Cuando el mercado manda, ¿quién come?

Cuando el mercado manda, ¿quién come?

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Por: Martin Moreira

Forma parte de la red Boliviana de Economía Política

¿Se imagina Bolivia sin empresas públicas que sostengan el precio del pan o del aceite, sin plantas industriales que transformen la soya y el trigo nacionales, o sin redes que garanticen alimentos básicos a las madres más humildes? En un país donde la privatización acecha como promesa de “eficiencia”, las empresas públicas no solo producen y emplean: son el dique que contiene el encarecimiento de la canasta familiar, el desempleo masivo y la subordinación alimentaria a intereses foráneos. Hoy más que nunca, hablar de EMAPA, EBA o SEDEM no es un ejercicio técnico, sino una defensa urgente del derecho de los bolivianos a comer, trabajar y decidir su propio destino económico.

En el contexto boliviano, las empresas públicas cumplen un papel crucial en la estrategia de desarrollo económico, social y productivo. Más allá de su función empresarial orientada a la rentabilidad, estas entidades —propiedad del Estado— son herramientas fundamentales para impulsar la industrialización, garantizar el acceso a bienes y servicios esenciales y redistribuir la riqueza. Así, contribuyen a construir un modelo económico que prioriza el bienestar colectivo sobre el lucro individual.

Uno de los principales aportes de las empresas públicas es la generación de empleo e ingresos. Empresas como YPFB, ENDE, EMAPA, EBA y SEDEM son grandes empleadoras directas e indirectas, fortaleciendo el tejido productivo nacional. Además, las utilidades que generan alimentan el Tesoro General de la Nación, que a su vez financia áreas vitales como salud, educación e infraestructura. Paralelamente, su participación estratégica en sectores clave —hidrocarburos, energía, alimentos— garantiza el control sobre recursos sensibles, permite sustituir importaciones mediante la industrialización local y refuerza la soberanía económica del país.

Por su mandato social, muchas de estas empresas operan allí donde la inversión privada no llega, impulsando la compra a pequeños productores, el desarrollo regional y programas de protección como el Subsidio Universal Prenatal. De esta forma, no solo fortalecen la economía, sino que contribuyen a una distribución más equitativa de los beneficios del crecimiento. En síntesis, las empresas públicas bolivianas son instrumentos esenciales para consolidar un desarrollo inclusivo, con justicia social y mayor autonomía nacional.

Dentro de este artículo nos detendremos a analizar y aportar datos sobre tres importantes empresas públicas, las cuales son vitales para la creación de empleos, el fortalecimiento del aparato productivo agropecuario, el mantenimiento de los precios de los alimentos y la protección de las clases vulnerables mediante el acceso a productos más económicos. Es importante recordar que estas empresas están en la mira de sectores privatizadores, que buscan repartirse su infraestructura y, al destruirlas o capitalizarlas —que en esencia es lo mismo—, dejarían de contribuir al sostenimiento de alimentos accesibles para los bolivianos, permitiendo así que empresas privadas, dominadas por los grandes agronegocios, impongan libremente los precios de los alimentos.

Ejemplo de esto se evidenció en el Foro “Construyendo nuestra economía”, donde se propuso la privatización de las empresas públicas, la liberación irrestricta de exportaciones sin considerar el mercado interno y una reducción adicional de impuestos, sin precisar cuánto más. Surge entonces la pregunta: ¿qué ocurriría si desaparecen estas tres empresas públicas que hoy nivelan los precios de los alimentos en Bolivia?

Organismos como la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA) y el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM) no solo representan instrumentos del Estado para impulsar la industrialización, sino que son también garantes de la seguridad alimentaria y del acceso equitativo a productos esenciales para toda la población.

de la seguridad alimentaria, la estabilidad de precios y la generación de empleo.

Antecedentes institucionales: consolidación del modelo productivo estatal
Las empresas públicas en Bolivia han evolucionado con el objetivo de fortalecer cadenas productivas locales, sustituir importaciones y otorgar valor agregado a la producción primaria.
Por ejemplo, mediante el Decreto Supremo N° 4878 de 2023, el Estado redefinió el giro principal de la EBA hacia la extracción, acopio, industrialización y comercialización de alimentos agropecuarios, forestales no maderables y apícolas, incorporando además servicios de inversión e fomento productivo. Esta reestructuración también incluyó plantas y polos estratégicos mediante decretos como el DS 4660 (planta amazónica), DS 4722 (ampliación de plantas lácteas y cereales), DS 4756 (procesamiento de frutas Bartolina Sisa) o el DS 4801 (planta liofilización en Cochabamba).

Por otro lado, EMAPA ha consolidado un importante conglomerado industrial con más de 11 plantas productivas, 54 silos de almacenamiento y capacidad de acopio superior a 273.600 toneladas, a lo largo de departamentos como La Paz, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y Beni. Mientras tanto, el SEDEM coordina y fortalece las iniciativas de empresas públicas, articulando redes de proveedores, microempresas y comunidades rurales.

