Por: Martin Moreira Miembro de la Red Boliviana de Economía Política El pronunciamiento de Standard & Poor's (S&P) debería llamar a la c
Por: Martin Moreira
Miembro de la Red Boliviana de Economía Política
El pronunciamiento de Standard & Poor’s (S&P) debería llamar a la conciencia de los políticos para que paren el ataque sistemático a la gestión económica. La Asamblea Plurinacional, junto con actores mediáticos y políticos, sumando marchas y bloqueos, está poniendo en riesgo la estabilidad del país. La extrema politización de un Estado, como en el caso de Bolivia, no solo compromete la estabilidad política, sino que también amenaza la confianza de los inversores y de las agencias de calificación crediticia. Si bien Bolivia ha logrado avances en su economía, las tensiones políticas y las señales de incertidumbre continúan afectando su calificación de riesgo. Para mantener una posición sólida en los mercados financieros, el país deberá seguir implementando políticas que promuevan la estabilidad y el crecimiento económico, evitando las estrategias político-partidistas que perjudican la gobernabilidad y, por ende, su posición crediticia a nivel internacional.
La politización extrema de un Estado puede generar repercusiones significativas en su economía, especialmente en su clasificación de riesgo crediticio, un aspecto clave que es analizado por la agencia Standard & Poor’s (S&P). Estas agencia se basan en factores como la estabilidad política, la gobernabilidad, el entorno económico y la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones financieras. En este sentido, la extrema politización puede hacer tambalear la confianza en la estabilidad de un país, afectando su clasificación de riesgo y, por ende, su acceso al financiamiento internacional.
La politización extrema genera consecuencias como inestabilidad política, imprevisibilidad en la formulación de políticas y riesgo de default. Estos efectos no solo complican el panorama interno de un país, sino que impactan negativamente en cómo es percibido por los mercados internacionales. Por ejemplo, la falta de consenso político, que puede llevar a bloqueos en la aprobación de presupuestos o en la implementación de medidas fiscales necesarias, incrementa la percepción de riesgo. Los inversores y las agencias de calificación miran con preocupación estas señales, lo que eleva el costo del financiamiento y agrava los problemas económicos del país.
Un caso reciente de esto es el Estado Plurinacional de Bolivia, que ha sido evaluado por agencias de calificación crediticia en un contexto donde la politización ha jugado un papel central. En su último informe, Standard & Poor’s mostró preocupación por un posible incumplimiento de Bolivia con sus obligaciones financieras, debido a las tensiones políticas y económicas del país. Sin embargo, el gobierno boliviano ha refutado estas previsiones pesimistas, argumentando que se han cumplido con el 82% de los pagos programados de deuda externa al 30 de septiembre de 2024.
Bolivia ha demostrado una estrategia sólida para mantener la sostenibilidad de su deuda pública. La ratio de la deuda pública consolidada, como porcentaje del PIB, es del 45,1%, un nivel que, según el gobierno, está por debajo del límite crítico del 60% que establece la calificadora. Además, el país sigue explorando alternativas de financiamiento con organismos multilaterales y bilaterales, asegurando que su plan de industrialización con sustitución de importaciones y la promoción de biocombustibles fortalecerán su economía.
Sin embargo, el análisis de las calificadoras de riesgo no se basa únicamente en cifras económicas. La estabilidad política y la capacidad de gobernanza son aspectos esenciales en la evaluación de la solidez de un país. Bolivia ha enfrentado desafíos en estos ámbitos, lo que eleva la percepción de riesgo y contribuye a las revisiones negativas de su calificación. Las tensiones políticas internas y el contexto internacional desfavorable, que ha golpeado a las economías emergentes, no pueden ser ignorados por las agencias de calificación al emitir sus evaluaciones.
A pesar de estos factores, el gobierno boliviano ha mostrado resiliencia en su gestión económica. La estabilización de las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central de Bolivia (BCB) y el crecimiento económico del 1,31% en el primer trimestre de 2024 son señales de que la economía sigue avanzando, aunque con desafíos. Sin embargo, las políticas económicas y las decisiones que se tomen en el marco de una gobernanza eficiente y estable son claves para evitar que la extrema politización termine por afectar severamente la percepción internacional sobre el país.
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