El contraste entre la calificación de riesgo y la realidad económica en Bolivia

La reciente rebaja de la calificación del país a CCC+ por parte de Standard & Poor’s genera diversas interpretaciones. Si bien esta calificación puede ser analizada desde varios enfoques y tonos, la realidad es que el país no debería caer en esta categoría. Para ser calificado como «C», se requerirían condiciones como una inflación superior al 10%, un declive constante en el Producto Interno Bruto (PIB), altas tasas de desempleo, una falta de control sobre los precios esenciales de bienes básicos, un mercado interno en deterioro y una ausencia de inversión pública para satisfacer las necesidades de la población.

Sin embargo, en contraposición, el modelo económico aplicado en el país presenta índices bajos de inflación, ubicándose en un 1.5%. El crecimiento del segundo trimestre fue del 2.2%, superando las estimaciones del Banco Mundial. El índice de desempleo es el más bajo de la región, situándose en un 3.72%. Este dato se basa en una encuesta realizada a una muestra de cerca de cuatro millones de personas, lo que respalda su veracidad. Además, se ha asignado recientemente un presupuesto adicional a todos los municipios del país para cerrar sus años fiscales. Ante esto, surge la pregunta: ¿qué motivó a Standard & Poor’s a otorgar esta calificación?

La única explicación plausible parece ser que la calificadora enfoca su análisis únicamente en una faceta del país, principalmente en los problemas políticos y en la oposición al modelo económico. Esta oposición es liderada por un grupo de asambleístas que buscan dañar la gestión del presidente actual, lo que a su vez afecta la estabilidad económica lograda, a pesar de las crisis regionales y globales presentes en el contexto internacional.

Es crucial destacar que la economía boliviana ha enfrentado diversos obstáculos y ha logrado remediar crisis que han afectado su desarrollo. Por ejemplo, los bloqueos del primer semestre provocaron pérdidas que superaron los dos mil millones de dólares; no obstante, se logró controlar la excesiva demanda de dólares, casi estabilizando su liquidez. Además, se implementaron subsidios en hidrocarburos y alimentos con costos bajos en reservas internacionales, las cuales, en tres años, no superan los mil millones de dólares. Para aumentar estas reservas, se aprobó la ley de Fortalecimiento de las Reservas Internacionales a través de la compra y venta de oro.

Bajo estos parámetros, parece que la agencia de calificación de riesgos ha centrado su evaluación en la inestabilidad política del país, reduciendo la calificación a un nivel que, según los indicadores económicos presentados, no refleja fielmente la realidad económica de la nación.