El Rol de las Organizaciones Sociales en la Construcción de un Estado del Bienestar

Por: Martin Moreira

Para comprender los procesos de cambio en Bolivia, es esencial remontarse al momento en que se consolidó la real importancia de estos cambios en el país. Este proceso se inició con la nacionalización de los recursos naturales y avanzó a través de la promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado. Hoy en día, se centra en la industrialización y la creación de un estado más equitativo que reconozca a todos por igual. Esto implica una profunda bolivianización de la economía y sus sistemas financieros, así como una industrialización que garantice el sustento económico del modelo propuesto por el actual gobierno. Todo esto se lleva a cabo con el objetivo de crear un Estado de Bienestar capaz de invertir en infraestructura e industria, lo que, a su vez, permitirá una mayor igualdad entre los bolivianos. El principio rector siempre ha sido priorizar las necesidades del pueblo y su mandato.

En los últimos meses, hemos presenciado una compleja escena provocada por el ex presidente, quien ha fomentado el sectarismo en Bolivia. Sus declaraciones y la incitación de grupos de diputados y senadores han priorizado los deseos de una sola persona en lugar de los millones de bolivianos que simplemente anhelan un estado que les ofrezca estabilidad económica, política y social, permitiéndoles desarrollarse plenamente en sus actividades sin preocuparse por cuestiones electorales. Este mismo pueblo salió a las calles ayer en un cabildo ciudadano para rechazar a estos grupos que buscan la inestabilidad económica al politizar el país y perjudicar la gestión de un estado que solo tiene en mente el bienestar de la boliviana y el boliviano.

Dentro de las resoluciones de este Cabildo, que expresan la profundización de la democracia y la participación de movimientos sociales, que constituyen la base política que respalda y da su apoyo a la continuidad de este Estado, surgen varios puntos importantes. Estos puntos incluyen la resistencia contra actos de desestabilización antidemocrática y fascista dirigidos contra un gobierno legítimamente elegido. En este contexto, se fortalecen las organizaciones sociales y sindicales como los verdaderos pilares del Instrumento Político de los Pueblo, con el objetivo de construir un Estado del Bienestar para todos por igual.

Estas organizaciones desempeñarán un papel activo en la gestión pública, lo que refleja el deseo de la ciudadanía de consolidar la unidad y proteger el modelo económico.

La tarea que actualmente afronta el Presidente Luis Arce es monumental y cuenta con el respaldo del pueblo para seguir construyendo una economía de igualdad basada en el mercado interno, donde se da prioridad a los bolivianos. Este enfoque económico, empático con el medio ambiente y sus ciudadanos, debe fortalecerse día a día.

La lucha contra la corrupción es una de las primeras responsabilidades que el Estado debe asumir según el mandato de las organizaciones sociales. Además, se deben llevar a cabo congresos para debatir sobre un sistema de salud pública integral e inclusiva que beneficie a los bolivianos. También se deben organizar cumbres educativas con la participación de todos los actores para lograr un cambio real en el sistema educativo boliviano.

Otra tarea de suma importancia es la lucha decidida contra el narcotráfico, que debe ser más enérgica contra aquellos que estén involucrados en estas actividades. La lucha contra el contrabando se convierte en una prioridad, lo que permitirá la creación de mercados más justos y solidarios para promover la producción nacional. Esto está en línea con el camino que se empezó a trazar hace tres años con la industrialización de las materias primas, con el propósito de sustituir las importaciones y fomentar la producción nacional, generando bienestar y empleo para los bolivianos.

Esta tarea es parte de la visión de Estado desde que asumió el gobierno, y la reducción del desempleo ya es un hecho, con una tasa de desempleo del 3.7%, la más baja en la historia. Otra tarea que se está llevando a cabo con éxito es la reducción del gasto público, que en 2022 llegó al 7%, después de que el Gobierno de Añez lo dejara en un 12%. El Estado prioriza la protección del poder adquisitivo de las personas, manteniendo una baja inflación del 1.5%, la más baja de la región y una de las más bajas del mundo. Estas políticas económicas consolidan la reducción de la desigualdad en el país, erradicando la pobreza y creando un ambiente de bienestar para las futuras generaciones.

Es esencial trabajar en la construcción de un Sistema Judicial transparente a través de una reforma judicial inmediata para dejar atrás los ciclos de corrupción de un sistema que está corrupto e injusto.

Todas estas tareas son fundamentales para el Estado y deben ser abordadas con determinación y vocación democrática. Su cumplimiento contribuirá a una Bolivia más justa para todas y todos, siendo nosotros el núcleo y la base de un modelo económico que promueve la igualdad social, económica y política.