La audiencia se realizó en el Salón Auditorio del Centro de Comunicaciones La Paz, en la sede de Gobierno, con la presencia de representantes de las o
La audiencia se realizó en el Salón Auditorio del Centro de Comunicaciones La Paz, en la sede de Gobierno, con la presencia de representantes de las organizaciones sociales, como el Consejo Nacional Afroboliviano, Organización Nacional, Organización Social Comunidad Sur.
Además de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, Confederación Nacional de Trabajadores de la Construcción, Confederación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa”, Central Obrera Boliviana (COB), Federación de Juntas de Vecinos de La Paz, entre otras, también del sector privado y público.
Cazón explicó que en montos, entre enero y diciembre de 2021 la recaudación de MI llegó a Bs27.565 millones y en los 12 meses de 2022 a Bs32.239,2 millones, con un crecimiento del 17%.
La recaudación total —incluye tributos de MI, además del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y el Impuesto a las Transacciones (ITF)— creció un 17,3% en 2022, respecto a 2021, es decir que el año pasado llegó a Bs42.128,7 y hace dos años a Bs 35.901,2.
En su evaluación, el Presidente del SIN puntualizó que los 36 días de paro cívico en el departamento de Santa Cruz provocaron en la economía boliviana la pérdida de más de 1.330 millones de dólares.
“Nuestra recaudación tributaria —añadió— también ha sido afectada en prácticamente Bs730 millones. Entonces, hemos perdido los bolivianos en la recaudación, estos Bs730 millones, que se podían sumar a los Bs32.239,2 millones recaudados”.
La autoridad recordó además que el viernes 30 de diciembre de 2022 un abogado de la Administración Tributaria fue secuestrado y torturado por miembros de la Unión Juvenil Crucenista (UJC).
Además, que la madrugada de ese mismo viernes, grupos afines al civismo cruceño asaltaron violentamente, quemaron y destruyeron la Agencia Distrital I-Santa Cruz I, del SIN, ubicada entre las avenidas Sexto Anillo y Cañada Pailitas de la zona Plan Tres Mil.
El miércoles 28 de diciembre, esos mismos grupos asaltaron y quemaron la Gerencia Distrital Santa Cruz II, ubicada en la avenida Ovidio Barbery Nº 700.
Otros resultados positivos
El Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital (PBD-11) creció en 23.648 nuevos registrados en 2022, lo que significa que en la pasada gestión esta cantidad de actividades económicas comenzó a tributar al SIN.
En diciembre de 2021, en el PDB-11 había 442.133 registrados y para el mismo mes de 2022 esa cifra se elevó a 465.781, con un crecimiento del 5,3%, es decir, 23.648 nuevos inscritos.
En 2022, el SIN realizó 224.701 controles operativos, cifra que representa un incremento de 185% (145.856 más casos), respecto de las 78.845 tareas de control llevadas a cabo en 2021.
Los operativos de control coercitivos se elevaron de 1.478 (en 2021) a 10.972 casos (en 2022), con un crecimiento de 642,4% (9.494 casos más).
Los controles formativos se elevaron de 40.718 (en 2021) a 116.589 (en 2022), con un incremento de 186,3%, es decir, 75.871 casos más.
Los controles móviles de facturación se incrementaron de 36.649 (en 2021) a 97.140, con un crecimiento de 165,1% (60.491 casos más).
La recaudación por cobro de la mora tributaria, a diciembre 2022, alcanzó a Bs1.129,7 millones, cifra que reflejó un crecimiento del 60,3%, respecto del año 2021.
Tras proporcionar estos y otros datos, el Presidente del SIN respondió preguntas de los asistentes. Luego se procedió a la firma del acta de conformidad, con la cual finalizó el evento.
Marco legal
La Audiencia de Rendición Pública de Cuentas se realizó en cumplimiento de los Artículos 235 Inciso 4) y 241 Parágrafo II de la CPE y de la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción aprobada por Decreto Supremo Nº 214 de 22 de julio de 2009.
En ese marco, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas implementó en junio de 2009 el Programa de Transparencia en la Gestión Pública, debiendo las entidades bajo tuición y dependencia de esa Cartera de Estado realizar Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas ante las organizaciones sociales que ejercen el Control Social a su gestión y ante la sociedad civil en general, en base al Programa Operativo Anual (POA).
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