En el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, las empresas públicas nacionales generan excedentes económicos que financian parte de
En el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, las empresas públicas nacionales generan excedentes económicos que financian parte de las políticas sociales e inversión pública, cumpliendo con su rol estratégico en el desarrollo e industrialización de la economía.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informa que, con excepción de la gestión 2020, las empresas públicas nacionales registraron utilidades continuamente entre 2007 y 2022 alcanzando un acumulado que asciende a Bs49.791millones.
Esta información se da en el marco de la publicación de algunos medios de comunicación sobre un estudio realizado por la Fundación Vicente Pazos Kanki que afirma que las empresas públicas perdieron más de Bs4.000 millones entre 2007 y 2022; sin embargo, esta afirmación no refleja la realidad de las cifras oficiales, mostrando datos sesgados que desinforman a la población boliviana.
Es importante remarcar que en la gestión 2020, la economía boliviana sufrió un declive, producto de una mala gestión económica durante el Gobierno de Añez, con la intencionalidad de retornar al modelo neoliberal, por lo que adoptaron medidas orientadas a la paralización, cierre e intento de privatización de nuestras empresas públicas, acciones que deterioraron las mismas, registrando pérdidas económicas en dicha gestión; razón por la cual, se implementaron un conjunto de medidas, que reactivaron y reconstruyeron la economía boliviana, permitiendo la recuperación de las utilidades de las mismas a partir del 2021, contribuyendo a que el Estado continúe con el rol de redistribuidor de los recursos para el financiamiento de proyectos y políticas sociales.
En ese marco, en la gestión 2022 se obtuvieron a Bs1.314 millones de utilidades. Esto demuestra la capacidad que tienen las empresas públicas para generar excedentes que son reinvertidos en el fortalecimiento de las mismas empresas, cubren gastos de operación y son redistribuidos a la población mediante aportes a políticas sociales como el Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad, entre otros.
Las empresas públicas nacionales captan sus recursos propios, es así que los ingresos por ventas en 2007 alcanzaron a Bs23.041 millones y en 2022 a Bs52.817 millones, significando un incremento del 129%, lo que permite que cumplan con el pago de los compromisos contraídos por servicio de la deuda, contratos por insumos, entre otros, contribuyendo a fortalecer la actividad productiva del país, generando fuentes de empleo e ingresos para los bolivianos y bolivianas.
Por tanto, las empresas públicas son parte fundamental del Modelo Económico Social Comunitario Productivo porque generan excedentes económicos, incluso excluyendo a YPFB, las empresas públicas general utilidades con las cuales contribuyen a la dinamización la economía nacional, fortalecen el aparato productivo a través de la inversión pública y aportan al desarrollo económico y social del país.
Las empresas públicas nacionales tienen un papel esencial para mantener la estabilidad de precios y contribuir a la seguridad alimentaria de Bolivia, debido que a través de ellas se operativiza la subvención a los combustibles y de alimentos, esto permite que la población pueda acceder a productos con precios justos en el mercado interno, protegiendo de esta forma los bolsillos de las familias bolivianas.
Por otro lado, las empresas públicas contribuyen a la industrialización con sustitución de importaciones, a través de la ejecución de proyectos de inversión, entre los que se destacan las plantas separadoras de líquidos (Río Grande y Carlos Villegas), que actualmente garantizan el abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) al mercado interno; la Planta de Urea y Amoniaco; la ampliación de líneas de transmisión eléctrica; las plantas termoeléctricas, hidroeléctricas y los parques eólicos que permiten garantizar la seguridad energética del país.
También se debe resaltar la implementación de más de 130 plantas industriales que se ejecutarán rumbo al Bicentenario, como la Planta de Fertilizantes Granulados NPK; Plantas de Biocombustibles en Territorio Nacional Biodiesel 1, Biodiesel 2 y Aceite Vegetal Hidrotratado (HVO); Industrialización del Litio (Planta Industrial de Carbonato de Litio); Planta Siderúrgica del Mutún; Plantas de Refinación de Zinc; Industria Farmacéutica; Industria de la Química Básica; Plantas de Industrialización, Transformación, Centro de Acopio y Almacenamiento de Papa, Cereales, Almendras, Frutos, Aceites Vegetales, Lácteos, Agroinsumos, Fertilizantes, productos cárnicos, entre otros; Planta Piscícola, Fabricación de Vidrio Plano, entre otros; las cuales permitirán diversificar la economía nacional, mejorar la productividad, generar fuentes de empleo y mayores ingresos para el país, porque somos un gobierno de la industrialización.
En este contexto, el mencionado informe carece de fundamento técnico, toda vez que queda demostrado que las empresas públicas nacionales tienen capacidad para generar ingresos y utilidades, lo cual permite que cumplan de manera oportuna con sus obligaciones financieras, asimismo, son el actor fundamental del Modelo Económico Social Comunitario Productivo que contribuye al desarrollo y crecimiento económico sostenido del país.
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