Inflación en Bolivia: cuando la política pesa más que la economía

Por: Martin Moreira

Forma Parte de la Red Economía Política Boliviana

El Gobierno de Paz ha salido con entusiasmo a colgarse medallas ajenas, presentando como logro propio una supuesta “estabilización” económica que, en realidad, responde más al fin de la convulsión política que a una gestión brillante o a reformas estructurales de fondo. Bajo un discurso triunfalista, se intenta instalar la idea de que la desaceleración de la inflación en la segunda mitad de 2025 es resultado directo de decisiones acertadas, cuando los datos y los análisis externos muestran que el verdadero punto de inflexión fue el levantamiento de bloqueos, la despolitización forzada de la economía y la reducción de la especulación cambiaria tras el proceso electoral. Así, el relato oficial transforma la normalización mínima del escenario político en un “milagro económico”, apropiándose de un alivio que no nació de nuevas políticas, sino del simple retiro de los factores que habían empujado a la economía al borde del colapso en los primeros meses del año.

La inflación en Bolivia durante 2025 no puede explicarse únicamente a partir de variables económicas tradicionales. Aunque el Gobierno ha intentado presentar el fenómeno como resultado de factores externos o de una supuesta “inflación importada”, los datos y los informes de organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), muestran que la crisis política fue un factor central que agravó los desequilibrios macroeconómicos y elevó el riesgo país.

Según los informes del FMI (Artículo IV) y análisis macroeconómicos estándar, la incertidumbre política tuvo un impacto directo sobre las expectativas, el flujo de dólares y el normal funcionamiento de la economía. Bajo esta mirada externa, los primeros meses del año —de enero a junio— estuvieron marcados por una combinación de bloqueos de carreteras, paralización de créditos externos, restricción en el ingreso de dólares comerciales y una politización extrema de la economía. Estos factores, más que una razón económica estructural, explican la aceleración inflacionaria observada en ese periodo.

Los datos son contundentes. En enero la inflación acumulada alcanzaba 1,95%, pero mes a mes fue escalando con fuerza: 3,24% en febrero, 5,00% en marzo y 5,95% en abril. El quiebre se dio entre mayo y junio, cuando la inflación acumulada saltó de 9,81% a 15,53%, registrando en junio el mayor aumento mensual del año, con 5,72 puntos porcentuales. Este pico coincide con el momento de mayor tensión política, bloqueos generalizados y fuerte especulación cambiaria, elementos que el propio FMI identifica como factores que incrementan el riesgo país y deterioran la estabilidad económica.

Sin embargo, a partir de julio el comportamiento de los precios cambió de forma notable. Entre julio y diciembre la inflación se desaceleró de manera clara. En julio la inflación acumulada llegó a 16,92% y cerró el año en 20,40%, lo que implica que en la segunda mitad del año el aumento fue cercano al 5%. Este freno ha sido presentado por el nuevo Gobierno como resultado de su gestión económica, pero un análisis más profundo sugiere otra lectura.

El llamado “milagro” de la desaceleración inflacionaria parece coincidir más con un cambio en el clima político que con nuevas medidas económicas estructurales. Tras las elecciones, la politización extrema se desvaneció, dejaron de ser “convenientes” los bloqueos y la presión sobre la economía, se aprobaron créditos externos y disminuyó la especulación sobre el dólar. En otras palabras, se retiraron los factores políticos que habían estado asfixiando la economía en el primer semestre del año.

El detalle del Índice de Precios al Consumidor (IPC) refuerza esta interpretación. En diciembre de 2025, la variación mensual fue de 0,59%, explicada principalmente por alzas en transporte, alimentos consumidos fuera del hogar, bebidas alcohólicas y tabaco, prendas de vestir, salud y vivienda. Los productos con mayor incidencia positiva fueron el transporte urbano e interdepartamental, la gasolina y el pan corriente, mientras que algunos alimentos como la carne de pollo, tomate y zanahoria ayudaron a moderar el índice.

A nivel regional, la inflación de diciembre también mostró incrementos generalizados: Potosí (1,66%), Conurbación La Paz (1,48%), Oruro (0,96%) y Sucre (0,57%), lo que evidencia que la presión inflacionaria no desapareció, sino que simplemente se volvió más contenida.

En conclusión, los datos sugieren que la inflación boliviana de 2025 fue menos el resultado de decisiones técnicas de política económica y más una consecuencia directa de la inestabilidad y la manipulación política de la economía. La estabilidad de precios observada en la segunda mitad del año luce frágil y, en cierto sentido, ficticia: no nace de reformas estructurales ni de un cambio profundo en el modelo económico, sino del retiro temporal de la conflictividad política que, meses antes, había empujado a la inflación a niveles históricamente altos.