La intención de aprobar una denominada ley antibloqueos desde la Asamblea Legislativa Plurinacional no es un hecho aislado ni técnico: es una decisión
La intención de aprobar una denominada ley antibloqueos desde la Asamblea Legislativa Plurinacional no es un hecho aislado ni técnico: es una decisión profundamente política que atenta contra uno de los derechos históricos más importantes del pueblo boliviano, el derecho a la protesta social. Lejos de buscar el “orden” o la “libre transitabilidad”, esta norma pretende criminalizar la movilización popular y desarmar a los sectores sociales frente a un modelo liberal que insiste en saquear y vender Bolivia.
¿Se viene un bloqueo contra la ley “antibloqueo”?
El bloqueo de caminos no es un capricho ni una moda. En Bolivia, es una medida extrema pero legítima, nacida de la exclusión, del abandono estatal y de la falta de canales reales de diálogo. La historia reciente demuestra que muchos de los derechos laborales, sociales y políticos se conquistaron precisamente mediante movilizaciones, marchas y bloqueos. Negar esa realidad es negar la memoria colectiva del país.
No es casual que tanto la Central Obrera Boliviana (COB) como los cooperativistas mineros hayan salido al frente para rechazar esta ley. La COB ha recordado que la protesta social ha sido una herramienta clave para arrancar conquistas al poder político y económico, mientras que la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), a través de su presidente Josué Caricari, ha advertido sobre el peligro de mensajes provocadores que buscan penalizar incluso el uso de explosivos en contextos de protesta, desconociendo la particularidad del sector minero y su forma histórica de organización y lucha.
“Lamentamos algunos mensajes de provocación, como eso de querer penalizar el utilizar materiales explosivos”, señaló Caricari, dejando claro que esta ley no solo apunta a los bloqueos, sino a disciplinar y criminalizar sectores enteros del movimiento popular.
La llamada ley antibloqueos se sostiene sobre una falsedad jurídica y política: la idea de que el bloqueo es, por definición, un delito. En realidad, el bloqueo surge cuando el Estado falla, cuando no escucha, cuando gobierna de espaldas al pueblo. Penalizarlo no resolverá los conflictos sociales; por el contrario, los profundizará.
Además, resulta evidente la desfachatez liberal detrás de esta iniciativa. Mientras se intenta silenciar la protesta, se facilita la entrega de recursos naturales, se precariza el trabajo y se favorece a intereses privados y transnacionales. El mensaje es claro: libre tránsito para el capital, pero no para la voz del pueblo.
Ante este escenario, la pregunta es inevitable: ¿se viene un bloqueo contra la ley “antibloqueo”? La historia boliviana enseña que cuando se intenta apagar la protesta con leyes represivas, la respuesta social no tarda en llegar. No por gusto, sino por necesidad.
Defender el derecho al bloqueo no es defender el caos; es defender la democracia real, aquella que se ejerce en las calles cuando las instituciones dejan de representar a la mayoría. Criminalizar la protesta es el primer paso hacia el autoritarismo, y Bolivia ya sabe —por experiencia— el alto precio que eso implica.
COMMENTS