La solicitud responde a la necesidad que tienen las regiones: municipios, gobernaciones y universidades de contar con estos recursos para enfrentar lo
La solicitud responde a la necesidad que tienen las regiones: municipios, gobernaciones y universidades de contar con estos recursos para enfrentar los incendios y sequía, además de cumplir sus obligaciones en educación, salud e inversión pública.
El Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó la mañana de este martes, que esta Cartera de Estado envió una nota a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en la que pide que se reconsidere el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2023 sin las disposiciones adicionales seis y siete, con el objetivo de viabilizar los recursos que los municipios, gobernaciones y universidades requieren con urgencia para cumplir con sus obligaciones.
“¿Por qué estamos haciendo esto?, porque estamos evidenciando que muchas de las entidades subnacionales como las alcaldías, universidades y gobernaciones están dejando de pagar sus obligaciones (…) queda claro que ya, en este momento, no contar con más de Bs1.207 millones de bolivianos para hacer frente a pagos como el desayuno escolar, salarios, del SUS, educación, gastos de inversión y ahora se están perjudicando las ETAS, especialmente los municipios que, en ese momento, necesitan recursos para hacer frente con todas estas obligaciones”, explicó.
La autoridad afirmó que el Gobierno Nacional cuidará la economía del país y para evitar que no se siga perjudicando y dañando a las regiones, con una actitud amplia y flexible, se sugirió retirar las mencionadas disposiciones adicionales que fueron señaladas por la oposición como el obstáculo para la aprobación, y de esta manera, ya no debería existir ninguna excusa para la no aprobación del PGE Reformulado 2023.
“Nosotros, como Gobierno Nacional, siempre vamos a cuidar la economía del pueblo, asegurando siempre la salud, la educación y estamos seguros de que estos recursos les van a permitir a las gobernaciones, municipios y otras entidades hacer frente a estos gastos importantes; inclusive para hacer frente a este problema de las quemas que se están dando en varias regiones del país”, agregó.
De esta manera, no existiría excusas por parte de algunos asambleístas para no aprobar el PGE Reformulado 2023 que está generando un bloqueo económico a todo el país y está ocasionando perjuicio a las regiones. De seguirse dando el bloqueo, a pesar de esta sugerencia, “van a ser estos asambleístas, no todos, algunos de estos asambleístas, los que van a ser los únicos responsables de que sus acciones estén generando este problema y las consecuencias económicas de las mismas”, enfatizó Montenegro.
Las disposiciones adicionales observadas del PGE Reformulado 2023 se encuentran relacionadas a la fortaleza de la transparencia, la lucha contra la corrupción y la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.
La disposición adicional número seis estaba referida al intercambio de información que debería existir entre todas las autoridades que fiscalizan distintos grupos financieros vinculados a grupos económicos, ya que la ASFI solo regula y fiscaliza a grupos financieros, pero existen también grupos económicos que deben ser fiscalizados.
En ese marco, esta disposición adicional buscaba fortalecer la transparencia de las acciones de estos grupos económicos y evitar que sucedan nuevamente casos como el del Banco Fassil, donde no solamente era un grupo financiero, sino que era un conglomerado económico que hacía fuertes movimientos económicos dentro y fuera del grupo financiero.
La disposición adicional número siete buscaba proteger a los sujetos obligados (encargados entidades de intermediación financiera, distintos funcionarios de los bancos) para que puedan dar información sobre irregularidades sin ser luego amedrentados, ni perseguidos.
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