El Estado ha decidido deshacer anualmente alrededor de 405 millones de bolivianos, dinero suficiente para sostener sectores completos del aparato público.
En un momento en que el país enfrenta tensiones económicas, la renuncia a estos ingresos no solo es irresponsable: es un mensaje político sobre quiénes se consideran intocables y quiénes están obligados a sacrificarse.
El pan sube, pero las grandes fortunas bajan sus contribuciones. Esa es la ecuación fiscal que hoy rige en Bolivia. Y si el gobierno insiste en que hay crisis los números muestran que el que realmente está pagando el ajuste es el pueblo.
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