Bolivia lidera el consumo de contenido audiovisual pirata y advierten con pérdidas millonarias   

Bolivia lidera el consumo de contenido audiovisual pirata y advierten con pérdidas millonarias  

Un reporte del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la) alerta que, en el país, del total de visitas realizadas a sitios en

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Un reporte del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la) alerta que, en el país, del total de visitas realizadas a sitios en línea de contenido audiovisual, un 65% corresponde a plataformas ilegales. Según informe de la Alianza contra la Piratería Audiovisual, las pérdidas para el sector formal boliviano se estiman en más de $us 56 millones anuales.

El consumo online de contenido audiovisual pirata está alcanzando niveles alarmantes en Bolivia, con graves perjuicios para el sector formal. Según un reporte del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la), el país tiene el porcentaje de visitas a sitios y plataformas de video ilegales más alto de la región con un 65%.

Es decir, solo un 35% navega con regularidad en sitios web y plataformas de video legales. Entre los contenidos piratas que se consumen están los eventos en vivo, los videos bajo demanda y los servicios no autorizados de TV en línea, como Magis TV. El reporte también alerta que en Bolivia los accesos a sitios ilegales de contenido audiovisual supera en un 88% a las legales, siendo la diferencia más alta de la región.

“La piratería en línea socava los derechos de propiedad intelectual y genera pérdidas financieras para la industria de contenidos y los gobiernos, al tiempo que plantea riesgos para los usuarios en términos de ciberseguridad y exposición a contenidos nocivos”, advierte el cet.la, cuyo reporte fue publicado recientemente e incluyó datos de 10 países latinoamericanos.

Perjuicio económico

De acuerdo con el reporte de cet.la, Bolivia cuenta con un mercado potencial de TV legal de paga de 855.688 usuarios. Si se toma en cuenta que la cantidad de suscriptores legales, al primer semestre de 2024, asciende a 549.779 (datos de la ATT), la brecha alcanza los 305.909 usuarios. En este sentido, el reporte del segundo trimestre de 2024 publicado por   Alianza contra la Piratería Audiovisual, señala que las pérdidas para el sector formal en Bolivia supera los $us 56 millones anuales. Adicionalmente los ingresos estimados para plataformas ilegales según los datos de cet.la se calculan en casi $us 60 millones en nuestro país, ingresos que no tributan.

“Existen efectos económicos indirectos por la competencia de la piratería como la pérdida de empleos generados por las industrias relacionadas y adyacentes. Asimismo, la presencia y expansión de vías ilegales para acceso a contenido audiovisual implica la pérdida de ventas potenciales por parte de plataformas, operadores y distribuidores tanto de contenido en línea como del sector de TV de paga” añade el reporte.

De igual manera, cet.la observa que la piratería audiovisual genera un impacto negativo sobre las finanzas públicas de los gobiernos que pierden recaudaciones por las ventas de contenido legal y los tributos de empresas legales del sector. Sobre este aspecto, el informe de la Alianza contra la Piratería Audiovisual, estima un monto aproximado de $us 15 millones por impuestos no recaudados.

Un llamado a la acción

El reporte es una llamada de atención para que la problemática pueda ser abordada de manera integral con el apoyo de autoridades y de la población en general, ya que este perjuicio repercute negativamente en las actividades formales de la industria de telecomunicaciones en el país y además expone a los usuarios a contenidos nocivos que pueden vulnerar su seguridad en línea y exponer datos sensibles. Las aplicaciones ofrecen acceso a canales de televisión internacionales y películas, atrayendo a usuarios que, sin saberlo, se podrían convertir en víctimas de robos o estafas. Este software malicioso tiene la capacidad de activar la cámara de los dispositivos, rastrear la geolocalización de los usuarios y transmitir datos personales a terceros, poniendo en severo riesgo la información financiera y personal de los afectados.

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