Corrupción encubierta: ¿Aplaudir o exigir? el debate sobre los delitos de cuello blanco, depués de la aprobación del Presupuesto Reformulado 2023

Por: Martin Moreira

Durante este período, hemos sido testigos de cómo un grupo de legisladores ha llevado a cabo estrategias políticas destructivas, intentando socavar al Estado y su gestión. Sin embargo, estos individuos parecen no comprender que sus acciones van en detrimento de las regiones y el bienestar general de la población. Los ciudadanos bolivianos nos preguntamos si deberíamos celebrar el hecho de que estos legisladores, llamados erróneamente representantes del pueblo boliviano, hayan aprobado el Presupuesto Reformulado. ¿O deberíamos organizarnos como sociedad para promover la aprobación de la ley de ganancias ilícitas? Esto sería una manera de indagar por qué se resisten a transparentar los gastos públicos y a quiénes han favorecido a lo largo del tiempo, además de luchar de manera firme contra la corrupción de alto nivel.

 El reciente proceso de aprobación del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2023 por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ha sido un espectáculo lleno de maniobras políticas que han dejado al descubierto intereses ocultos y desacuerdos que ponen en riesgo el bienestar de la población boliviana.

En un primer momento, el proyecto fue rechazado en una votación previa el 14 de noviembre, desencadenando un proceso de reevaluación y tratamiento que finalmente culminó con su aprobación por más de dos tercios de los legisladores. Sin embargo, lo que parecía ser un acto rutinario en la aprobación de políticas económicas, reveló una serie de tácticas obstruccionistas y mezquindades por parte de algunos senadores y diputados.

Estos actores políticos, en su afán de debilitar la gestión estatal, han obstaculizado proyectos de inversión por un valor superior a los $us500 millones. Dichas acciones han perjudicado a regiones, carreteras y proyectos hídricos, causando un impacto directo en la población que los eligió como sus representantes. Esta obstrucción no solo ha sido una práctica momentánea, sino que ha caracterizado gran parte del año legislativo, evidenciando una falta de compromiso con el desarrollo y el bienestar de las comunidades.

El punto crítico radica en el perjuicio causado a la sociedad boliviana. El Presupuesto General del Estado es fundamental para el funcionamiento de los municipios, gobernaciones y universidades. La falta de aprobación implicaba no disponer de más de Bs1.207 millones de bolivianos, afectando pagos esenciales como el desayuno escolar, salarios, gastos del Sistema Único de Salud (SUS) y fondos para la educación, así como para enfrentar emergencias como los incendios forestales que azotan varias regiones del país.

Frente a esta coyuntura, el Estado, a través del Ministerio de Economía, ha manifestado preocupación y sensibilidad ante las necesidades urgentes de las entidades subnacionales. En ese sentido, se ha propuesto la revisión del proyecto de ley, excluyendo las disposiciones seis y siete, las cuales estaban destinadas a garantizar la transparencia en la ejecución de estos recursos y a combatir de manera efectiva la corrupción. Este movimiento plantea una interrogante crucial: ¿qué intentan encubrir o a quienes buscan proteger estos determinados senadores y diputados? Al eliminar dichas disposiciones, el Estado busca exclusivamente asegurar los recursos indispensables para que los municipios, gobernaciones y universidades cumplan con sus obligaciones inmediatas. Esto se lleva a cabo con el objetivo de fortalecer estas instituciones utilizando los fondos de la coparticipación que les corresponde por ley. Cualquier intento por socavar este modelo económico exitoso, el cual ha proporcionado bienestar, y hacerlo apelando al hambre y la necesidad de la población, constituye un atentado contra la vida del pueblo.

El Gobierno Nacional ha reafirmado su compromiso con el bienestar de la población, asegurando que estos recursos permitirán a las entidades locales y regionales afrontar sus compromisos financieros y responder a las necesidades básicas de la sociedad, incluyendo la crisis medioambiental provocada por los incendios forestales.

Es fundamental que el pueblo boliviano y el Estado trabajen en conjunto para llevar adelante políticas económicas que promuevan la estabilidad y el desarrollo sostenible. La inversión en industrias locales y el fortalecimiento del mercado interno son clave para liberarse de la dependencia de materias primas y de los vaivenes de los mercados internacionales.

Es hora de cuestionar y desacreditar a aquellos legisladores que, en lugar de velar por el interés público, buscan beneficios políticos a expensas del sufrimiento del pueblo boliviano. El compromiso colectivo es esencial para garantizar un futuro próspero y equitativo para todos los ciudadanos de Bolivia.