Por: Martin Moreira El impacto de los retrasos en la aprobación de créditos para inversiones en infraestructura y desarrollo social en Bolivia, deb
Por: Martin Moreira
El impacto de los retrasos en la aprobación de créditos para inversiones en infraestructura y desarrollo social en Bolivia, debido a disputas políticas, junto con los desafíos adicionales planteados por la incertidumbre global, subraya la urgente necesidad de implementar reformas y fomentar la inversión directa para impulsar el crecimiento económico. Estos retrasos, que afectaron la economía boliviana durante un período de un año y dos meses, surgieron a raíz de disputas en la Asamblea Legislativa Plurinacional y una oposición irracional que decidió atentar contra el bienestar del pueblo. En un entorno global marcado por la guerra en Ucrania y el aumento de las tasas de interés y la inflación, es crucial abordar los costos estructurales y promover la inversión en infraestructura para respaldar el desarrollo económico del país. Este objetivo no debe verse obstaculizado por condicionamientos políticos que buscan beneficios personales o de ciertos grupos partidarios.
La economía boliviana ha recuperado sus niveles prepandémicos gracias a políticas económicas acertadas, pero es crucial mantener este progreso mediante un enfoque centrado en el sector productivo, tanto público como privado, y una colaboración estrecha. Además, se deben implementar condiciones para el crecimiento, como la adopción de monedas como el yuan o renminbi, que facilitarán el comercio exterior y brindarán beneficios adicionales al país.
Sin embargo, también es necesario buscar financiamiento externo, como préstamos de organismos internacionales, que son fundamentales para la inversión pública en infraestructura y generar oportunidades de inversión en diversas áreas. Estas medidas no solo beneficiarán a toda la población, sino que también mejorarán la productividad a largo plazo.
Las inversiones sociales y en infraestructura son fundamentales para impulsar el crecimiento y la prosperidad en todas las regiones del país. Lamentablemente, estas inversiones fueron postergadas durante un año y dos meses debido a disputas en la Asamblea Legislativa Plurinacional. A pesar de las peleas, se lograron aprobar finalmente 6 créditos, pero el daño causado por este retraso ya ha afectado la economía boliviana.
Dentro de una incertidumbre a nivel mundial que recorre el mundo como resultado de la guerra en Ucrania, la subida de las tasas de interés en los países desarrollados y las persistentes presiones inflacionarias impactará sobre las economías de la región
Es imprescindible implementar las reformas e inversiones necesarias para impulsar el crecimiento económico. El gobierno debe abordar los costos estructurales que fortalecerán al país. Recordemos que estamos en un proceso de industrialización que está transformando nuestra matriz productiva. Por lo tanto, la inversión en infraestructura y desarrollo social es vital para sostener y respaldar los nuevos emprendimientos del país, mejorando así su crecimiento y productividad.
El modelo económico busca transformar la industria nacional, lo cual implica la necesidad de préstamos internacionales. El Estado ha logrado manejar la creciente carga de deudas derivadas de estas inversiones, al mismo tiempo que mantiene un margen fiscal para promover el crecimiento. Se requieren nuevas fuentes de ingresos, sujetas a un riguroso análisis, así como una optimización del gasto existente.
En promedio, el Estado boliviano ha reducido el gasto público en un 5%. Esta reducción, junto con la sustitución de importaciones, la generación de empleo y los acuerdos público-privados, permitirá disminuir aún más el gasto del sector público. Este enfoque es un paso crucial hacia la construcción de un gobierno más eficiente, receptivo y confiable.
Potencial impacto en la economía
Los créditos aprobados son de vital importancia para las regiones, ya que inyectarán recursos frescos en el país y activarán la economía. Esto permitirá la inversión en regiones e infraestructura necesarias para el crecimiento continuo del país.
Los proyectos aprobados suman un total de $us 786.342.932,37, abarcando seis de los siete proyectos presentados. Uno de estos proyectos, el Proyecto de Ley 079, aprueba una adenda para financiar la construcción de la doble vía Caracollo – Colomi, tramo 2B Confital – Bombeo, mediante un acuerdo suscrito el 28 de julio de 2023 entre el Gobierno y la Corporación Andina de Fomento – CAF. Esta adenda modifica el monto del contrato de préstamo hasta $us 176.000.000.
El segundo proyecto, el Proyecto de Ley 156, fue aprobado en las primeras horas del viernes 1 de marzo. Este proyecto facilita un convenio de préstamo de hasta 15.000.000.000 de yenes japoneses ($us 100.046.850) con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón – JICA, destinado al programa de “apoyo de emergencia para respuesta a Covid-19”.
En la jornada actual, se aprobó el proyecto de Ley 255, que respalda el contrato de préstamo para la construcción del camino pavimentado Faja Norte (Yapacaní). Este contrato, suscrito el 7 de diciembre de 2023 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Financiero Para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), asciende a un máximo de $us 56.050.000.
El cuarto proyecto aprobado en esta sesión fue el proyecto de Ley 254, que habilita dos créditos de electrificación. El primero, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), asciende a un máximo de $us 200.000.000, mientras que el segundo, parte del mismo proyecto, será financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF del Banco Mundial – BM, por un monto de hasta $us 125.000.000.
También se aprobó el proyecto de Ley 145, que valida el Contrato de Préstamo para el mejoramiento y ampliación a ocho carriles de la carretera La Paz – Oruro, tramo Senkata – Apacheta. Este financiamiento, de hasta $us 67.246.082,37, provendrá del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata).
Asimismo, se aprobó el proyecto de Ley 189 para la expansión de la red de Mi Teleférico en La Paz, con el objetivo de promover una movilidad eléctrica sostenible e inclusiva. Este proyecto cuenta con un financiamiento de hasta $us 62.000.000, respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El único proyecto pendiente es el proyecto de Ley 268, para el Programa de Apoyo a la Preinversión para el Desarrollo II, que fue aplazado hasta que la anterior directiva dé una explicación sobre el tema. Este proyecto, suscrito el 24 de enero de 2023 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene un monto máximo de $us 52.000.000.
De aprobarse este último proyecto, el Estado recibiría créditos por un total de $us 838.342.932,37, marcando un hito en la gestión del presidente Luis Arce.
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