Montenegro destacó las acciones emprendidas por su despacho ante la Contraloría. Rechazó las acusaciones de complicidad del diputado Arce y anunció a
Montenegro destacó las acciones emprendidas por su despacho ante la Contraloría. Rechazó las acusaciones de complicidad del diputado Arce y anunció acciones legales. Arce terminó por admitir que se equivocó al dirigir a Montenegro la petición de informe.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó hoy a la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados, que el 10 de septiembre de 2024, solicitó formalmente a la Contraloría General del Estado (CGE) una auditoría especial a todos los procesos de contratación relacionados con Puerto Busch, desde la fase de planificación hasta la entrega final.
La Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) es la encargada de gestionar puerto Busch, departamento de Santa Cruz, por el que Bolivia busca movilizar parte de sus exportaciones a través del océano Atlántico.
El ministro respondió este jueves a una petición de informe oral del diputado Héctor Arce sobre presuntos actos de corrupción cometidos en la gestión de Dante Fedor Justiniano Segales, ex gerente Ejecutivo de la ASP-B, empresa que se encuentra bajo tuición del MEFP. Justiniano fue posesionado el 27 de enero de 2021 y relevado de su cargo el 16 de agosto de 2024.
Durante la audiencia, el titular de esta cartera de Estado destacó las acciones emprendidas oportunamente por su despacho ante la CGE con el objeto de dotar de transparencia a cualquier acto de investigación que se realice de los presuntos actos de corrupción cometidos por la ex autoridad de la ASP-B. Rechazó las acusaciones de complicidad formuladas por el diputado Arce y anunció acciones legales en contra del asambleísta.
Acciones ante la Contraloría
Uno de los aspectos centrales del informe oral del ministro Montenegro fue la remisión de documentación a la CGE para garantizar un control posterior riguroso. “El 10 de septiembre de 2024, envié toda la información relacionada con los procesos de contratación en Puerto Busch para que se realicen auditorías exhaustivas”.
Esta acción se enmarca en la facultad que tiene el MEFP como entidad que ejerce tuición de control posterior establecido en la normativa boliviana, que prohíbe a los ministros realizar controles previos o intervenir directamente en los procesos en curso que desarrollan otras entidades del Estado, en tanto las mismas tienen autonomía de gestión técnica, administrativa, financiera y legal, como la ASP-B.
El ministro precisó que, mediante la nota MEFP/DM/UTLCC N° 375/2024, solicitó a la Contraloría priorizar auditorías sobre todos los procesos de contratación relacionados con Puerto Busch, desde la fase de planificación hasta la entrega final. “Adjuntamos 11 carpetas con documentación detallada para que se evalúen todos los procedimientos”, afirmó. La Contraloría respondió el 6 de diciembre de 2024, confirmando que programará para 2025 auditorías específicas.
“Nosotros no podemos intervenir directamente ni emitir criterios sobre operaciones específicas realizadas por la ASP-B, pero hemos cumplido con nuestro deber de enviar toda la información pertinente a la Contraloría para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes”, subrayó.
Exabrupto
Durante la sesión, el diputado Arce calificó al ministro Montenegro de “cómplice de la corrupción” y lo acusó de encubrir irregularidades en la ASP-B. Ante estas declaraciones, Montenegro respondió con firmeza y anunció que tomará acciones legales si no se presentan pruebas concretas. “Usted me ha calificado públicamente de corrupto. Eso lo va a tener que demostrar porque yo lo voy a llevar a proceso penal”, advirtió el ministro.
Además, criticó el enfoque de la petición de informe oral, señalando que las preguntas debieron dirigirse a la máxima autoridad ejecutiva de la ASP-B, y no al Ministerio de Economía. “La ASP-B tiene autonomía administrativa, financiera y técnica, según el Decreto Supremo 2406 de 2015. Nosotros, como entidad tutora, no podemos intervenir en sus procesos internos sin violar la normativa vigente”, afirmó.
Admisión de error
Pese a las explicaciones del ministro, el diputado Arce cuestionó la falta de respuestas específicas sobre el presupuesto asignado a la ASP-B, tipo de gasto, contratos de personal eventual, procesos de contratación y otros datos solicitados al titular del MEFP, además, aseguró que la ASP-B invirtió más de Bs60 millones en proyectos que, según dijo, están abandonados.
Montenegro le reiteró que la cartera de Economía únicamente asigna presupuestos a las entidades públicas, mientras que la gestión, ejecución y rendición de cuentas son responsabilidad exclusiva de las máximas autoridades ejecutivas de dichas entidades. “No puedo responder por algo que no está bajo mi competencia directa. Si quiere respuestas específicas, debe dirigirse a la ASP-B”, subrayó.
En la sesión, el ministro reafirmó su compromiso con la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos. “Queremos que se lleguen hasta las últimas consecuencias en esta situación denunciada. Por eso hemos enviado toda la documentación a la Contraloría y esperamos que se realicen las auditorías correspondientes”, recalcó.
En su intervención final, el diputado Arce reconoció que su petición de informe oral pudo haber estado mal encaminada. “Mis disculpas si me equivoqué al dirigir esta petición al ministro, pero esto no significa que vamos a dejar de buscar justicia”, aseguró.
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