Experta internacional recomienda prepararse como país para la lucha contra legitimación de ganancias ilícitas

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) organizó la conferencia magistral “Rol de Directivos y Alta Gerencia en el Marco de la Preparación para la 4ª Ronda de Evaluación Mutua – GAFILAT”, en la que la experta internacional, Alejandra Quevedo, expuso los conceptos centrales, los procedimientos y la metodología que se utilizan en cada evaluación mutua para verificar el grado de avance en la implementación y cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
“La prevención y lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, es un tema de interés nacional, de relevancia para las entidades que componen el sistema financiero boliviano, por su transversalidad”, señaló el Presidente de ASOBAN, Ronald Gutiérrez, al momento de inaugurar el evento, al que asistieron al menos 50 gerentes de Bancos, Instituciones Financieras de Desarrollo, Agencias de Bolsa y directores de Fondos de Inversión.
Evaluaciones mutuas
Quevedo, actual consultora en integridad financiera del Banco Mundial y otros organismos, enfatizó en su exposición que las evaluaciones mutuas se realizan entre pares; es decir, son los propios países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) quienes aportan expertos evaluadores para llevar adelante la revisión de cada uno de sus miembros y se tratan de procesos complejos que pueden extenderse hasta un año y medio.
La experta señaló que las evaluaciones mutuas toman como punto de partida los riesgos de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT) y el contexto de cada país. La evaluación mutua se concentra en la evaluación de cumplimiento técnico, es decir: se analiza que el ordenamiento jurídico nacional esté adecuado a lo que establecen los Estándares Internacionales en materia de lucha contra el LA, FT y financiamiento de la proliferación (FP), establecidos en los Estándares del GAFI, así como el aparato institucional requerido para la implementación de estas medidas.
Adicionalmente, la evaluación mutua evalúa los niveles de efectividad del país en materia de prevención y combate al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación a partir del análisis de los resultados del país en la implementación los diferentes componentes del sistema ALA/CFT.
Rol de la Alta Gerencia
Quevedo indicó el importante papel que debe desempeñar la alta dirección de las entidades, en el fomento y la promoción de una cultura de cumplimiento de las medidas de lucha contra las ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo.
La experta señaló que el involucramiento de la alta gerencia y de las entidades como sujetos obligados en la evaluación mutua, tiene al menos tres roles: i) a nivel institucional en la implementación efectiva de los controles internos sobre la base de los riesgos LA/FT del país ii) a nivel sectorial donde las entidades financieras tienen que aplicar buenas prácticas y participar de diálogos con las autoridades competentes para la continua mejora de la implementación de los estándares internacionales y iii) a nivel nacional, contribuyendo con las autoridades en el apoyo a las iniciativas legislativas y regulatorias, así como la colaboración y cooperación con otros sectores de sujetos obligados a la prevención del LA y FT para elevar su cumplimiento.
¿Qué es el GAFI?
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es el organismo de vigilancia mundial del LA y el FT. Este organismo intergubernamental establece normas internacionales destinadas a prevenir estas actividades ilegales y el daño que causan a la sociedad. Como organismo de formulación de políticas, el GAFI trabaja para generar la voluntad política necesaria para llevar a cabo reformas legislativas y reglamentarias nacionales en estos ámbitos.
Con más de 200 países y jurisdicciones comprometidos con su aplicación. El GAFI ha elaborado las Recomendaciones del GAFI, o Estándares del GAFI, que garantizan una respuesta mundial coordinada para prevenir la delincuencia organizada, la corrupción y el terrorismo. Ayudan a las autoridades a perseguir el dinero de los delincuentes que trafican con drogas ilegales, el tráfico de personas y otros delitos. El GAFI también trabaja para detener la financiación de armas de destrucción masiva.
www.fatf-gafi.org
¿Qué es el GAFILAT?
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. El GAFILAT fue creado para prevenir y combatir el LA, FT y el FP, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.
https://www.gafilat.org
Bolivia es un integrante fundador de GAFISUD (luego GAFILAT) junto con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, mediante la firma del Memorando de Entendimiento constitutivo del Grupo, el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia. Es miembro del GAFILAT desde el año 2009 con la firma del Memorando de Entendimiento del GAFILAT.
Alejandra Quevedo
Alejandra Quevedo es consultora en integridad financiera del Banco Mundial y otros organismos internacionales. Tiene más de 15 años de experiencia trabajando, con países de América Latina y el Caribe, Asia y África en el desarrollo de sus regímenes de ALA/CFT, en una variedad de proyectos sobre la implementación de los Estándares del GAFI a partir de la asistencia en evaluaciones nacionales y sectoriales de riesgo de LA/FT, desarrollo de marcos regulatorios y de políticas públicas ALA/CFT y fortalecimiento de capacidades de las autoridades, entre otros. Ha sido Secretaria Ejecutiva Adjunta del GAFILAT y asesora jurídica del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), participando en ocho evaluaciones mutuas en América Latina y el Caribe y en numerosas evaluaciones de países en el marco de los procesos del ICRG. Es abogada de la Universidad de los Andes en Colombia.