Instalaciones clandestinas de gas ponen en riesgo a la población

El distrital de Redes de Gas Oruro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Grover Condori Vargas, solicitó a los usuarios de gas domiciliario, que requieran trabajos de ampliación y modificación de instalaciones internas para el suministro de gas natural, cumplir con los requisitos legales y técnicos requeridos y no optar por instalaciones clandestinas, las cuales pueden provocar accidentes.

“Las conexiones clandestinas ponen en peligro la seguridad de los hogares y sus miembros. Una fuga de gas puede causar desde un incendio hasta una explosión con daños materiales y personales”, puntualizó Condori.

En ese sentido, el distrital añadió que las instalaciones clandestinas vulneran normas de seguridad. “YPFB es la única instancia encargada de autorizar y verificar cualquier instalación, ampliación o modificación que se realice a una nueva conexión”.

Respecto al procedimiento para solicitar trabajos de ampliaciones y modificaciones, el responsable de Instalaciones Internas de Redes de Gas, Edwin Chungara, precisó que “los usuarios deben realizar la contratación de una empresa instaladora registrada y autorizada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)”.

La empresa autorizada debe elaborar un proyecto según el requerimiento del usuario solicitante y presentarlo en ventanilla única de YPFB para que se asigne un supervisor, quien se encargará de hacer el seguimiento para la aprobación del proyecto tras su construcción, prueba de hermeticidad, firma del contrato, construcción de acometida, habilitación del servicio y al finalizar el ingreso al sistema de facturación.

“Lamentablemente existen personas inescrupulosas que prestan servicios para realizar instalaciones clandestinas a menor costo o empresas que no están registradas y estafan al usuario. Al realizar trabajos de instalaciones irregulares se incurre en el incumplimiento del reglamento de diseño, construcción, operación de redes de gas natural e instalaciones internas, del Decreto Supremo 1996”, dijo Chungara.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos