Empresas estatales en la mira

Por: Maria Luisa Auza

Miembro de la Red Boliviana de Economía Política

El país se encuentra envuelto en la vorágine electoral, está definido que las elecciones presidenciales se efectúan a mediados del mes de agosto y tenemos una fauna neoliberal disputando la apropiación del discurso promovido por la derecha fascista de Milei. Bajo el cliché de agotamiento del Estado Plurinacional y el Modelo Económico Social y Productivo (MESP), pretenden un retorno al pasado tanto en términos políticos como económicos.

La nostalgia por los días en que los ministros y otras autoridades eran definidas desde oficinas de la embajada norteamericana, hasta aquellas políticas públicas implementadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde su centro de operaciones en el Banco Central de Bolivia definiendo la privatización de las empresas del Estado, así como los ajustes para reducir aún más a la precaria salud y educación pública de entonces, rondan nuevamente en el discurso de los candidatos de la derecha.

Es cierto que las transformaciones sociales y económicas resultantes de la energía acumulada por años de resistencia contra el neoliberalismo que dio lugar al proceso popular que permitió el cambio constitucional del 2009 entró en una fase de estancamiento a partir del 2014, cuando el horizonte plurinacional fue sustituido por una visión nacionalista conservadora que limitó sus avances, sin que esto signifique desconocer los logros alcanzados. Estas limitaciones, conducen a que parte de la población que fue favorecida por las transformaciones, asuma una actitud de desconcierto sobre el futuro, a lo que se suma la estrategia de desinformación que en todo nivel viene encarando sistemáticamente la derecha instalando un sentido de pesimismo y cuestionamiento del modelo. Una de las estrategias cuestionadas es la vigencia de las empresas públicas.

En tiempos del neoliberalismo, la receta del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM), operadores de la estrategia de globalización que permitió un largo periodo de hegemonía sin límites al capitalismo, se impusieron medidas de “ajuste estructural”  que, en resumidas cuentas generaron condiciones para la libre circulación de capitales transnacionales que se apropiaron de los recursos naturales del país e impusieron duras condiciones a los trabajadores mediante la “flexibilización laboral”, todo esto en el marco de un achicamiento del Estado y su subordinación a la lógica de fortalecimiento del capital, particularmente externo.

La estrategia implementada fue la privatización, capitalización y enajenación de las empresas estatales, patrimonio del pueblo y sus luchas por el control de los recursos naturales. Montados sobre el discurso de ineficiencia del Estado en la gestión y la promesa de inversiones que permitan modernizar el aparato productivo, así como el acceso a tecnología, entregaron a manos transnacionales y de políticos neoliberales inescrupulosos pintados de empresarios, todas las empresas que se gestaron incluso desde antes de la revolución de 1952.

En 2019, la Asamblea Legislativa concluyó una investigación de este proceso que abarcó a 157 empresas públicas, entre las que destacan Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL),

Fábrica de Cemento El Puente. La enajenación se dio entre 1985 – 2005, durante las presidencias de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989), Jaime Paz Zamora (1989-1993), Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), Hugo Banzer Suarez (1997-2001), Jorge Quiroga Ramirez (2001-2002) y Carlos Mesa Gisbert (2003-2005) aunque las bases para este proceso se generaron desde los últimos años de las dictaduras militares con la Ley de Inversiones de Banzer, la Descentralización de las Corporaciones de Desarrollo y otros.

La campaña de justificación de la privatización con promesas de crecimiento del país con un PIB entre el 8 y 11%, sin embargo, una evaluación de los resultados de ese periodo (1985-2005) en la economía del país nos muestra un bajo nivel de crecimiento del con una tasa promedio fue de 2,99%, mientras que en el periodo anterior a la aplicación de estas medidas (1964-1984) donde la presencia del Estado en la economía era fuerte, la misma llegó a 3,43%. Entre el 2006 y 2023, tenemos un crecimiento del PIB de 3,85% en promedio y si omitimos la crisis de la COVID el 2020, el mismo se eleva a 4,6%. Los datos desvirtúan la retórica que plantea al sector privado como eje del crecimiento de la economía en nuestro país y ratifican la importancia del Estado como protagonista del desarrollo.

Entre los casos de empresas públicas privatizadas Las consecuencias de este modelo privatizador fueron la concentración de los ingresos en sectores sociales privilegiados, la desigualdad se agudizó, el índice Gini nos muestra un crecimiento de 0,48 en 1980 a 0,6 en 2005. La transferencia de los ingresos de las empresas privatizadas a los países de origen de las transnacionales, no solo como remesas por utilidad, sino mediante la autocontratación de servicios con sus casas matrices, generó una fuga de capitales del país. La Comisión Especial Mixta de Investigación de la Capitalización y Privatización (CEMICP) identificó que las pérdidas del Estado como efecto de la privatización ascendieron a más de 22 mil millones de dólares.

El discurso privatizador tiene varios operadores, no sólo los políticos, un rol importante lo ejercen los medios de comunicación, donde el alineamiento político de sus propietarios acompañó la estrategia encargada de desacreditar las empresas públicas, magnificando problemas operativos, asignándoles calificativos como deficitarias, ineficientes y otros. La CEMICP identificó líneas claramente privatizadoras en los conglomerados mediáticos como el Grupo Comunicacional El Deber, Grupo Kuljis (Red Uno), Grupo Garafulic, Grupo Canelas (Los Tiempos), Grupo Líder, Grupo Fides, Grupo PAT, Red Panamericana y otros.

Parece que la estrategia privatizadora está en marcha, nuevamente oímos de desprestigio de las empresas del Estado, estos últimos días todos parecen haberse ensañado con Boliviana de Aviación (BoA), parece que los problemas operativos son resultado de su condición estatal, incluso, medios se dan la atribución de evaluar a BoA mediante “expertos” como el dueño de la extinta Aerosur, Humberto Roca, quien salió del país el 2012, como prófugo después de la estafa cometida a los trabajadores de esa empresa y por evasión tributaria. A decir del presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Roca le debe al Estado más de 605 millones de dólares.

Durante el golpe de estado de 2019, ya se generó un intento de privatizar BoA, la empresa fue entregada en su administración a Juan Carlos Ossio, ex Vicepresidente de Finanzas de Amaszonas, En ese periodo, las operaciones aéreas se redujeron en 60%, llevando a la empresa a una situación financiera muy difícil, mientras que, desde el gobierno de facto, privilegiaron la atención de las rutas de vuelo a Amaszonas.

BoA ha generado ingresos por más de 2 mil millones de dólares al país durante los últimos 10 años, de los cuales aportó aproximadamente 6 millones para el pago del Bono Juancito Pinto y el Fondo de Renta Universal de Vejez (FRUV), favoreciendo a la permanencia de los niños en la escuela y el acceso de los adultos mayores a una renta digna.

Debemos exigir un buen servicio, es cierto, sin que esto signifique desacreditar esta empresa y hacer coro a los privatizadores que como ya conocemos, sólo les importa tener la oportunidad de apropiarse de BoA para fines personales y/o de grupos de poder económico.