"Hasta la fecha son 8,5 millones de dólares que el Estado ha perdido: 5 millones de los servidores que no funcionan, más los 3,5 millones de los pagos que se hicieron a la empresa (Sysde International INC para la adquisición de un software)", informó el viceministro de Transparencia, Guido Melgar.
El viceministro de Transparencia, Guido Melgar, informó este domingo que hasta el momento se registró una pérdida económica de $us 8,5 millones por proyectos que no prosperaron y que fueron impulsados por el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) para la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, según una publicación de la Agencia Boliviana de Información (ABI).
«Hasta la fecha son 8,5 millones de dólares que el Estado ha perdido: 5 millones de los servidores que no funcionan, más los 3,5 millones de los pagos que se hicieron a la empresa (Sysde International INC para la adquisición de un software)», informó Melgar, en declaraciones al programa «Primero la verdad», que transmite Bolivia TV.
Según investigaciones preliminares, entre el 2017 y 2019 se firmaron dos contratos para proveer de un software especializado a la Gestora Pública, para que administre los fondos de pensiones.
El primero fue suscrito con la empresa Sysde Internacional INC. en 2017 por $us 5,1 millones, de los cuales se canceló $us 3,5 millones, pero el objetivo no fue alcanzado, pues esa empresa nunca entregó el software comprometido.
Según informó Melgar, el pasado miércoles, la empresa, al concluir el software, remitió «innumerables notas» a las autoridades bolivianas de ese entonces informando que necesitaba que se provea el soporte mecánico para su respectiva instalación.
Pero «estos señores (las autoridades de entonces) hicieron caso omiso (…) y como no se pudo cumplir (ese primer contrato), se decidió contratar (en 2019) a otra empresa (Heinsohn Business Technology), pero ya no por los cinco millones, que se había contratado a la anterior, sino ya por (más de) 10 millones de dólares, momento en el cual se dio la transición (de gobierno) y entró como ministro de Economía, José Luis Parada, quien frenó ese nuevo proceso», detalló.
Además, Melgar explicó, este domingo, que el anterior gobierno compró dos servidores -plataforma informática o también denominado hardware- para la Gestora Pública por un costo de $us 5 millones, que al final resultaron incompatibles con el software que se quiso adquirir.
Entonces, «se han comprado dos servidores que no sirven, no son funcionales (…); ahora, habrá que ver la forma de cómo hacer funcionar esos servidores haciendo otro software», afirmó.
Por estos hechos irregulares, se denunció ante la Fiscalía a varias exautoridades, entre ellas, los exministros de Economía, Luis Arce y Mario Guillen, además de la exdirectora de la Autoridad de Pensiones y Seguros, Patricia Mirabal Fanola, y el exviceministro de Pensiones y Sistema Financiero, Oscar Ferrufino.
Los denunciados son acusados por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Asimismo, se solicitó a la Fiscalía congelar las cuentas de todos los involucrados y realizar la anotación preventiva de sus bienes.
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