Industria y soberanía alimentaria: de la planta a la mesa
Uno de los aspectos más relevantes del rol estatal es la apuesta por la industrialización con sustitución de importaciones. En el caso de EMAPA, destacan proyectos recientes como:

La planta de soya en San Julián (Santa Cruz), inaugurada en diciembre de 2024, que procesa 1.000 toneladas de soya por día, produciendo aceite crudo, aceite refinado, harina solvente y cascarilla, con una inversión de más de Bs 424 millones. Este complejo ya estabiliza el precio del aceite en el mercado interno (a Bs 13-14/litro), frente a especulaciones que lo elevaban hasta Bs 18/l, generando un importante efecto antiinflacionario.

La planta de trigo en Viacha (La Paz), con capacidad para moler 300 toneladas de trigo al día, asegurando el abastecimiento de harina para panificación a precios regulados (Bs 0,50 por pan de batalla), lo que ahorra al Estado alrededor de Bs 50 millones anuales en subsidios indirectos y reduce la dependencia de importaciones y molinos privados.

La EBA, por su parte, cuenta con 20 plantas operativas en el país, que abarcan rubros como quinua, lácteos, frutas amazónicas, endulzantes, frutos apícolas y stevia. En 2023, la empresa procesó materia prima por Bs 134 millones, efectuó inversiones por Bs 60 millones, y transfirió Bs 28 millones solo por leche, dinamizando economías locales. Además, pagó Bs 22,7 millones en exportación de quinua y almendra por casi Bs 22 millones, abriendo mercados en China, Estados Unidos, Israel, Canadá y Europa.

Impacto social: empleo y productores beneficiados El efecto social de estas empresas es contundente. Las inversiones en infraestructura y operación generan miles de fuentes laborales:
Las plantas de EMAPA han creado al menos 600 empleos directos y 125.000 indirectos, mientras que la planta de Viacha concentra 33 empleos directos y 150 empleos indirectos.

La EBA involucra a más de 17.000 familias que derivan ingresos de las cadenas de leche, miel, almendra, quinua, frutas y stevia. El SEDEM, como brazo de articulación y asistencia, ha impulsado proyectos en 70 municipios, beneficiando directa o indirectamente a unas 80.000 familias productoras, con un fuerte enfoque en el desarrollo local, empleo comunitario y valor agregado.

Datos económicos: ingresos, utilidades y reinversión A nivel macroeconómico, las empresas públicas muestran resiliencia y contribuyen con utilidades que retornan al Estado:
Ingresos de la EBA: subieron de Bs 256 millones en 2020 a Bs 342 millones en 2023.
Utilidades netas: después de una caída en pandemia (-Bs 40 millones en 2020), la EBA cerró 2023 con Bs 4,6 millones de utilidad neta y Bs 28,6 millones de utilidad operativa.

EMAPA: en 2024 proyecta inversiones por más de Bs 3.000 millones en compra de granos, infraestructura y otros, consolidando un ambicioso plan industrial.

Estos resultados muestran que las empresas públicas no son una carga fiscal como sostienen algunas narrativas alarmistas, sino motores que retornan su inversión en forma de empleo, tributos e impulso productivo.

Subsidios y función social: proteger a la madre y al niño Además del enfoque industrial, el Estado a través del SEDEM, complementa con un fuerte componente social. En 2024, hasta noviembre, se distribuyeron 647.000 paquetes de subsidio, beneficiando a 485.600 mujeres embarazadas o en lactancia, mediante el Subsidio Prenatal y el Subsidio Universal Prenatal por la Vida. Cada mes, unos 750.000 hogares acceden a este derecho alimentario.

Este círculo virtuoso conecta directamente con EMAPA y EBA, que proveen gran parte de los alimentos destinados a estos subsidios, reforzando la demanda interna y sosteniendo precios para consumidores urbanos.

Conclusión: más que empresas, instrumentos de desarrollo La experiencia boliviana demuestra que las empresas públicas productivas no solo cumplen un rol económico, sino que son pilares de un modelo integral que articula:

Seguridad y soberanía alimentaria, con plantas que procesan el 20% de la soya nacional y el 75% del trigo en La Paz. Estabilización de precios, evitando que el pan o el aceite se disparen por intermediación o importación. Industrialización con sustitución de importaciones, ahorrando millones de dólares al país. Generación de empleo y fortalecimiento de productores locales. Recaudación fiscal mediante impuestos, que retornan a salud, educación e infraestructura.

Protección social con subsidios que garantizan alimentación de calidad a madres y niños.

Por todo ello, las empresas públicas en Bolivia son mucho más que “fábricas estatales”: son el corazón de una estrategia para democratizar la economía, distribuir riqueza y construir un futuro con producción nacional, empleo digno y alimentos accesibles para todos.

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