La Central de Pueblos Indígenas de La Paz respalda a la comunidad Leco de Charopampa en el municipio de Mapiri, que ha resuelto la expulsión de la Coo
La Central de Pueblos Indígenas de La Paz respalda a la comunidad Leco de Charopampa en el municipio de Mapiri, que ha resuelto la expulsión de la Cooperativa Minera Aurífera 15 de mayo.
La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) se declaró en alerta y emergencia por las amenazas de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) que pidió al Gobierno que autorice la intervención del Ejército en la región de Mapiri, donde existe un conflicto entre la comunidad de Charopampa y la Cooperativa Minera 15 de mayo.
El presidente de la Cpilap, Gonzalo Olivera, expresó su pleno respaldo a la comunidad leco de Charopampa que rechaza la presencia de la Cooperativa Minera Aurífera 15 de mayo, porque en el afán de explotar oro desviaron el río con graves consecuencias para los habitantes y sus casas y han generado un daño medioambiental.
“Los cooperativistas están amenazando con movilizarse, están pidiendo militarización de la comunidad leco de Charopampa, no vamos a permitir, estamos alertas como Cpilap. Somos 10 territorios indígenas, estamos comprometidos en el marco de la hermandad, donde hay un problema en una TCO es problema de las otras nueve”, informó Olivera en contacto con ANF.
La pasada semana, el presidente de la Ferreco, Eloy Sirpa, advirtió con marchas en la Sede de Gobierno y bloqueo de carreteras si el Gobierno no autoriza la intervención del Ejército en la región de Mapiri para frenar el “avasallamiento” de áreas mineras por comunarios del lugar.
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) otorgó a la cooperativa minera seis cuadrículas en la jurisdicción de la comunidad de Charopampa, sin embargo, pese al aprovechamiento de los recursos naturales no retribuye con obras sociales; pero lo más grave fue el desvío del río con graves consecuencias para los habitantes.
Olivera insistió que la zona en conflicto sigue bajo resguardo de los comunarios, aunque dijo que continúan las amenazas y el hostigamiento hacia los pobladores de Charopampa, señaló que si el Gobierno concreta una militarización “sería un franco atentado a los derechos humanos de los pueblos indígenas”.
“No estamos en contra que haya ingresos para el Estado, pero tiene que ser en el marco del respeto a los derechos de los pueblos indígenas y cuidando el tema del medio ambiente”, sostuvo Olivera.
Por otra parte, la organización resolvió respaldar plenamente la Resolución del Tribunal de Justicia de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Chaco y Amazonía de Bolivia en la aplicación de la Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC) en la se determinó la “expulsión definitiva” de la cooperativa.
“Efectivamente, ya tenemos una resolución de la justicia indígena, en la cual se ha determinado la expulsión definitiva de esta cooperativa. La resolución ya está en control constitucional en Sucre, para validar la justicia indígena es un mecanismo de justicia establecido en la Constitución Política del Estado”, declaró Olivera.
Acotó que para los indígenas el tema de fondo es “modificar” la Ley de Minería porque no representa ni protege los derechos de los pueblos indígenas. “Si bien hay la consulta previa, pero podemos decir no (a la explotación), pero en la tercera vez decide el Ministerio, son muchos vacíos grandes en la ley, nosotros fuertemente vamos a plantear su modificación”.
Olivera manifestó que los hechos que están sucediendo en Charopampa es la “punta del ovillo” de una serie de vulneraciones a los derechos indígenas y un conflicto mayor que se está reproduciendo en otros territorios indígenas, como en la comunidad de Uchupiamonas, o territorios Tacana.
Están con solicitudes para aprovechamiento minero, no vamos a permitir que se consoliden estas concesiones mineras, por el contrario, vamos a pedir que en la Ley Minera se modifique y participen los indígenas”, sostuvo.
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